reforma de las leyes de contratación pública y de subvenciones

La 'ley CEOE': la patronal propone un recorte temporal de las leyes de contratos y ayudas para exprimir los fondos europeos

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi.
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El Gobierno tiene sobre la mesa un decreto-ley con el sello de la CEOE. ¿Qué persigue? Una normativa urgente, extraordinaria, que suponga una especie de recorte parcial y temporal de determinados puntos de las leyes de contratación pública y de subvenciones, para liberar la gestión de los fondos europeos de algunas de sus exigencias. Lo que la patronal llama “trabas”, que en este caso afectan a requisitos como la garantía provisional, la acreditación de la existencia de crédito presupuestario o la fiscalización previa.

La CEOE ha remitido al Ejecutivo una propuesta de decreto-ley agilización de la distribución de los fondos europeos” con cinco capítulos, según la información facilitada a infoLibre por la patronal: 1) Disposiciones generales. 2) Especialidades en materia de contratación pública. 3) Especialidades en materia de subvenciones. 4) Especialidades en materia de evaluación ambiental de los proyectos. 5) Especialidades en materia de régimen jurídico del sector público, que aborda la colaboración público-privada y entre Administraciones a través de convenios de colaboración y de consorcios.

Esta propuesta se vertebra en torno a “una norma de urgencia ad hoc que temporalmente excepcione, sin modificarlas,ad hoc la aplicación de determinadas disposiciones de la legislación de contratación pública y de subvenciones, al tratarse de la distribución de los fondos Next Generation EU”, explica la CEOE.

Ello se haría atendiendo a la habilitación recogida en el artículo 86 de la Constitución para “dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos-leyes” en caso de extraordinaria y urgente necesidad”. Estos decretos-leyes serán sometidos a votación en el Congreso en un plazo máximo de 30 días, según la previsión constitucional.

Las modificaciones propuestas por la CEOE afectarían a las leyes de Contratos del Sector Público y de Subvenciones. El objetivo de la CEOE es “aunar en un solo instrumento normativo las reglas específicas que excluyen a las reglas generales”. Es decir, habría que aclarar qué aspectos de las leyes no son aplicables a la distribución de los fondos europeos. En todo lo demás, estos proyectos se regirían por estas dos normas. Sólo serían temporalmente suspendidos algunos aspectos de la legislación. Esa es la idea.

¿En qué actuaciones concretas se traduciría esta propuesta? La CEOE explica que los sujetos al ámbito de aplicación del nuevo decreto-ley serían tramitados “en los plazos establecidos para los expedientes calificados de urgentes”. La patronal propone además la exclusión de la exigencia de garantía provisional y la generalización de las declaraciones responsables.

La tramitación de contratos o ayudas no debería ver impedido su avance por trámites como la fiscalización previa o la acreditación de la existencia de crédito presupuestario, según la propuesta. El marco reclamado por la CEOE también incluye “hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental” con la “agilidad en la tramitación de los procedimientos”.

El contenido de la propuesta de la CEOE, desarrollado por un grupo de trabajo constituido en el seno de su Comisión Legal que preside Valentín Pich, hace lógico que en su punto de mira estén las leyes de Subvenciones y de Contratos del Sector público.

La primera establece como requisito para dar una subvención “la existencia de crédito adecuado y suficiente para atender las obligaciones de contenido económico que se derivan de la concesión, así como la “fiscalización previa de los actos administrativos de contenido económico”. En cuanto a la segunda, prevé la “exigencia de garantía provisional”, es decir, una cantidad económica previa, cuando se estime necesaria por “motivos de interés público”. Esta ley también prevé la “tramitación urgente” de expedientes que requieran “necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público”. Ese es el marco en el que entraría la tramitación de proyectos con fondos europeos. La Ley de Contratos del Sector Público también prevé la incorporación a los expedientes de un “certificado de existencia de crédito” y de una “fiscalización previa de la intervención”.

La patronal pone también encima de la mesa del Gobierno la propuesta de “agilización” de la llamada “colaboración público-privada”, medios adicionales para las unidades públicas encargadas de la ejecución y gestión de los fondos europeos y “flexibilización” de la colaboración entre diferentes niveles de la Administración pública.

Ha sido el propio Gobierno el que ha dado alas a la propuesta de la CEOE. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció en octubre un decreto-ley para eliminar “barreras” y “cuellos de botella legales” en la gestión de los fondos europeos. La patronal tomó como base estas declaraciones para su propuesta, dado el menoscabo que podría suponer un “cuello de botella” cuando España debe ejecutar 140.000 millones de euros en seis años, canalizados fundamentalmente a través de contratación pública y subvenciones, expone la CEOE. “Estos 'cuellos de botella' pueden tener un efecto muy pernicioso, al demorar los compromisos de gasto y, de este modo, impedir que puedan ser atendidos con el importe asignado al Reino de España del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y los demás programas incluidos en Next Generation EU", añade.

“Trabas” en la dianaTrabas” en la diana

El Gobierno lleva meses trabajando en la estructura institucional que repartirá los fondos europeos, en medio de un clima de fuerte expectación empresarial. Con la economía deprimida, el dinero de la UE es un clavo ardiendo. Este lunes Sánchez se reunió en la Moncloa con los presidentes de la CEOE y Cepyme, Antonio Garamendi y Gerardo Cuerva, y los líderes de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, en un acto presentado con la constitución de la Mesa del Diálogo Social para la Recuperación, Transformación y Resiliencia. En dicha mesa el presidente informó de que ultima su decreto-ley, si bien Presidencia no ofrece detalles sobre el mismo, más allá de que servirá para reducir trámites, controles e informes innecesarios y acortar plazos administrativos.

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La colocación en la diana de los trámites administrativos, entendidos como “trabas”, no es exclusiva de la CEOE. Es un discurso que ha calado hondo en las autonomías. Al menos ocho, entre ellas Andalucía, Cataluña y Madrid, han impulsado normas que rebajan rebajan requisitos ambientales o suprimen licencias o agilizan permisos para animar construcción y turismo. El dictamen de la comisión covid en Andalucía, aprobado con el apoyo de PP, Cs y Vox, recoge como medida la “armonización de la fiscalidad medioambiental, en el entendimiento de que esta fiscalidad no debe suponer obstáculos a la reactivación”.

Al doctor en Ecología Fernando Prieto, director del Observatorio de la Sostenibilidad, le preocupa que se ponga la normativa medioambiental en el punto de mira. La CEOE defiende “hacer compatibles las imprescindibles medidas de control ambiental” con la “agilidad en la tramitación de los procedimientos”. Esta alusión a las reglas medioambientales, a juicio de Prieto, apunta sin hacerlo explícito a la idea de conflicto entre recuperación y protección medioambiental. “La mentalidad debe ser justamente la contraria. Un desarrollo sostenible y un plan de green recovery [recuperación verde] debe aparejar necesariamente todas las garantías y autorizaciones ambientales. Si no, vamos a volver a lo de siempre”, advierte Prieto, que afirma que el énfasis debería estar situado en una mejora de los procedimientos de evaluación de políticas públicas, especialmente ex ante, en el marco de la reforma de la Administración que prepara el Gobierno.

Carles Ramió, catedrático de Ciencia Política y de la Administración, coincide con la patronal en que tanto la Ley de Contratos del Sector Público como la Ley de Subvenciones restan “agilidad” al funcionamiento de las instituciones. Ambas normas, señala Ramió, responde a un afán legislativo que, sobre el papel, pretendía poner coto a la corrupción mediante la introducción de mayores garantías, pero cuyo resultado real es insatisfactorio. “Estas leyes no terminan con la corrupción de alta intensidad española, que no es una corrupción administrativa, y sí generan mala burocracia. Ahora bien, a la hora de afrontar un cambio de burocracia, hay que tener en cuenta que la burocracia es como el colesterol. Lo hay bueno y malo. En España falta buena burocracia”, señala Ramió, que advierte: “Cambiar la legislación a la brava puede destruir el juguete”.

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