X

La buena información es más valiosa que nunca | Suscríbete a infoLibre por sólo 1 los primeros 15 días

Buscador de la Hemeroteca
Regístrate
INICIAR SESIÓN
¿Olvidaste tu contraseña?
infolibre Periodismo libre e independiente
Secciones
El juicio del 'procés'

El Supremo revoca el tercer grado de los condenados por el 'procés' y abona su 'no' al indulto

  • La Sala destaca que es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario
  • El tribunal censura que se su sentencia se vea "permanentemente reinterpretada" e insiste en que los exdirigentes catalanes no están condenados por sus ideas políticas

Publicada el 04/12/2020 a las 09:55 Actualizada el 04/12/2020 a las 12:51
Banquillo de los acusados en el juicio del 'procés' que se celebra en el Supremo.

Banquillo de los acusados en el juicio del 'procés'.

EFE

El Tribunal Supremo ha acordado este viernes revocar el tercer grado penitenciario concedido por la Consellería de Justicia de la Generalitat catalana a los nueve dirigentes condenados a penas de prisión, al considerar que se trata de una medida prematura. Para la Sala, es preciso que transcurra un periodo de tiempo mayor para evaluar adecuadamente la evolución del interno y el tratamiento penitenciario, máxime cuando se trata de condenas elevadas (de nueve a trece años de cárcel) de las que ninguno ha cumplido la mitad, y la mayoría ni siquiera una cuarta parte. De este modo, deberán continuar cumpliendo su pena en segundo grado penitenciario, el de la mayoría de presos en España.

Inevitablemente, esta decisión del tribunal que juzgó y condenó a los líderes independentistas, presidido por el magistrado Manuel Marchena, anticipa la decisión que tomará en su informe sobre las peticiones de indulto que se han presentado para los nueve presos y que el Ministerio de Justicia remitió al Supremo a principios de este otoño.

Siguiendo el criterio de la Fiscalía, la Sala también revoca la aplicación a los nueve exdirigentes catalanes del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario, que suponía también un régimen de semilibertad. El alto tribunal reiterando los argumentos que ya dio el pasado julio con respecto a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y lo que considera falta de conexión de un programa de tratamiento de ese tipo con un proceso de reinserción de los delitos cometidos.

En los nueve autos, de contenido similar, los magistrados explican que la concesión del tercer grado a un interno que no haya cumplido la cuarta parte de la condena –que es el caso de todos ellos salvo Jordi Cuixart, Jordi Sánchez y Joaquim Forn, que tampoco han cumplido la mitad– es excepcional y exige “una justificación reforzada, lógicamente, con respecto a aquella exigible en los supuestos en los que se propone para el tercer grado a un interno que ya ha cumplido la cuarta parte de la condena”.

Se persiguen delitos, no ideologías

Los magistrados dejan claro que “ninguno de los acusados en este procedimiento ha sido condenado por perseguir la independencia de Cataluña” y que “las ideas de reforma, incluso ruptura, del sistema constitucional no son, desde luego, delictivas”, pues “su legitimidad es incuestionable, está fuera de cualquier duda”. “El pacto de convivencia proclamado por el poder constituyente no persigue al discrepante. Ampara y protege su ideología, aunque ésta atente a los pilares del sistema”, aclara.

Visiblemente molesto, el tribunal indica que “en la tarea de acomodar el cumplimiento de las penas impuestas a los fines constitucionales que inspiran la ejecución de las penas privativas de libertad, la sentencia no tiene que ser permanentemente reinterpretada" y que "en los hechos declarados probados y en su fundamentación jurídica se encuentran las claves para explicar la gravedad de los hechos sentenciados y su efecto demoledor para la convivencia democrática", por lo que considera que una lectura detenida "descarta cualquier quiebra del principio de proporcionalidad”.

La Sala también reitera el distanciamiento de algunas de las decisiones adoptadas por la administración penitenciaria catalana respecto de lo que debería ser el adecuado cumplimiento de sus funciones. “El principio de flexibilidad, de tanta importancia para hacer realidad el fin constitucional de resocialización del penado, no convierte a las Juntas de Tratamiento en una última instancia llamada a corregir los desacuerdos de los funcionarios que las integran con el desenlace de un determinado proceso. Tampoco permite el traslado injustificado de un penado a otro centro penitenciario si esa decisión está estratégicamente dirigida a rectificar la competencia del Juez de Vigilancia Penitenciaria, fijada en atención al ámbito territorial en el que se asiente la prisión”, señalan los jueces.

Para el alto tribunal, “la Administración penitenciaria no puede distanciarse de los principios y garantías que informan la ejecución de las penas de prisión impuestas por los tribunales” y “su acatamiento de la legalidad no debe hacerse depender de su grado de identificación o desacuerdo con la argumentación jurídica sobre la que se fundamenta la condena”. De lo contrario, advierte, “se subvierte el papel que la ley reserva a los órganos administrativos que, de esta forma, se convierten en una extravagante tercera instancia que se arroga la tarea de hacer más justa la decisión emanada de los jueces y tribunales constitucionalmente llamados al ejercicio de la función jurisdiccional”. “Los órganos de la administración penitenciaria no pueden vaciar la respuesta penal proclamada por un tribunal de justicia, sometiendo su sentencia a una relectura que disfraza un tratamiento penitenciario privilegiado y, precisamente por ello, improcedente. La reiteración de esta idea, que la Sala ya ha expuesto en anteriores resoluciones, no debería resultar ya necesaria”, insiste.

No se pretende que renieguen de sus convicciones políticas

En otro pasaje de los autos, el tribunal presidido por Marchena señala que “no se pretende que el interno reniegue de sus convicciones políticas, sencillamente porque éstas son ajenas a su condena”. A su juicio, “sostener que el cumplimiento de las penas impuestas en la sentencia que está siendo objeto de ejecución exige como presupuesto que el interno reniegue de sus convicciones políticas supone aferrarse a una línea argumental equivocada que nada tiene que ver con el significado del cumplimiento de una pena privativa de libertad en una sociedad democrática”.

La libertad ideológica de cualquier interno ha de permanecer intacta y no puede ser erosionada durante el tiempo de cumplimiento. Nuestro sistema penitenciario no autoriza intromisiones en el espacio ideológico de los reclusos. El señor Jordi Sànchez –señala el auto referido a este acusado– no puede ver agravado su estatuto jurídico por su identificación con un proyecto independentista de ruptura. Esta idea, expresiva de una de las notas definitorias de nuestro sistema constitucional, debería ser el eje sobre el que se apoyaran las resoluciones dictadas por la administración penitenciaria y las emanadas del órgano jurisdiccional llamado a fiscalizar aquéllas”, explica.

Así, explica que el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) “no ha sido condenado por suscribir una determinada concepción política”, sino que su autoría se vincula a “la ruptura de las reglas que delimitan el funcionamiento normal de cualquier Estado de Derecho y la promoción de incidentes violentos llamados a demostrar que la competencia de los juzgados y tribunales ordinarios tenía que detenerse a las puertas de una consejería autonómica”. Estas, dice, son las razones que “están en la base de la condena ahora en ejecución” y que “despojar de capacidad ejecutiva a las resoluciones judiciales, recurriendo para ello a la incontrolada movilización ciudadana, implica la comisión de un delito de sedición, con independencia de la ideología que suscriba el autor de esa conducta”.

En otro auto, el relativo al exvicepresidente Oriol Junqueras, los magistrados remarcan esta idea, quizá de forma aún más contundente. Así, reiteran que “nadie cumple condena en un centro penitenciario por sus ideas políticas” y que “buena prueba de ello es que el gobierno autonómico de Cataluña, en la actualidad, está presidido por un dirigente del mismo partido político y, por tanto, de la misma ideología”, que el líder de ERC. “La sentencia no condena a disidentes políticos, no condena a líderes independentistas. Considera autores de un delito de sedición y, en el presente caso, de un tipo agravado de malversación, a quienes dinamitaron las bases de la convivencia promoviendo un alzamiento tumultuario con el objeto de demostrar que las resoluciones del Tribunal Constitucional y de los jueces radicados en Cataluña ya no eran ejecutables”, afirman.

"Venganza del Estado"

Tras conocerse la decisión, el secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el exconseller Jordi Turull han asegurado que se trata de una "venganza del Estado". "El escarmiento, la venganza de Estado y la aplicación del derecho penitenciario del enemigo no deja ningún margen para las sorpresas", ha manifestado Turull en un mensaje en su cuenta de Twitter recogido por Europa Press, en el que ha añadido los hashtags "Persistamos" y "No surrender". "Retuercen la ley, cambian jurisprudencia, destrozan garantías penales y derechos. España lo vale. Y aquí, mientras, aún buscamos el hilo perdido que nos hizo ser tan fuertes el 1-O", ha apuntado Sánchez.

 

Poco después, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, aseguró que el Supremo ha dictado "venganza de nuevo", un mensaje muy similar al lanzado por el exconseller Raül Romeva: "El Supremo ha vuelto a dictar sentencia. Poco a poco este Estado va convirtiéndose en una gran cárcel, una democracia fallida que están creando ellos mismos". 

 

Más contenidos sobre este tema




27 Comentarios
  • Hammurabi Hammurabi 05/12/20 21:20

    Llegaron al Supremo como los chicos de Alsasua, por un delito que a todas luces sabían que no se había cometido. Esto para mí es delito de prevaricación que consuma otro, el de odio, por parte de los jueces del PPodrido.

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    3

  • jorgeplaza jorgeplaza 05/12/20 12:53

    Entre las cosas sin importancia de las que se olvidan los separatistas convictos y quienes aquí les jalean, como son la evidente ilegalidad de la secesión unilateral (sedición) y su financiación ilegal (malversación) o la desobediencia a distintas y reiteradas resoluciones judiciales, hay una que me pasma más que cualquier otra: estos tremendos demócratas tan misericordiosos con los convictos no tienen jamás en cuenta que los condenados, a su vez, se pasaron por el forro de los cojones (podría decir educadamente que pasaron por alto o que hicieron caso omiso, pero es que realmente se los pasaron por donde he dicho) los derechos de al menos la mitad de los catalanes que estaba en contra de la secesión. Como siempre, los separatistas se olvidaron de que la mitad de sus conciudadanos no lo eran. Cómo pueden apoyar una postura tan claramente antidemocrática los que aquí defienden a los condenados, es algo incomprensible salvo que uno concluya que estos vehementes defensores son ellos mismos los primeros no demócratas y también están convencidos de que la mitad no separatista de los catalanes son ilotas (con ele) y carecen de cualquier derecho político.

    No es la única, pero sí es esta una de las principales causas de rechazo que mantengo hacia UP y los "Comuns". Y cuanto más contumaces en la defensa de lo que me parece indefendible, mayor el rechazo.

    Responder

    Denunciar comentario

    Ocultar 2 Respuestas

    8

    2

    • HEREJE HEREJE 05/12/20 15:56

      Personalmente, a pesar de mi provecta edad, muy parecida a la suya, JP, no olvido, lo que pasa es que, con su permiso, JP, DISIENTO.

      ¿Sería mucho pedirle que no gastase sus diatribas en perdonarnos la vida a los seres inferiores, cuñao?

      Responder

      Denunciar comentario

      Ocultar 1 Respuestas

      2

      5

      • TV3porciento TV3porciento 05/12/20 16:54

        Como de costumbre, usted no argumenta contra lo que se dice sino que descalifica a quien opina. En eso se parece mucho al PPVOX.

        Responder

        Denunciar comentario

        4

        2

  • NUORGOMA NUORGOMA 05/12/20 10:53

    Si alguién dudase de la politización de la justicia, después de ésto ya no tendrá dudas, un TS cesante desde hace años, se inmiscuye en un asunto para satisfacer deseos de partidos que ya no tienen votos para controlar el Gobierno, castigando así la colaboración de otros en la aprobación de unos presupuestos; lo de los generales es una coña al lado de ésto, esta gente de la cúpula judicial, para una gran parte de la población, están ejerciendo funciones a gusto de unas determinadas opciones políticas, pudiendo dimitir de sus cargos y así forzar la "normal legalidad", esto tendrá consecuencias a futuro en lo que a credibilidad de la justicia se refiere.

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    7

  • HEREJE HEREJE 05/12/20 10:50

    El TS no puede tolerar que el gobierno saque adelante los presupuestos y, en su afán por facilitar la vida política del país y ser absolutamente neutral, como el monarca, echa una mano al cuello al gobierno para complicarle sus relaciones con ERC.

    ¡¡Gracias, padres y salvadores de la patria!!. Tal vez a éstos también les gustaría fusilar a 26 milloncetes de HPs.

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    7

  • josemariarojas josemariarojas 05/12/20 09:59

    una verguenza mas de los togados patrioteros y fascistas, nunca debieron entrar en prisión ni ser encarcelados, ellos mismos hacen que las ansias independentistas crezcan, esto es la injusticia española de los jueces nombrados por el pp y sus amigos togados

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    8

  • kalikatos kalikatos 05/12/20 09:42

    Creo que el error de esta sentencia, parte de la base, de inmiscuirse el PP con RECLAMACIONES JUDICIALES, lo que ha perdido por los sistemas electorales, a ello se SUMÓ los MODERADOS CIUDADANOS, y TODO EL ESTABLISHMENT de nuestro país, empezando por el Preparado, y siguiendo con toda la caverna y carcundia imbuidos en la doctrina franquista, esa que no existe, pero que si está en la sociedad.

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    5

  • xiana843 xiana843 05/12/20 09:10

    Es vergonzoso, primero para la ciudadanía esta sentencia está basada sobre hechos que no son reales, o al menos exagerados, solo hay motivos políticos y una justicia a las ordenes de la derecha de este País, por eso no quieren renovar los cargos, son el hazmerreir del Mundo

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    7

  • Alfonso J. Vázquez Alfonso J. Vázquez 05/12/20 09:07

    Albarda sobre albarda. No se cometió ningún delito por los que se ha condenado y encarcelado a unos insenstaos tras una noche de calentón ¿similar al chat de los militares retirados? , que no quisieron reconocer como la baladronada que fue. Quizá si lo hubo de malversación de fondos publicos para financiar ese esperpento "nacional". El delito ostenoso lo cometió ese ignoto "M. Rajoy" al que ni la Fiscalía General del Estado ni las FCSE logran identificar pese a todos los indicios que obran en su poder. La aplicacion del art. 155 fue inconstituicional. Dice el art. 155.1. "Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las MEDIDAS NECESARIAS PARA OBLIGA A AQUELLAS AL CUMPLIMIENTO DORZOSO DE DICHAS OBLIGACIONES o para la PROTECCION DEL MENCIONADO INTERÉS GENERAL"

    Las MEDIDAS QUE EXCEDDEN LAS NECESARIAS no son las necesarias; son las EXCESIVAS. Pero es que se concreta cuales son : "2. Para la ejecución de las MEDIDAS PREVISTAS en el apartado anterior, el Gobierno PODRÁ DAR INSTRUCCIONES a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas" Eso es lo ÚNICO a que autoriza el art. 155. a DAR INSTRUCCIONES; en ningún lugar se le autoriza a NAULAR UNAS ELECCIONES del concreto pueblo convocado a ellas "donde reside la soberanía " (art. 1.2 CE78). Las autonomías, lease la CE78, NO SON DELEGACIONES DEL GOBIERNO A CYOS DELEGADOS SE CESA. Aplicar el art. 155 DANDO INSTRUCCIONES era lo procedente y no hacer "el ridi" razonando "quasimodo geniti infantes": "dígame si proclamó la independencia
    y si no me contesta es que la proclamó" Los unicos VIOLADORES DE LA CE78 fueron "M. Rajoy y sus mariachis que no aplicaron el art. 155 DANDO IINSTRUCCIONES. Si se desobedecen y se dictan más resoluciones inconstituiconales hay un DELITO DE PREVARICACIÓN, dictar resoluciones que sabían imjustas, se solicita la suspensión cautelar de todas. Falta comprension lectora, PISA dixit.

    Responder

    Denunciar comentario

    4

    8

  • Antonio O´Connor Antonio O´Connor 04/12/20 23:33

    La solucion, que sin demora se despenalicen esas figuras y a Marchena que le den bicarbonato, para la mala digestion

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    12

  • Mayhem Mayhem 04/12/20 23:06

    No deja de ser sorprendente que políticos profesionales a los que se les supone una mínima formación no tengan la más remota idea de lo que es un Estado. El Estadio no se venga ni falta que le hace. El Estadio, cualquier Estado, actúa como lo que es, un instrumento de coerción. Y enfrentarlo tiene costes.

    Responder

    Denunciar comentario

    2

    7



Lo más...
 
Opinión