El PP da voz en el Senado a exafiliados de Cs que sugieren que el partido se financia irregularmente con dinero público

El PP dio este jueves un paso más en la estrategia que puso en marcha tras las elecciones catalanas para intentar desacreditar a Ciudadanos y frenar su ascenso electoral. Lo hizo en la atípica comisión de investigación sobre los partidos políticos que ha montado en el Senado sin apoyo de ningún otro grupo —de hecho son los senadores de Mariano Rajoy los únicos que acuden a las sesiones— con el único objetivo de contraprogramar las sesiones que celebra la comisión del Congreso que se ocupa específicamente de investigar la financiación del Partido Popular.

Los primeros en comparecer fueron Inmaculada Sánchez Ruiz, presidenta de la autodenominada Plataforma por las Garantías Ciudadanas que agrupa a exafiliados del partido de Albert Rivera expulsados de la organización o que han renegado de sus filas, y Alberto Ganga Ruipérez, abogado de esta organización.

Fue Ganga quien expuso las principales acusaciones de la plataforma contra Cs. Una lista en la que incluyó desde el cobro de cuotas de afiliado a personas que se había dado de  baja a las dificultades de los militantes para hacerse con certificados de su sus aportaciones para incluirlos en la declaración de la renta. También expulso algunos casos (En Fuenlabrada y en San Sebastián de los Reyes) en los que, aseguró, se modificaron las candidaturas electorales para dar entrada a personas a cambio de aportaciones económicas de entre 11.000 y 18.000 euros. También citó un ejemplo en Albacete donde se pagaron gastos de campaña electoral a particulares que luego debían ser reintegrados con fondos municipales.

Los comparecientes, a instancias del portavoz del PP, Luis Aznar, se detuvieron especialmente en la utilización de fondos de los grupos instticuionales (sobre todo municipales) para financiar actividades del partido. Una práctica que, reconocieron, no pueden acreditar más allá de meros indicios y de los hallazgos que en su día, subrayaron, hizo el Tribunal de Cuentas de Murcia, que obligó al partido de Rivera en esta comunidad a modificar este comportamiento. “En la Rioja se pagaba el sueldo del respopnsable de Ciudadanos en el País Vasco”, añadió el abogado de la plataforma de exafiliados.

Amortiguar a Podemos

Estos indicios, admitió Ganga, no han tenido recorrido judicial porque la Fiscalía no ha querido investigar. “En su día no interesó, se miró para otro lado”. “Era el año 2015, otra situación. El sistema necesitaba a Ciudadanos para amortiguar” el ascenso de Podemos. “El sistema los necesitó; había que acabar con UPyD porque atacó el sistema financiero con Bankia, y había que fomentar una marca blanca que pudiera sostener el sistema ante la emergencia de otras modas”, en referencia a la formación de Pablo Iglesias. La consencuencia es que Cs se encontró “con una patente de corso para hacer cualquier cosa: todo el mundo les reía”, enfatizó el compareciente.

El PP mostró especial interés en obtener detalles sobre el movimiento de fondos entre los grupos institucionales y el partido y en que los comparecientes señalasen a personas concretas como responsables una práctica que su portavoz calificó de “muy grave”. El abogado Alberto Ganga explicó que después de 2015 Ciudadanos obligó a firmar un documento a los responsables de los grupos municipales de localidades de más de 5o.000 habitantes que consistía en un contrato de prestación de servicios cuyo objeto era canalizar dinero de las asignaciones de los grupos al partido.

Había dos cuentas, explicó, las dos en una sucursal del Banco Popular, el partido que financió la campaña de Albert Rivera. Una “de ingresos”, con Villegas y Cuadrado como apoderados a las que iban a parar los fondos de los grupos, y una segunda “de gastos”, as través de la cual se pagaban las facturas de los grupos municipales previa autorización de los responsables nacionales de finanzas del partido.

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Ganga asegura que nadie sabe qué pasa con el dinero “sobrante” de este flujo de fondos, el que los grupos ingresan en la primera cuenta y que no se llega a gastar. Y sospecha que se destina al partido con la cobertura de un “acuerdo marco partido-grupo” en forma de “prestación de servicios”. Una manera de  “justificar el fin y el destino de ese dinero que no devolvieron a las cuentas públicas y que todo indica que pudo ir al partido”, explicó. Y que, según el abogado de los exafiliados, nunca se ha justificado mediante la acreditación de prestaciones concretas y que tampoco ha satisfecho las obligaciones justicales a las que estaría obligado.

El portavoz del PP no dudó en calificar esta práctica de “fraude de ley, contrato ficticio”, pero no logró, pese a haberlo intentado, arrancar al compareciente una acusación de malversación. Ganga se limitó a asegurar tener “constancia de qu se han financiado campañas de dinero privado que la intención era recuperarlo con fondo públicos”.

Ciudadanos se limitó este jueves a difundir un comunicado en el que defiende sus cuentas atribuye las acusaciones  a los intereses políticos del PP. “Muchos se han puesto nerviosos por su descalabro en las encuestas, su hundimiento en Cataluña y la asfixia que sufren por los escándalos de corrupción”. “Utilizan las recomendaciones del Tribunal de Cuentas para intentar poner a los demás a la altura de su corrupción, cuando hasta el presidente del órgano ha dicho ya en el Congreso que no hay asomo de ilegalidad”, subraya el comunidado. “El PP miente, en un intento desesperado de levantar cabeza, pero su credibilidad en la lucha contra la corrupción es nula”.