Los abusos de la banca
Podemos se querella contra el juez que ordenó revisar la sentencia de las hipotecas y pide que se investiguen sus llamadas
La temperatura de la controversia sobre la actuación del presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo, tras la sentencia que obliga a los bancos a asumir los impuestos de las hipotecas acaba de subir de grados. Podemos ha interpuesto este martes una querella por prevaricación contra Díez-Picazo ante el alto tribunal, único órgano que puede investigar a los jueces.
El partido de Pablo Iglesias pide que se investiguen las llamadas telefónicas efectuadas y recibidas por el magistrado entre la fecha de la sentencia –16 de octubre– y el día –19 de octubre– en que ordenó la suspensión de los señalamientos sobre recursos de similar naturaleza y la convocatoria del pleno de la sala para confirmar o rectificar el criterio aplicado en esa resolución judicial. La querella reclama al Supremo que suspenda la celebración de ese pleno, fijado para el día 5 de noviembre.
Según la querella, los pasos dados por Díez-Picazo han respondido "única y exclusivamente" a 'la enorme repercusión económica' de la sentencia para las entidades financieras" y "no a que 'se estime necesario para la administración de justicia', como exige el artículo 197 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ)". La denuncia, dice el texto, persigue que se investiguen "los motivos reales y espurios que han podido llevar al magistrado a, tras dictarse una sentencia que beneficiaba a los prestatarios, adoptar la resolución de 19 de octubre de 2018 suspendiendo señalamientos y convocando el Pleno, una resolución que beneficia únicamente a las entidades financieras y no al conjunto de la sociedad".
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La formación morada entiende que "la relación profesional del querellado con la Asociación Española de Banca plantearía la cuestión de la presunta existencia de un conflicto de intereses y ha podido conducir al magistrado querellado a dictar la resolución de dejar sin efecto los señalamientos pendientes y avocar al pleno para conocer de ellos". Como publicó infoLibre este lunes, Díez-Picazo permaneció contratado seis cursos -de 2011 a 2017– como profesor por Cunef, un centro universitario propiedad de la Asociación Española de Banca (AEB).
La denuncia pivota sobre la doble decisión del magistrado de convocar el pleno de la sala después de que la sentencia hubiese sido dictada y de paralizar los señalamientos de los recursos pendientes sobre esa misma materia. Todo ello implica, según Podemos, un "abusivo e inaudito" de las potestades legales. Y ese "uso indebido de sus facultades legales se traduce jurídicamente en la comisión de un delito de prevaricación", razona el texto.
