Los mecanismos de coordinación PSOE-Unidas Podemos fracasan en la crisis por la ley de libertad sexual

El conflicto entre el Ministerio de Igualdad, que dirige Irene Montero (Unidas Podemos), y dos departamentos del Gobierno bajo responsabilidad socialista, la Vicepresidencia Primera de Carmen Calvo y el Ministerio de Justicia de Juan Carlos Campo, ha encendido la primera señal de alarma dentro del Ejecutivo de coalición que preside Pedro Sánchez. Los mecanismos de coordinación, los formales y los informales, no han funcionado, y las filtraciones a la prensa, desde los tres departamentos implicados, han aireado una pelea en torno al borrador de la futura ley de Libertad Sexual que, al final, ha acabado por dejar en un segundo plano uno de los proyectos estrella de la coalición a pocos días de la movilización feminista del 8 de marzo.

El propio Sánchez está “muy enfadado” por lo ocurrido, según fuentes consultadas por infoLibre que no concretan si el presidente culpa a Igualdad, a la Vicepresidencia o a ambos departamentos. Y la consigna ahora es recuperar el mensaje de que el anteproyecto lo es de todo el Gobierno, como la ministra Portavoz, María Jesús Montero, intentó difundir el martes tras el Consejo de Ministros. No tuvo mucho éxito, especialmente después de que el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, defendiese el trabajo del Ministerio de Igualdad afirmando que “en las excusas técnicas”, que Justicia y la Vicepresidencia Primera alegaron para proponer modificaciones, “hay mucho machista frustrado”.

El propio Iglesias precisó este miércoles que con estas palabras no se refería a Juan Carlos Campo, el titular de Justicia. Lo que abona la tesis de que el líder de Unidas Podemos estaba criticando en realidad a Carmen Calvo, desde cuyo departamento se ha cuestionado la cualificación del equipo de Igualdad que elaboró el primer borrador de la ley. Un equipo compuesto exclusivamente por mujeres, algo que la formación morada ha interpretado como una descalificación machista.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, siguió este guion. Según ella, el anteproyecto de su departamento ha sido objeto de un “especial cuestionamiento” igual que “todas las leyes feministas”, desde “la del divorcio, la del aborto o la ley del PSOE de 2004” de Violencia de Género. No obstante, añadió, con el paso del tiempo hasta sus “más furibundos adversarios han terminado reconociendo que han sido buenas para el país”.

Pablo Echenique echó más leña al fuego e insistió en las acusaciones de machismo dirigidas a sus socios de Gobierno. “Parece que hace falta que venga un machote y diga: ‘Venga, te arreglo la ley”, declaró en una entrevista en Antena 3.

Aunque dio por zanjado el problema porque “se ha resuelto en el Consejo de Ministros”, el portavoz morado no tuvo inconveniente en acusar a la parte socialista del Gobierno de haber puesto en marcha una “campaña” contra la nueva norma hablando “de supuestas deficiencias de una ley” por el mero hecho de “ser feminista”. “Es una ley que, viendo los prestigiosos nombres de catedráticas expertas en violencias machistas que han participado de su redacción y considerando que el PSOE votó un texto muy similar, no hay duda de su rigor técnico", añadió.

Ya por la tarde, Iglesias cambió de discurso. “Tenemos un Gobierno feminista del primero al último de sus miembros”, declaró repitiendo la misma afirmación que había hecho a primera hora de la mañana la portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra, en respuesta a sus acusaciones de machismo en el Gobierno.

Y, obviando el hecho de que las informaciones que revelaron la existencia de discrepancias salieron tanto del departamento de Igualdad como de la Vicepresidencia Primera y el Ministerio de Justicia, defendió que el Gobierno resuelva “a puerta cerrada” las “divisiones que pueda haber” en el seno del Ejecutivo. “Somos un Gobierno unido”, insistió.

Las fuentes consultadas por infoLibre apuntan a que en este episodio se han mezclado varios ingredientes que han acabado por sacar a la luz las discrepancias. De acuerdo con esta versión, la Vicepresidencia Primera habría intentado afear el trabajo de Igualdad —cuyas competencias estaban antes en manos de su titular, Carmen Calvo— revelando la existencia de supuestas deficiencias técnicas en un borrador cuyo texto todavía no se conoce porque tiene que pasar todavía por varios órganos consultivos —el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo de Estado y el Consejo Fiscal— antes de volver al Consejo de Ministros para convertirse en proyecto de ley.

A pocos días del 8 de marzo, al Gobierno se ha trasladado además el intenso debate que vive el feminismo, en el que la vicepresidencia Calvo y la ministra Montero se alinean en posiciones opuestas.

Los que atribuyen a Calvo una especial responsabilidad en lo ocurrido con el anteproyecto de Libertad Sexual recuerdan que ella también protagonizó otros dos fracasos negociadores del PSOE en el último año: el diálogo con la Generalitat de Cataluña en febrero de 2019 y el intento fallido de investidura del pasado verano.

Rebajar la tensión

Sea como fuere, del lado socialista se esforzaron durante todo el día en rebajar la tensión y mostrar su respaldo a la futura ley. Además de Lastra, la ministra de Educación, Isabel Celaá, subrayó que “en el gabinete, en absoluto, hay nadie que sea machista, los proyectos de ley hay que mejorarlos y el debate consigue que haya mejores resultados”. Y se mostró convencida de que “el proyecto será mucho mejor con todos los comentarios e incorporaciones que haya podido tener”. Ahora, remarcó, “es el proyecto del Gobierno”.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, evitó también la confrontación. Y enmarcó las críticas de Unidas Podemos en el hecho de que Justicia, como Hacienda, es un departamento que resulta “antipático” cuando se pone “tiquismiquis” a la hora de mejorar leyes para que sean “lo más perfectas posibles”.

Campo negó que desde su departamento se haya bloqueado esta ley. “Lo que ha habido son los procesos ordinarios de mejora”, aunque es verdad que esta vez “ha tenido una proyección pública que quizás no ha sido deseada por nadie”. “Lo importante”, concluyó, es que el anteproyecto aprobado el martes por el Consejo de Ministros es una ley de un Gobierno feminista al que él personalmente se siente “tremendamente orgulloso” de pertenecer.

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Las filtraciones sobre el desencuentro y las acusaciones públicas de machismo han puesto en evidencia que los mecanismos de coordinación no están funcionando. Nadie ha invocado la convocatoria de la comisión de coordinación entre los dos partidos, que se supone debería servir para ventilar discretamente las discrepancias y buscar salidas. Tampoco han sido útiles las reuniones semanales de coordinación en la Moncloa ni el contacto fluido que siguen teniendo Sánchez e Iglesias y que, por el momento, está siendo la herramienta más eficaz para engrasar las relaciones entre PSOE y Unidas Podemos.

A la tensión en torno al anteproyecto de ley de libertad sexual se ha sumado las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos en relación con el proyecto de ley de reforma educativa que el Gobierno ha enviado al Congreso. El Consejo de Ministros lo aprobó tal y como fue concebido por la ministra Isabel Celaá hace un año y sin adaptar previamente su contenido al pacto de coalición suscrito por los socialistas con la formación morada.

La guinda la ha puesto la decisión de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, de utilizar a la Abogacía del Estado para intentar anular la sentencia que obliga a indemnizar a la familia del cámara de Telecinco José Couso, asesinado por un tanque estadounidense en Irak en la guerra de 2003. Laya pretende evitar que el fallo judicial consagre un derecho de protección consular que considera inasumible para España porque puede afectar a sus relaciones con otros Estados, pero su decisión ha recibido inmediata respuesta por parte de Unidas Podemos, que la considera inaceptable.