El exministro Fernández Díaz, más cerca de declarar como imputado por el espionaje a Bárcenas

El levantamiento parcial del secreto dentro del caso Villarejo en lo que afecta al espionaje a Luis Bárcenas ha colocado a Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior del PP hasta 2016, más cerca de declarar como imputado ante el juez Manuel García Castellón en esa pieza, la conocida como Operación Kitchen.

Así lo han asegurado a infoLibre fuentes conocedoras del caso, quienes explican que, aunque parcial y exiguo, el levantamiento facilita que el antiguo secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, pueda prestar declaración como investigado sin por ello arriesgarse a cometer un delito de revelación de secretos. Es decir, sin desvelar datos que permanecían clasificados hasta que el Gobierno utilizó acuerdos del Consejo de Ministro como llaves para su apertura.

Si, salvo viraje drástico, Martínez mantiene su petición de declarar siempre y cuando le dejen constancia de que no le ata la Ley de Secretos, su comparecencia será el primer golpe de una carambola que previsiblemente llevará al juez a citar también a quien fue su superior jerárquico en Interior. 

El horizonte del exministro del Interior ya se había oscurecido en enero. El martes 28 de ese mes, quien fue jefe operativo de la Policía (DAO), Eugenio Pino, provocó un auténtico terremoto al asegurar ante el juez que fue Fernández Díaz quien le transmitió un mensaje directo de Mariano Rajoy cuando en 2015 quiso apartar al comisario José Manuel Villarejo: "Lo estás tratando mal". O sea, que Pino debía pasar a tratar bien al policía, que finalmente no fue descabalgado. Las palabras de Pino resonaron de tal forma en la Audiencia Nacional que el juez García Castellón pronunció una frase inequívoca: "Ha dejado usted un panorama devastador".

Los documentos desclasificados que, en principio, facilitan que Francisco Martínez hable por fin sobre el espionaje al extesorero del PP son acuerdos del Consejo de Ministros cuyo contenido se resume en dos partes. La primera puede exponerse así: se alza la categoría de secreto sobre "los objetivos, preparación, aprobación, ejecución, supervisión y control operativo, identidades de las personas participantes y sus últimos responsables (con expresión de sus tareas y responsabilidades)" relacionados con el operativo policial denominado Kitchen. También se desclasifica la  "documentación generada u obtenida (tal como oficios, informes, notas de servicio, gastos y otra, en cualquier soporte)" en cuanto a ese mismo dispositivo.

La segunda parte de los acuerdos del Gobierno sobre los que el juez levantó el secreto en junio se refiere a quiénes pueden declarar respecto a lo que durante años permaneció blindado por la Ley de Secretos. Literalmente, el Consejo de Ministros aprobó " relevar del deber de secreto que, conforme al artículo 417.2° de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, eventualmente podría afectar a los funcionarios policiales que

hubieran intervenido en dicho operativo, a fin de que puedan declarar como testigos o, en su caso, voluntariamente en la condición de investigados sobre cualquiera de los hechos o circunstancias relativos al mencionado operativo policial, denominado Kitchen".

Es ahí donde surge una duda en relación a Francisco Martínez, quien en enero se acogió a su derecho a no declarar. Y surge una duda porque lo que ostentaba era el cargo de secretario de Estado de Seguridad, no la condición de "funcionario policial". El auto por el que el magistrado levantó el secreto parcial de la pieza Kitchen el 19 de junio destaca que la pretensión del ex secretario de Estado de declarar "resulta adecuada y proporcionada al estado de la investigación y no entorpece ni dificulta el secreto acordado". Pero en ese mismo auto el juez se curó en salud. Y como paso previo y obligado a la toma de cualquier decisión dio traslado a la Abogacía de Estado para que se pronuncie. Solo cuando sepa qué sostienen los servicios jurídicos de la Administración "se acordará lo procedente". Es decir, la citación con fecha y hora para que Martínez cuente aquello que se proponga desvelar y le desplace, previsiblemente, a un segundo plano desde el lugar protagonista que ocupa ahora. El exsecretario de Estado es, de momento, el único político investigado en el caso Villarejo. caso Villarejo

De lo investigado hasta la fecha, todo apunta a que la Operación Kitchen consistió en someter a seguimiento y espionaje a Luis Bárcenas para supuestamente evitar que conservase documentos contables incriminatorios para el PP.

En enero, días antes de lanzar su misil contra Fernández Díaz y, de paso, contra Rajoy, el antiguo DAO Eugenio Pino había admitido la existencia de un operativo policial para investigar a Bárcenas. Pero recalcó que todo fue legal y que el objetivo era localizar los posibles fondos que este pudiera tener ocultos en el extranjero. Entre las preguntas para las que ningún alto cargo de aquella época ha dado aún respuesta se cuenta la siguiente: por qué, si la meta del espionaje al extesorero era averiguar donde había escondido el dinero y a través de qué testaferros, nadie le comunicó nada al juez  Pablo Ruz. En 2013, Ruz ya investigaba dentro del caso Gürtel la caja B del PP tras la difusión de los papeles de Bárcenas.

El espionaje al hombre que durante dos décadas había manejado las finanzas del PP incluyó el fichaje de un chófer para que diese cuenta puntual de sus movimientos y sus comunicaciones. Incluyó, también y supuestamente, el envío del falso sacerdote que amenazó pistola en mano a su esposa, su hijo y su asistenta. El chófer cobró de fondos reservados. El falso cura está en prisión. 

Uno de los documentos de la pieza Kitchen sobre los que García Castellón ha levantado el secreto es un oficio del director del Gabinete de Coordinación y Estudios del Ministerio del Interior. El texto admite pocas dudas: "Revisada la documentación obrante en este Centro Gestor de fondos reservados (...) no consta ninguna correspondiente o que haga referencia a una operación policial denominada Kitchen, Cocinero, Cocina o K". En otras palabras, Interior borró las huellas de aquel dispositivo de vigilancia y espionaje a Luis Bárcenas.