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El Gobierno lanza una estrategia de "infraestructura verde" para obligar a las autonomías a avanzar con el cuidado y restauración de ecosistemas

  • El Ejecutivo pretende crear para 2050 una red interconectada de espacios naturales recuperados en todo el país
  • España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea pero muchas de estas zonas han sufrido un deterioro en los últimos años, fruto de un sistema económico "insostenible"

Publicada el 27/10/2020 a las 06:00 Actualizada el 27/10/2020 a las 12:58
Pez muerto en la orilla del Mar Menor.

Pez muerto en la orilla del Mar Menor.

Europa Press

No se tiene muy claro el origen del dicho popular que establece que antes, una ardilla podía cruzar España de Cádiz a Girona de árbol en árbol. Quien enarbola la frase suele argumentar que España ha sufrido una pérdida de masa forestal que ahora lo hace imposible: en realidad los bosques de la Península Ibérica siguen estando bien nutridos. Pero eso no es sinónimo del buen estado de nuestros ecosistemas y de la biodiversidad que encuentra refugio y sustento en ellos. Recuperando aquel espíritu de la ardilla, el Gobierno presentará este martes tras el Consejo de Ministros su Estrategia Nacional de Infraestructura Verde, con el objetivo de que nuestros bosques, nuestros ríos o nuestros humedales se regeneren del golpe de la mano del hombre y sus actividades, con una fecha como objetivo: 2050. La ambición del Gobierno, además, pasa por conectar estos espacios naturales entre sí, consolidando "una red de zonas terrestres y marinas" en las que el pequeño roedor pueda disfrutar. "Será clave para crear soluciones basadas en la naturaleza frente a los impactos del cambio climático y para recuperar la biodiversidad en España, donde solo el 9% de hábitat y el 21% de las especies se encuentran en buen estado de conservación", argumenta el Ministerio para la Transición Energética. 

El Gobierno no ha especificado qué forma jurídica se adoptará para cumplir uno de los principales objetivos de la estrategia: obligar a las comunidades autónomas a preservar y restaurar sus ecosistemas dañados. Pero dejan claro que esa es la intención: "Será de obligado cumplimiento para todas las administraciones públicas", no solo las regiones, especifican fuentes del ministerio. Aunque buscarán el consenso con todas antes de pasar a la imposición. ¿Pero qué va a pasar con las zonas ampliamente degradadas, donde el Ejecutivo no comparte el modus operandi del Gobierno autonómico y el conflicto es patente, como en el Mar Menor, con acusaciones cruzadas de inacción? En estos espacios, no se descarta una "intervención", apuntan estas mismas fuentes, en línea con cumplir con lo dispuesto en el plan: siempre cumpliendo las competencias de cada institución. Los Gobiernos tendrán tres años desde la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para identificar cuáles son estas zonas degradadas, así como las causas, y presentar un plan para devolverlas a un estado óptimo de conservación.

La necesidad, pese a lo que pueda parecer, es acuciante. España es uno de los países con mayor diversidad biológica de la Unión Europea, la "Costa Rica" del continente, tal y como la definió hace unas semanas el presidente, Pedro Sánchez. "Sin embargo, se está produciendo una pérdida de biodiversidad a un ritmo sin precedentes", asegura el resumen ejecutivo del plan que se presentará este martes y al que ha tenido acceso infoLibre. "En los últimos 50 años, nuestro país ha sufrido un proceso acelerado y sin precedentes de alteraciones como consecuencia de la insostenibilidad del modelo de desarrollo económico predominante y el estilo de vida asociado al mismo". Solo el 9% de los tipos de hábitat y el 21% de las especies animales y vegetales se encuentran libres de peligro. Los ecosistemas costeros, los acuáticos epicontinentales, los bosques, los roquedales y pedregales y, "sobre todo", las turberas son las más amenazadas. No solamente la inmensa mayoría de la flora y la fauna sufre algún tipo de presión, sino que en el país, "el 31% de las especies de vertebrados y el 17% de las especies de flora vascular analizadas se encuentran en alguna de las categorías de amenaza" que establecen los organismos de conservación internacionales, establece el informe del Gobierno. 

La actividad humana que más daña los ecosistemas españoles es, con diferencia, el cambio en los usos del suelo: la modificación en la utilización de la tierra por parte de los seres humanos, con objetivos urbanísticos o agrícolas, los más comunes. Todos los tipos de ecosistemas sufren un cambio "muy alto" por esta acción. Otros "impulsores previos", según el análisis previo del Gobierno, son el cambio climático, la contaminación (que afecta de manera muy significativa a los acuíferos y a los espacios naturales urbanos), las especies invasoras o la sobreexplotación, que impacta de manera muy significativa a todo lo que tenga que ver con el agua, ese recurso preciado: ríos, lagos, humedales o costas, entre otras.

Tal y como explicó en su último y demoledor informe el principal organismo internacional de análisis y protección de la biodiversidad, la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (Ipbes, siglas en inglés), el buen estado de los ecosistemas y la vida que albergan no solo es importante por una obligación moral del hombre con respecto al planeta, o para garantizar el disfrute del senderista y el dominguero: buena parte de las actividades económicas de nuestras sociedades dependen directamente de ellos, para obtener recursos que permiten no solamente la productividad capitalista, también seguir vivos. Y en este sentido, en España, estos "servicios" que nos dan los espacios naturales se han degradado en un 45% "o se están usando insosteniblemente", reza el resumen ejecutivo de Transición Ecológica. 

¿Y qué se va a hacer?

Tal y como es costumbre en los "planes" y "estrategias" de cualquier Ejecutivo, hay un alto grado de indefinición. "Estas metas estratégicas se ejecutarán a través de 50 líneas de actuación que, a su vez, se llevarán a cabo mediante acciones concretas". ¿Qué acciones concretas? Desde Transición Ecológica insisten en que, como son otras administraciones (locales, autonómicas) las que tienen que elaborar sus "programas de trabajo" en coordinación con el Gobierno, aún no se sabe a ciencia cierta que se hará. Hay, sin embargo, actuaciones ya en marcha, como la reconstrucción del anillo verde de Santander para conectar la urbe y la naturaleza, que se integrará en la estrategia gubernamental. Otros grandes ecosistemas simbólicos y heridos de muerte serán también objeto del plan: Doñana, el delta del Ebro, el humedal de las Tablas de Daimiel o el Mar Menor, con la consecuente batalla política y el conflicto con los sectores que sacan rendimiento económico a estos espacios. 

Sin embargo, en el resumen ejecutivo presentado por Transición Ecológica se entrevén por dónde irán los tiros. Identifican dos tipos de "restauración ecológica": la activa, que interviene directamente sobre el ecosistema "con el fin de reemplazarlo, rehabilitarlo o restaurarlo": o una pasiva, que "se centra en eliminar o minimizar las perturbaciones causantes de la degradación". El informe explica que estas restauraciones, en España, han tenido a lo largo de la historia poco o nulo éxito. En cuanto a la repoblación de árboles, una de las acciones más comunes en nuestro país, se ha hecho mucho pero no demasiado bien, aseguran los autores: sin tener en cuenta las características de la zona donde se producía la introducción de nueva masa forestal. 

En cuanto a los humedales, los números hablan por sí solos: "a pesar de la cantidad de proyectos de restauración ejecutados, la superficie restaurada es aun extraordinariamente pequeña (probablemente algo más de 6.000 ha), comparada con el total de humedales desaparecidos, estimado en un 58% (aproximadamente 700.000 ha) para toda España. Las actividades de conservación de los ríos, defienden, han sido incompletas; las de las minas, directamente un fracaso; y la restauración de ecosistemas marinos apenas ha arrancado en España. Hay mucho que hacer. 

La intención del Gobierno no es solo devolver a los ecosistemas a un pasado mucho mejor que el presente, sino conectarlos entre ellos para crear una "red" verde, donde los espacios naturales no estén separados por cultivos, urbanizaciones, tendidos eléctricos, presas, ciudades u otros usos del suelo. ¿Para qué? La "fragmentación de ecosistemas", como la define el Ejecutivo, es una amenaza para la biodiversidad en un contexto de cambio climático: las especies necesitarán migrar por los impactos del fenómeno, ya que considerarán inhabitable su antiguo hogar. Adaptarse al calentamiento global es también quitar barreras para evitar que estos animales paguen el efecto de nuestro modo de vida con la suya propia. Además, esta red prevendrá "el aislamiento genético de las especies", también de flora, frenando la extinción de la que el país y el planeta es testigo. 

El futuro ideal, para Transición Ecológica, es este: "En 2050 se ha consolidado en España una Infraestructura Verde del territorio a escala nacional que garantiza: la reducción de la fragmentación de hábitats y ecosistemas, la mejora de la conectividad ecológica del territorio, la provisión de servicios de los ecosistemas clave para el bienestar humano (de regulación, abastecimiento y culturales), la mitigación de los efectos del cambio climático, tanto en el ámbito del medio rural como en el urbano, y la mejora de la resiliencia climática y la capacidad de adaptación de las sociedades frente al cambio climático y los riesgos que conlleva". Esa es la meta. Pero como siempre, de la estrategia a la realidad aún queda un camino surcado de baches. 
 

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4 Comentarios
  • Jero Jero 28/10/20 12:19

    Es una de las mejores noticias que he leído, ojalá este Gobierno ponga el máximo interes en llevarlo acabo. Nos jugamos tanto para nosotros y las generaciones venideras.Este plan puede crear mucha riqueza en todos los sentidos. Todas las organizaciones tendran que presionar, al igual que la ciudadanía, no puede haber escusas.

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  • Publicio Publicio 28/10/20 08:40

    Una de las mayores amenazas para la biodiversidad reside hoy en las fundaciones y asociaciones, que han proliferado al amparo del crecimiento de los fondos y subvenciones europeos y locales. Con una supuesta ausencia de ánimo de lucro, abordan actuaciones de “restauración de los ecosistemas” sin evidencias científicas previas para actuar y cometiendo todo tipo de tropelías (talado de arbolado autóctono; uso intensivo de glifosato para eliminación de alóctonas, excavación de pistas forestales, daños al dominio público marítimo terrestre e hidráulico, daños al patrimonio histórico, ..., entre otros). La Unión Europea apoya económicamente estos desmanes. También las administraciones españolas. Todos se inhiben de las precisos seguimientos e inspecciones de las actuaciones supuestamente restauradoras. Los daños llegan a ser devastadores. La mayoría de las organizaciones ecologistas, con residuales efectivos personales, parecen plegarse a los intereses de sus benefactores (sobre todo las administraciones) y dan por buenas acciones que carecen de rigor científico.
    En Cantabria tenemos ejemplos sangrantes. La reconstrucción del anillo verde de Santander en la Ría de Solía ha supuesto la devastación de 12 hectáreas de un paraje agreste que se empezó a arbolar desde finales de los 40 del siglo pasado. La excusa ha sido la existencia de arbolado alóctono invasor entre el autóctono en progresión. Los daños a la flora y la fauna se pueden documentar; así como al patrimonio arqueológico (restos de infraestructuras mineras de finales del XIX y más que probables daños a la arqueología romana); también se han producido afecciones al dominio público marítimo terrestre y al hidráulico...
    En definitiva se ha  otorgado vía libre para actuar sin estudios previos suficientes. Aún cuando la bibliografía y otros ejemplos cercanos aconsejaban actuar de otra manera. Eso sí, la extracción de madera está en consonancia con la extensa superficie de actuación: de paso, se aprovechan otras especies arbóreas que no tienen la consideración de invasoras, que contaban con más de 50 años de existencia.
    Las autoridades que lo financian han recibido un amplio informe. ¿Lo tendrán en cuenta?

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  • Pointer56 Pointer56 27/10/20 10:31

    Enhorabuena por este artículo, Sr. Martínez. Es un tema que preocupa seriamente a una buena parte de la sociedad y resulta esperanzador conocer este plan del nuevo Gobierno de España.
    Sin embargo, esos baches que menciona son más que baches por desgracia. Le animo a seguir en los próximos meses, por ejemplo, los trabajos en relación al nuevo ciclo de Planificación Hidrológica, en el que se sentarán las bases de la gestión, usos y calidad de nuestras aguas continentales y sus ecosistemas, en manos principalmente de las Confederaciones Hidrográficas (dependientes del Gobierno) y las CCAA. Por lo visto hasta ahora en los preliminares, no parece que vayamos a ir en la buena dirección. Muchos directivos y técnicos de dichas Confederaciones están aún con una mentalidad arcaica y nada proclive a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas acuáticos, sino más bien de preservar los intereses económicos de unos pocos a base de aplicar las mismas medidas de siempre. Si a eso añadimos las presiones brutales del lobby de regantes y de empresas hidroelécticas, verdaderos enemigos de dicha conservación y del impacto negativo en el territorio, pues mal vamos. Por desgracia mucho más que baches, Sr. Martínez. Ojalá prevalezca ese "futuro ideal" que usted menciona en su último párrafo.

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  • senenoa senenoa 27/10/20 10:28

    Deseo que este gobierno lo haga, cuanto antes y con contundencia. Pero espero poco del recorrido de esta iniciativa en ciertas comunidades, deficitarias de agua y con cultivos de regadío disparados. Y eso por no hablar del sector forestal centrado en especies perniciosas pero económicamente rentables. O en el urbanismo salvaje de las costas... Veremos.

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