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Los MIR madrileños denuncian otra zancadilla a su huelga indefinida: la Consejería de Sanidad impone servicios mínimos del 100%

Sanitarios del Hospital Severo Ochoa de Leganés durante el acto de instalación de una pancarta de agradecimiento al pueblo de Leganés

Los médicos internos residentes (MIR) madrileños siguen denunciando piedras en el camino de la huelga indefinida que comenzarán el próximo lunes 13 de julio. Tras los fallidos intentos de negociación entre el comité de huelga y la Consejería de Sanidad, y las amenazas que denunciaron sufrir tras la convocatoria, la Comunidad de Madrid les ha exigido ahora servicios mínimos del 100%. Algo que ya ha sido denunciado tanto por el comité de huelga MIR como por la Asociación de Médicos y Titulados Superiores de Madrid (Amyts), que recuerda que "los residentes no son personal estructural, sino personal en formación y, por lo tanto, no pueden ser objeto de servicios mínimos". 

Diego Boianelli, presidente del comité de huelga, afirma que los hospitales "deberían funcionar" sin el apoyo de los residentes. Sin embargo, la experiencia real dicta que esto no es así. De hecho, los MIR han sido un pilar fundamental en el trabajo sanitario contra la pandemia de coronavirus. El "maltrato" laboral al que se han visto sometidos durante la crisis ha sido el motivo principal de la convocatoria de huelga. El comité denuncia que los residentes asumen competencias —como dar altas o atender a los pacientes sin supervisión— que no les corresponden porque están "estructuralmente aceptadas". Con o sin situación sanitaria de emergencia.

Ahora, vuelve a caer sobre ellos una tarea que "no deberían" desempeñar: los servicios mínimos. Amyts ha hecho público este miércoles un comunicado que responde a las propuestas de la Consejería, en el que recalca que "los residentes no son personal estructural, sino personal en formación". Por ello, amenazan con que emprenderán "las acciones judiciales necesarias" contra esta decisión "impuesta unilateralmente".

La Comunidad exige servicios mínimos al "100% de los residentes que tengan programada jornada complementaria (guardias)",, incluidos los profesionales de medicina familiar y comunitaria con guardias en centros hospitalarios. Además, piden que haya al menos un residente en servicios mínimos en los centros en los que coincidan tres MIR, independientemente del año de residencia. En aquellos hospitales en los que haya más de cuatro residentes, proponen que haya dos en servicios mínimos.

Jurisprudencia contradictoria

Mientras que Boianelli dice que tienen "a su favor varias sentencias del Tribunal Supremo", la Consejería de Sanidad se apoya en otros fallos judiciales para reclamar los servicios mínimos. Según recoge el acta de la reunión celebrada este miércoles entre la Consejería, el comité de huelga y Amyts, la Comunidad propone estos servicios en base a la relación laboral entre los residentes y el centro hospitalario. Para ello, cita el informe de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid de julio de 2019 y el Real Decreto 1146/2006, que regula las condiciones laborales de los MIR, y que "considera al personal en formación como personal laboral temporal de servicio en salud".

También toma como precedente la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra que, en diciembre de 2019, falló a favor de los servicios mínimos aplicados a los MIR. Esta sentencia considera que excluirlos de los mínimos provocaría "múltiples problemas organizativos".

Por otro lado, el juzgado de lo social nº 26 de Madrid declaró la "nulidad radical" de la propuesta de servicios mínimos para residentes durante la huelga de 2018 en la Comunidad y multó a la Consejería de Sanidad madrileña con 600 euros. Amyts ya ha iniciado acciones legales y Boianelli afirma que "de momento lo resolverán los tribunales".

Amenazas y coacción en el camino hacia la huelga

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La exigencia de servicios mínimos ha sido el último escollo al que han tenido que enfrentarse los residentes madrileños en el camino hacia la huelga del 13 de julio. Anteriormente, ya habían denunciado amenazas, coacciones y chantajes contra aquellos que decidieran secundar el paro generalizado. El caso más destacado es el del Hospital Clínico San Carlos, que quiso anular las vacaciones de los residentes, aunque más tarde rectificó.

No obstante, los MIR han recibido amenazas de todo tipo: desde supervisores que les aseguraban que les bajarían la nota "por cada día de huelga", hasta insinuaciones sobre que su "mala imagen" les dificultaría encontrar trabajo al terminar la residencia. Todo ello contribuye a demostrar, dice Boianelli, su intención de "aplastar la huelga como sea" y una "nula voluntad de negociar" o escuchar a los residentes.

La huelga llega tras varios meses de buscar un acuerdo con la Consejería de Sanidad para la redacción de un convenio que regule las condiciones laborales de los MIR. Desde Amyts, llevan "tres años" redactando un borrador del convenio, que enviaron a la Consejería el pasado 22 de mayo. Al no recibir respuesta, convocaron la huelga. "En vez de escuchar y negociar, quieren aplastar a un colectivo que creemos que lo ha dado todo durante la pandemia y más", sentencia Boianelli.

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