¿Es necesaria una selectividad común para garantizar la igualdad de oportunidades?

Alrededor de 300.000 jóvenes se están enfrentando esta semana a las pruebas de la antigua selectividad –Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU) o Evaluación de Acceso a la Universidad (EvAU), según la denominación que han elegido las diferentes comunidades tras los cambios que se introdujeron con la reforma educativa del PP–, unos exámenes que determinan el 40% de la nota que les permitirá matricularse en un grado universitario el curso que viene. El otro 60% proviene de su calificación media en los dos cursos de Bachillerato. El resultado de esa ponderación debe ser de al menos un cinco. 

Cualquier estudiante puede acceder a cualquier universidad de España, pero lo hará teniendo en cuenta la media de las calificaciones incluidas tanto en el Bachillerato como en los exámenes de acceso, que son diferentes en las 17 comunidades. En la mayoría de ellas, estas pruebas se realizan en comisiones mixtas por cada asignatura integradas por representantes de los campus, de los institutos y de la Administración autonómica en cuestión. Todos se basan en estándares fijados por el Ministerio de Educación, aunque no todos incluyen el mismo número.

Precisamente la importancia que tienen estos exámenes para determinar el acceso a la carrera y a la universidad deseada ha llevado a estudiantes de algunas comunidades autónomas a reclamar en los últimos meses un sistema "homogéneo" y que garantice "la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación". Bachilleres de Castilla y León, Asturias y La Rioja han llegado incluso a convocar manifestaciones y a poner en marcha recogidas de firmas. Se quejan de que en unas comunidades entra más temario que en otras y que eso propicia que el acceso a la universidad no se produzca en condiciones de igualdad. 

Ciudadanos recogió el guante de estas reivindicaciones presentando el pasado 10 de abril una proposición no de ley ante la Comisión de Educación del Congreso, si bien esta propuesta todavía no ha sido debatida. La formación naranja defiende que se inicie un proceso de negociación en el marco de la conferencia sectorial, en la que están presentes representantes de todas las comunidades autónomas, "para desarrollar un sistema homogéneo que garantice la igualdad tanto en los contenidos como en los criterios de evaluación y corrija los actuales desajustes territoriales tanto en los resultados como en el consecuente acceso a la universidad". 

Las quejas de los bachilleres se basan en estudios como el de la catedrática de Bioestadística de la Universidad de Valladolid Cristina Rueda [consultar, aquí], que analizó las notas obtenidas en las materias fundamentales en cada comunidad autónoma en la selectividad de 2015. Detectó, por ejemplo, que el porcentaje medio de sobresalientes en Navarra fue del 6,17% o en Castilla y León del 8,74%, unas cifras muy alejadas del 23,02% de Canarias, el 18,93% de Extremadura o el 16,95% de Murcia.

Estos y otros datos le sirvieron para concluir que la probabilidad de entrar en Medicina para los estudiantes que se presentaron a la selectividad en 2015 en estas tres comunidades fue el doble que para los que lo hicieron Castilla y León. La catedrática inició esta investigación tras constatar un incremento del porcentaje de estudiantes de otras comunidades y que además tenían bajo rendimiento académico en la Facultad de Medicina de la Universidad de Valladolid, en la que imparte clases de Bioestadística Sanitaria. 

A su juicio, esta "desigualdad" perjudica tanto a los estudiantes como a las facultades porque el hecho de tener alumnos con un nivel más bajo incide, por ejemplo, en los ránquines de resultados del examen MIR. También apunta a argumentos económicos pues comunidades como Castilla y León estarían asumiendo el coste de la formación de médicos que probablemente no se quedarán en la comunidad. "La probabilidad de que un estudiante acceda a una determinada facultad o grado en el territorio español debe ser la misma independientemente de la comunidad autónoma donde se haya realizado la prueba de acceso", concluye en su trabajo. 

Por otro lado, los estudiantes movilizados también esgrimen los datos del informe PISA, que cada tres años mide los conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años y que en su última edición, de 2015, volvió a mostrar grandes diferencias por comunidades autónomas. Los estudiantes de Castilla y León aparecieron como los más aventajados y los de Canarias, como los que menos. Las diferencias máximas entre comunidades se produjeron en matemáticas, donde los jóvenes navarros obtuvieron 66 puntos más que los canarios. En lectura, la diferencia es de 47 puntos entre Castilla y León y Extremadura; y en ciencias, de 46 puntos entre Castilla y León y Andalucía.

Sin consenso 

Pero entre las principales organizaciones de la comunidad educativa no existe consenso sobre si se deberían reformar estas pruebas. Los rectores abogan por mantener el modelo actual. "El pasado año se alcanzó un consenso con el Gobierno sobre la EvAU que costó mucho cerrar y que fue el mejor posible para el conjunto de la comunidad educativa. Por ese motivo, mantenemos nuestro apoyo institucional al acuerdo logrado", asegura a infoLibre un portavoz de la CRUE, la organización en la que se agrupan los responsables de los campus públicos y privados. 

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Sin embargo, algunos rectores han expresado opiniones divergentes. Es el caso de Antonio Largo, de la Universidad de Valladolid, que aseguró recientemente que la implantación de una prueba "única" sería una decisión "lógica". También el responsable de la Universidad de Extremadura, Segundo Píriz, ha pedido de las pruebas sean "homogéneas" y "equiparables" en todas las comunidades. En un acto el pasado mayo abogó por unos exámenes "equiparables" y por un proceso "transparente" para evitar "disensiones que no llevan a ningún puerto". 0.

Tampoco tienen una posición clara en la Comisión Estatal de Asociaciones de Estudiantes (CANAE), con incidencia en enseñanzas medias. Su presidente, Carles López, asegura que la organización tiene previsto debatir esta cuestión en los próximos meses. La posición de partida es que el modelo actual necesita cambios que podrían venir por un papel más activo de la inspección educativa para "apuntalar la igualdad de oportunidades", aunque no necesariamente por una prueba única. 

Por su parte, la Confederación de Padres y Madres de Alumnos (Ceapa), mayoritaria en la escuela pública, apuesta directamente por eliminar las pruebas. "No es positivo que haya alumnos que se queden sin estudiar lo que quieren por unas décimas en unos exámenes en los que se la juegan todo a una carta. El Bachillerato debería estar más centrado en la adquisición de competencias y no únicamente en cómo superar en las pruebas. Nosotros apostamos por una evaluación continua real", sentencia Leticia Cardenal, presidenta de este colectivo.