Crisis del coronavirus
Madrid y Cataluña usaron el fondo de emergencia del Gobierno para priorizar los EPI en vez del personal de las residencias
El Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Govern de la Generalitat de Cataluña, los territorios más afectados por la pandemia de la covid-19 en España, dieron prioridad a la adquisición de equipos de protección individual (EPI) en vez de al refuerzo de su personal de servicios sociales y de las plantillas de las residencias de mayores con la inyección de millones que les concedió la Vicepresidencia Segunda de Derechos Sociales a mediados de marzo.
El fondo social extraordinario por un total de 300 millones de euros habilitado por el Gobierno cuando Pablo Iglesias asumió la coordinación de los servicios sociales por delegación del ministro de Sanidad, en aplicación del estado de alarma, se transfirió a las comunidades autónomas a partir de ese momento y hasta el 8 de mayo.
Por término medio, las comunidades autónomas dedicaron la mayoría del dinero (el 33,54%) a ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a las familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción.
No fue el caso del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, que prefirió gastar el 38,7% del dinero que le correspondió —38,7 millones de euros— en la compra de medios de prevención. Fueron nada menos que 15 millones de euros en equipos de protección individual, más conocidos como EPI, que supuestamente la Comunidad de Madrid entregó a su personal de servicios sociales, entre ellos los empleados de las residencias de mayores, según los datos remitidos por las comunidades autónomas al Gobierno y a los que ha tenido acceso infoLibre.
El Gobierno madrileño prefirió dar prioridad a esos trajes y no al refuerzo de sus plantillas para atender los servicios sociales de la comunidad. A este concepto —reforzar las plantillas de centros de servicios sociales y residencias de mayores para hacer sustituciones por motivos de prevención, por contagio, por prestación de nuevos servicios o simplemente por sobrecarga de trabajo de las plantillas ordinarias—, dedicó menos de la mitad que a equipos de protección: apenas 6,6 millones de euros (el 17% del total).
Más allá de eso, el ejecutivo de Ayuso consumió el grueso del dinero que le transfirió la Vicepresidencia Segunda en ampliar la dotación de las partidas destinadas a garantizar ingresos suficientes a familias para asegurar la cobertura de sus necesidades básicas, de urgencia o de inserción, a la que destinó más incluso que a reforzar las plantillas (6,7 millones, el 19,3% del total de fondo de emergencia). Y empleó otros 5,3 millones a reforzar los dispositivos de atención a personas sin hogar con personal y medios para asegurar que tanto ellas como quienes les atendieron estuvieran debidamente protegidas y haciendo posible la ampliación tanto de su tiempo de estancia en dependencias de servicios sociales.
Madrid fue, según los datos facilitados por el Gobierno de Ayuso al Gobierno, la comunidad que menos expedientes de intervención de residencias de mayores ordenó durante la pandemia (2%) a pesar de tener la cifra más elevada de residentes fallecidos. Fue el 18,1% del total, el doble que Cataluña, la segunda comunidad más afectada, que sin embargo sí intervino el 19,1% de sus centros de mayores.
El Govern catalán, presidido por Quim Torra, también prefirió dar prioridad a la adquisición de equipos de protección individual en vez de a reforzar las plantillas de sus servicios sociales y de las residencias, aunque en una proporción menor. Al primer objetivo dedicó 12 millones de euros y al segundo 6,6.
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Las prioridades de gasto del dinero transferido por la Vicepresidencia Segunda por parte de las demás comunidades contrasta con las de Madrid y Cataluña. Andalucía, por ejemplo, se centró en reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario para garantiza los cuidados especialmente dirigidos a las personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia con el objetivo de compensar el cierre de comedores y centros de día (a esta tarea dedicó 29 millones de euros, el 56% del fondo extraordinario que recibió del Gobierno de Sánchez).
El reparto de dinero entre comunidades se fijó en una conferencia sectorial presidida por el departamento de Derechos Sociales del Ejecutivo de Sánchez con participación de todas las comunidades a partir de criterios de tamaño de la población, dispersión geográfica y tasa de pobreza, entre otros factores, pero cada Gobierno autonómico empleó los fondos según sus prioridades. Madrid, con 38,7 millones, Cataluña (45,5), Andalucía (51,7) y la Comunitat Valenciana (29,9) consumieron más de la mitad de los 300 millones de este fondo extraordinario creado para ayudar a las comunidades, muchas de ellas desbordadas por la intensidad de la pandemia.
La radiografía del gasto de la Comunidad de Madrid muestra, en comparación con otras Comunidades Autónomas, que dio prioridad al gasto en equipos de protección individual frente al refuerzo de las plantillas. El Gobierno de Díaz Ayuso dedicó una proporción sensiblemente menor que la media del dinero que recibió a reforzar los servicios de proximidad de carácter domiciliario. Fueron 2,3 millones, apenas un 5,9% del total (proporcionalmente cuatro veces menos que el conjunto de las comunidades).
