PP y Cs convierten la Mesa del Congreso en un instrumento más de la batalla política

Los poderes Legislativo y Ejecutivo entraron este lunes en colisión después de que la Mesa del Congreso de los Diputados rechazara una enmienda del Partido Socialista encaminada a anular el veto del Senado en la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Esto ha sido posible gracias a los votos del PP y Ciudadanos en el órgano de gobierno de la Cámara. PP

La decisión, denuncian desde el partido que sostiene al Gobierno, es "arbitraria y contraria a la legalidad". ¿Por qué? El acuerdo de la Mesa del Congreso viene a corregir un acuerdo de la semana pasada de la Mesa de la Comisión de Justicia, que sí admitió esta enmienda dentro de una ley de medidas contra la violencia de género. Explican desde el PSOE que la Mesa de la comisión es competente para admitir a trámite enmiendas de las iniciativas en proceso. Y que ha sido así durante los "40 años de parlamentarismo democrático en España".

De momento, esta decisión aleja al Gobierno de Pedro Sánchez de su objetivo de agilizar los trámites para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. Y, por extensión, de su intención de agotar la legislatura. Además, deja a Ana Pastor, presidenta del Congreso de los Diputados y dirigente del Partido Popular en una situación delicada.

Dirigentes socialistas deslizaron en los últimos días la posibilidad de reprobarla. Ella, por su parte, defendió que actúa "siempre con objetividad, conforme a la legalidad y la Constitución" y que no acepta presiones. Este lunes, 

La votación de la Mesa del Congreso, controlada por PP y Ciudadanos, llegó tras una larga reunión en la que, a diferencia del resto de grupos parlamentarios, los que suman mayoría consideraron que no era necesario pedir ningún informe jurídico a los letrados de la Cámara. En todo momento defendieron que hay jurisprudencia de sobra que deja claro que no puede introducirse una enmienda sobre una cuestión que nada tiene que ver con la legislación que se pretende enmendar. 

El mero hecho de que la Mesa del Congreso hubiese encargado un informe jurídico habría servido para que ambos bloques, tanto los defensores como los detractores, ganasen tiempo a la espera de un pronunciamiento de los expertos. No obstante, fuente de la dirección del Partido Popular consultadas por infoLibre destacan que era necesario dar ya el debate por zanjado.

Dos textos de contenido "indéntico"

Consciente de lo polémico de la decisión que acababa de tomar la Mesa, Ana Pastor compareció ante la prensa para explicar los argumentos que acompañan a esa negativa a admitir la enmienda.

Defendió la dirigente conservadora que se trata de un hecho "inédito" que el Congreso tramite dos textos con un contenido "idéntico". Se refería a la enmienda del PSOE y la proposición de ley, también del PSOE, Unidos Podemos, ERC, Compromís, que el Pleno acordó tramitar la semana pasada.

Pastor defendió que no frenar esa reforma "duplicada" podría dar lugar a una situación de "inseguridad jurídica" porque ambos textos podrían tener diferentes desenlaces.

Además, recordó que la jurisprudencia del TC deja claro que la Mesa del Congreso es competente para "garantizar la necesaria homogeneidad y congruencia" de las enmiendas con el texto al que se presentan.

Pese a que ahora en el PP recuerdan con insistencia la jurisprudencia, los conservadores también recurrieron a una "enmienda fraude" –así la han calificado– para aforar aforar a Juan Carlos I en 2014. 

Recurso de Podemos

Si se cumplen las advertencias de Unidos Podemos, este choque entre el Legislativo y el Ejecutivo acabará en manos del Judicial. La vicepresidenta cuarta del Congreso y diputada de Unidos Podemos, Gloria Elizo, avanzó este lunes que su grupo parlamentario va a estudiar plantear un recurso ante el TC al entender que "no existe procedimiento legal" para que el órgano de gobierno de la Cámara tome una decisión contraria a la adoptada por la Mesa de una comisión, en este caso, la de Justicia.

El PSOE, por su parte, considera que "los miembros de la Mesa del Congreso pertenecientes a PP y Ciudadanos y actúan al servicio de los intereses políticos de sus partidos y en clara vulneración de las normas vigentes". De momento, en el comunicado emitido tras la votación, los socialistas avanza que reclamarán "la reconsideración de esta decisión por parte de la Mesa del Congreso" porque están en juego unos Presupuestos que, además de promover la justicia social tienen como objetivo revertir "los recortes sociales impuestos por PP y Ciudadanos durante los últimos años". 

¿Qué dicen las sentencias?

La semana pasada, cuando el PSOE coló la polémica enmienda, en el PP desempolvaron sentencias que habían dado la razón a quienes en su día se quejaron ante el Constitucional de que se habían modificado leyes a través de textos que nada tenían que ver con el objeto de la iniciativa. Son las mismas sentencias que recuperó el PSOE en 2014 para criticar el aforamiento exprés de Juan Carlos I.

La sentencia 119/2011, que es la que sienta doctrina, ampara a un grupo de senadores socialistas que denunciaron la modificación del Código Penal a través de la Ley de Arbitraje, realizada por el Gobierno de José María Aznar en 2003. Entre otros argumentos, los senadores alegaban que se había violado su derecho a la participación en la función legislativa, al reformar el Código Penal a través de dos enmiendas de una ley que nada tenía que ver con dicha materia.

El TC dio la razón a los senadores socialistas, al señalar que "cuando sea evidente y manifiesto que no existe" conexión entre la materia de la enmienda y del proyecto legislativo que pretende modificar, puesto que en tal caso "se pervertiría la auténtica naturaleza del derecho de enmienda, ya que habría pasado a convertirse en una nueva iniciativa legislativa".

A juicio del tribunal, admitir a trámite esas enmiendas de una modificación del Código Penal que nada tenían que ver con el contenido de la ley de arbitraje hizo que los senadores recurrentes vieran "restringidas sus posibilidades de deliberación sobre un nuevo texto".

En este caso, el TC tardó ocho años en dar la razón a los senadores que interpusieron el recurso. En el PP están convencidos de que en este episodio la Mesa no ha tomado ninguna decisión que no sea acorde a derecho.

Los siguientes pasos

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Así las cosas, lo que el PSOE tiene en sus manos es que continúe la tramitación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria. En este caso también podría encontrarse con otro obstáculo de la Mesa del Congreso: la oposición a que se tramite por la vía de urgencia. 

Por la vía ordinaria, la iniciativa podría estar aprobada en unos seis meses. Otras fuentes menos optimistas creen no estaría lista antes de las elecciones municipales y autonómicas de mayo.

La iniciativa, registrada por PSOE, Unidos Podemos, ERC y Compromís, pretende acabar con la posibilidad que tiene el Senado para vetar la senda de déficit.