El juez empieza a levantar el secreto en 'Kitchen', la pieza más política del 'caso Villarejo' por el espionaje a Bárcenas

La investigación judicial sobre la Operación Kitchen, la pieza más política del caso Villarejo al centrarse en el espionaje y seguimiento al que fue sometido Luis Bárcenas en 2013, acaba de dar un salto de consecuencias todavía imprevisibles. En un auto fechado el pasado día 19, el juez Manuel García Castellón acuerda levantar parcialmente el secreto de las actuaciones en lo que concierne  a varios puntos muy relevantes. El magistrado permitirá que las partes accedan a los acuerdos de desclasificación aprobados por el Consejo de Ministros sobre esta materia. Y ese paso abre la puerta a que  Francisco Martínez, secretario de Estado de Seguridad en la etapa de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior, se avenga a declarar.

Entre los puntos sobre los que el auto levanta el secreto, el primero es la respuesta que en noviembre dio la Secretaría de Estado de Seguridad al requerimiento que su juzgado, el 6 de la Audiencia Nacional, le había hecho para que remitiese "toda la documentación" relativa  a Kitchen. Y entre la documentación reclamada se incluía "la relativa a los fondos reservados que se hubieran autorizado" para esa operación policial. Lo que de la instrucción judicial ha trascendido hasta la fecha indica que altos cargos de Interior ordenaron la vigilancia del extesorero del PP con medios policiales y parapoliciales para evitar que conservase en su poder papeles incriminatorios para el partido en cuanto a financiación ilegal, es decir, a lo que se conoce como los papeles de Bárcenas y cuya difusión en enero de 2013 dio un giro al caso Gürtel.

El auto levanta también el secreto sobre el acuerdo adoptado por el Consejo de Ministros del 7 de diciembre de 2018 "sobre desclasificación de determinada información" interesada por el juez también relacionada "con la pieza separada número 7". Es decir, con Kitchen. 

El segundo acuerdo "de desclasificación" sobre el que García Castellón levanta el secreto es el aprobado el 10 de mayo de 2019 también por el Consejo de Ministros. 

El magistrado dicta este auto después de que el 24 de enero se acogiera a su derecho a no declarar Francisco Martínez Vázquez, secretario de Estado de Seguridad bajo el mandato de Jorge Fernández Díaz como ministro del Interior. Martínez argumentó que al estar secreta la causa ignoraba los hechos que se le atribuyen para citarlo en calidad de investigado o imputado. Fue, y sigue siendo, el primer político imputado en la causa.

El antiguo número dos de Interior pidió comparecer de nuevo ante el juez para declarar. Y para ello solicitó "una serie de diligencias, entre ellas el levantamiento parcial del secreto" en lo que se refiere a los acuerdos del Consejo de Ministros ya mencionados. Su petición, y así lo expone el auto, incluía cualquier otro acuerdo del Gabinete que se hubiera dictado "respecto a la desclasificación como materia calificada con la categoría de 'secreto' en relación a los hechos objeto de la presente causa".

El juez sostiene, "a la vista de los argumentos esgrimidos" por la defensa de Martínez, que su pretensión "resulta adecuada y proporcionada al estado de la investigación y no entorpece ni dificulta el secreto acordado". Y acuerda dar traslado a la Abogacía del Estado para que se pronuncie sobre las pretensiones que el ex secretario de Estado solicita. Se entiende que el magistrado se refiere a las diligencias que el ex secretrio de Estado ha solicitado.

 Días después de su comparecencia ante García Castellón y los fiscales Anticorrupción Ignacio Stampa y Miguel Serrano, el antiguo director operativo de la Policía (DAO) Eugenio Pino provocó un auténtico terremoto al señalar al expresidente Mariano Rajoy como hipotético protector del comisario José Manuel Villarejo. Cuando Pino habló de esa pretendida orden de Rajoy para que no tratase "mal" al comisario, orden de la que no fue testigo directo en ningún caso, el juez le hizo una pregunta: si la intervención del expresidente que había mencionado guardaba relación con "el tema de Bárcenas". Pino vino a decir que no sabe nada de eso. El juez indagó también en si el exministro Fernández Díaz corroboraría lo que acababa de decir sobre el mensaje cuyo origen atribuía a Rajoy. Y Pino contestó –señalan algunas fuentes– que lo que él sabe es que eso es lo que transmitió el entonces titular de Interior.

Días antes, Pino había admitido la existencia de un operativo policial para investigar al extesorero del PP. Pero recalcó que todo fue legal y que el objetivo era localizar los posibles fondos que este pudiera tener ocultos en el extranjero. Entre las preguntas para las que ningún alto cargo policial o político ha dado aún respuesta se cuenta la siguiente: por qué nadie le comunicó nada al juez  Pablo Ruz, que en 2013 ya investigaba la caja B del PP tras la difusión de los papeles de Bárcenas si la meta del espionaje era averiguar donde había ocultado el dinero.

El espionaje al hombre que durante dos décadas manejó las finanzas del PP incluyó el fichaje de un chófer para que diese cuenta puntual de sus movimientos y sus comunicaciones y, supuestamente, el envío del falso sacerdote que amenazó pistola en mano a su esposa, su hijo y su asistenta. El chófer cobró de fondos reservados. El falso cura está en prisión. 

Anticorrupción pide otros 38 años para Villarejo

El exministro Fernández Díaz, más cerca de declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas

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Para Villarejo, que a tenor de las pesquisas ya realizadas participó de forma activa en Kitchen, la situación se complica por días. Este martes, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado 38 años y 10 meses de cárcel y una multa de 252.000 euros para el comisario. Lo ha hecho en su escrito de conclusiones provisionales de la pieza Land del caso Tándem, en la que juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha investigado el encargo de labores de espionaje por la disputa por la herencia del fundador de esa urbanización de lujo.

El juez García Castellón acordó a mediados de mayo el pase a procedimiento abreviado –equivalente al procesamiento– de la pieza número 3 de la macrocausa (Land) al considerar que había indicios para juzgar a Villarejo, a su esposa, a su socio Rafael Redondo, al excomisario Enrique García Castaño, a los administradores de la ya extinta inmobiliaria Procisa Susana García-Cereceda y Francisco Lorenzo Peñalver y a su jefe de seguridad David Fernández Aumente, por un delito continuado de cohecho, múltiples delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y un delito continuado de falsedad en documento mercantil.

Se trata de la segunda petición de cárcel que Anticorrupción hace pública respecto de Villarejo, para quien la semana pasada solicitó una condena notablemente mayor, de 57 años de cárcel y una multa de más de 700.000 euros por diversos delitos investigados en la pieza número 2 del caso Tándem, denominada Iron, por el encargo de un despacho de abogados de espiar a un bufete de la competencia.