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Violencia machista

Consentimiento, juzgados especializados y garantía de no repetición: la ley de libertad sexual da sus primeros pasos

  • El anteproyecto de ley que llega este martes al Consejo de Ministros gira en torno a la "voluntad expresa" de la víctima como elemento clave para determinar la existencia de consentimiento
  • Una vez aprobada, la norma se concederá un año para estudiar la creación de nuevos juzgados especializados en violencia sexual o ampliar los juzgados de violencia sobre la mujer para su adaptación
  • "Estamos ante un anteproyecto absolutamente histórico en toda España y pionero en el mundo", señalan desde el Ministerio de Igualdad

Publicada el 03/03/2020 a las 11:29 Actualizada el 03/03/2020 a las 13:19
Varios miles de persona se concentraron la semana pasada en Madrid frente al Ministerio de Justicia para mostrar su indignación por la decisión de la Audiencia de Navarra de conceder la libertad condicional bajo fianza a los cinco miembros de La Manada.

Concentración frente al Ministerio de Justicia contra los cinco miembros de La Manada.

EFE

Irene Montero la había señalado como prioridad absoluta al poco de entrar en el Ministerio de Igualdad. Ahora, la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual está un paso más cerca de ser una realidad. Este martes, el anteproyecto de ley aterriza en el Consejo de Ministros, atravesando de esta manera el primer trámite en el camino hacia su validación. La norma, que aspira a blindar la consigna de sólo sí es sí dándole un marco jurídico específico, gira en torno al consentimiento y zanja el debate abierto tras la sentencia contra La Manada. Entre otras cuestiones, el equipo de Irene Montero ha trabajado por eliminar el abuso sexual del Código Penal y con él los conceptos de violencia e intimidación como elementos determinantes de una agresión.

"Estamos ante un anteproyecto absolutamente histórico en toda España y pionero en el mundo", celebran fuentes del Ministerio de Igualdad. El departamento pone en valor el cumplimiento del Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, pero también del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, firmado en septiembre de 2017. Se trata de una "ley feminista" porque "escucha a las mujeres que salieron a las calles pero también porque da un giro en la concepción de libertad sexual de las mujeres como bien jurídico a proteger", dicen las mismas fuentes. "Ya no se trata de que las mujeres opongan resistencia, sino que digan que sí", reiteran. Y la forma de expresar ese consentimiento, detalla el anteproyecto, es a través de una definición clara: "Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto".

Las penas por agresión sexual serán de cuatro a diez años. Con un agravante, se elevarán de siete a diez años y con dos agravantes escalarán hasta quince. Se incluyen además algunas nuevas agravantes, como el hecho de que "la víctima haya sido esposa o mujer" del agresor, la existencia de violencia "precedida o acompañada de una extrema gravedad o que cause grave daño" y que "el propio autor anule la voluntad de la víctima suministrándole fármacos o sustancias" para tal fin.

La norma afectará a todas las mujeres adultas, mayores de 16 años. Las agresiones sexuales a niñas quedarán legisladas en la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia, confeccionada por el equipo del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias. El Ministerio de Igualdad recalca el ámbito global que prevé contemplar su ley. "Todas las mujeres adultas", insisten. Quedan, como ya ocurre con la violencia de género dentro de la pareja, especialmente protegidas las mujeres migrantes en situación irregular, que a la hora de interponer una denuncia no tendrán que enfrentarse en ningún caso a un expediente de expulsión. El anteproyecto de ley también trata de ampliar el foco en cuanto a violencia se refiere. No sólo se trata de agresiones sexuales, sino también de mutilación genital femenina, matrimonio forzado o trata con fines de explotación sexual. E igualmente quedará recogido el acoso callejero, el acoso sexual en el ámbito laboral o docente y el acoso reiterado o "stalking".

En el ámbito estrictamente judicial, la ley integral prevé la puesta en marcha de juzgados especializados. Se concederá un año para estudiar la conveniencia de crear nuevos órganos o bien adaptar los juzgados de violencia sobre la mujer, que actualmente tratan casos de violencia en el ámbito de la pareja o expareja en exclusiva.

Siguiendo la estela del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, la nueva ley también prevé medidas socioasistenciales para las víctimas incluso en los suspuestos en los que no exista denuncia pero sí otras formas de acreditar violencia sexual. También producto de los pactos consensuados en los últimos años, la norma persigue paliar las "lagunas clamorosas" en materia estadística, insistirá en la "prevención en clave general" con medidas dirigidas a toda la población y en la "obligación central del Estado en investigación y prevención". En el ámbito de la detección, se detendrá especialmente en la esfera educativa y sanitaria. También tratará de "eliminar los obstáculos" en la protección y justicia, especialmente a través de formación para todos los actores que estén en el itinerario y mediante la dotación de recursos de largo alcance. Finalmente, la ley blindará el derecho a reparación de las víctimas, garantizando su "indemnización, recuperación y garantía de no repetición". 

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1 Comentarios
  • Pacoescolano Pacoescolano 03/03/20 19:15

    Adelante gobierno. Hemos retrocedido mucho en derechos sociales y-o laborables (para mí es lo mismo) con los gobiernos de la derecha PP y la pseudoizquierda Psoe. Queda mucho trabajo por hacer, pero desde aquí todo mi apoyo

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