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Justicia

Vocales conservadores del CGPJ preparan un llamamiento a Europa para alertar de la reforma exprés que limita su poder en funciones

Pleno del CGPJ.
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Vocales del Consejo del Poder Judicial (CGPJ) se están planteando tomar la iniciativa y responder a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados, con los votos de PSOE y Unidas Podemos, de empezar a tramitar por la vía de urgencia la reforma de la ley orgánica que acotaría sus funciones cuando su mandato haya caducado. El órgano de gobierno de los jueces está ahora mismo en esa misma situación, en la que lleva ya más de dos años, pero ha seguido haciendo nombramientos discrecionales de magistrados para cubrir las plazas que iban quedando vacantes, y esta es una de las competencias que la reforma pretende arrebatarle.

No sólo ha sido la decisión de la Mesa de la Cámara Baja lo que ha indignado a algunos vocales. Tal y como han explicado a infoLibre, es el hecho de que no se les haya consultado sobre la proposición de ley de socialistas y morados, tal y como ellos pidieron el pasado mes de diciembre, lo que ha hecho que hayan sentido el inicio de la tramitación parlamentaria como un "desprecio" al trabajo y las funciones del CGPJ, aunque éste ya se encuentre en interinidad debido a la negativa del PP a acordar una renovación si Unidas Podemos interviene.

Cabe recordar que si esta revisión de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) se hubiera impulsado desde el Gobierno, mediante un proyecto de ley, el Ejecutivo tendría que haber solicitado informe consultivo al Consejo de Estado y también al propio CGPJ, pero ese trámite no es legalmente necesario si se utiliza la vía de la proposición de ley. De hecho, los servicios jurídicos del Congreso así lo confirmaron los servicios jurídicos, que trasladaron a la Mesa que la decisión de pedir o no informes corresponde al órgano de gobierno de la Cámara y que hay precedentes en uno u otro sentido.

No son sólo vocales conservadores los que no están de acuerdo con la reforma de la ley planteada por los dos partidos que sustentan el Gobierno de coalición, sino también alguno de sus miembros designado en 2013 a propuesta del PSOE. Así quedó de manifiesto el mes pasado, cuando en el Pleno del órgano un total de dieciséis de los veintiún vocales aprobaron una resolución en la que instaban al Congreso a que consultara al propio CGPJ, a la Comisión de Venecia del Consejo de Europa así como a sectores afectados por la iniciativa, como asociaciones judiciales y de fiscales, consejos profesionales, comunidades autónomas con las competencias de Justicia transferidas y a sindicatos.

Pues bien, ahora que la Cámara Baja ya ha movido ficha dando inicio a la tramitación de la reforma, y una vez constatado que el Consejo no ha sido consultado, algunos vocales preparan el próximo movimiento. En todo caso, ya no se dirigirían al Congreso como la vez anterior, pues consideran que la mayoría de la Mesa –el PP y Vox votaron en contra– ha elegido, sino a instituciones europeas para advertir tanto de la reforma en sí como del hecho de que no han sido consultados sobre la misma. En concreto, los vocales consultados hablan de trasladar su inquietud a la Comisión Europea y al Consejo de Europa ante lo que consideran un "desprecio a la independencia de la Justicia" por parte del Gobierno de coalición.

Todavía queda por definir cómo se hará, a través de qué vía y si la propuesta llegará al próximo Pleno del CGPJ, previsto para el 28 de enero. Todo dependerá de cuántos apoyos pueda recabar, ya que se necesitan al menos cinco vocales para trasladar una propuesta de resolución al Pleno para su debate y votación. Vocales consultados recuerdan que aún quedan dos semanas y que la situación generada por el avance de la pandemia y el temporal en Madrid hace que los miembros del órgano de gobierno de los jueces aún no hayan podido debatir ampliamente del asunto, pues no todos están en la capital.

La mayoría es clara: seguirán nombrando mientras les dejen

Estos vocales insisten en recordar que la LOPJ tal y como está redactada actualmente no les impide hacer nombramientos discrecionales estando en funciones –lo único que les impide hacer es elegir a un presidente– y que estas designaciones forman parte de su cometido constitucional, por lo que han asegurado que seguirán haciéndolo hasta que la reforma esté aprobada y queden limitados sus poderes. Es más, los hay que explican que durante los dos años que llevan en interinidad han actuado siempre con mucha "prudencia", incluso postergando nombramientos cuando parecía que los partidos estaban a punto de llegar a un acuerdo, como ocurrió el verano pasado. Además, remarcan que las designaciones que vienen haciendo desde otoño, cuando se rompieron las negociaciones entre PP y PSOE, eran puestos que había que cubrir ineludiblemente, también varias del Tribunal Supremo, para que el funcionamiento de los órganos judiciales no se viera afectado.

La decisión de la Mesa del Congreso de empezar a tramitar la reforma de la LOPJ ha llegado ya a Bruselas. La eurodiputada de Ciudadanos Maite Pagazaurtundua ha enviado sendas misivas a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, y al comisario de Justicia, Didier Reynders, en las que denuncia "la peligrosa deriva que está tomando el Gobierno de coalición PSOE/Podemos" y lo que considera una "intención de inocular progresivamente el miedo al cuerpo judicial" después de que no se pidiera la opinión del órgano al que va a afectar la modificación normativa. En este sentido, ve la reforma como una "estrategia" para "proteger" a Podemos de "los diversos casos judiciales abiertos que van cercando al vicepresidente Pablo Iglesias", para lo que recuerdan tanto el caso Dina como el caso Neurona sobre las finanzas de la formación morada.

División en el Consejo

No todos los vocales del CGPJ son contrarios a esta reforma, aunque sí la mayoría. Aún así, en diciembre ya fueron cinco los que se diferenciaron del resto y plantearon como solución al bloqueo en el que lleva inmerso el órgano desde diciembre de 2018 la dimisión en bloque o de un mínimo de once integrantes para forzar que el Congreso y el Senado cumplan con su "obligación constitucional" de acometer la renovación de una vez. La composición actual del órgano se remonta a finales de 2013, con las mayorías absolutas del PP en las Cortes.

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Integrantes de este pequeño bloque de vocales insisten en que el CGPJ lleva ya más de dos años "invertebrado", sin un plan a largo plazo que les permita desarrollar sus funciones plenamente, siempre pendientes de una renovación que no llega. No les parece mal esta reforma de la LOPJ si sirve para poner fin al bloqueo del PP y recuerdan que también hubo mucho reparo para delimitar los poderes del Gobierno cuando está en funciones; fueron 20 años de debate que finalmente acabaron en una ley que lo regula.

Mientras se concretan los movimientos que puedan llevar a cabo los vocales del CGPJ, la reforma de la LOPJ continuará su andadura en el Congreso. La tramitación por la vía de urgencia acelera el procedimiento y la nueva redacción de la norma podría ver la luz en marzo, según fuentes parlamentarias –todo depende de la cantidad de actividad que haya en el Parlamento–. Hasta que llegue ese momento, el órgano de gobierno de los jueces seguirá adelante con los nombramientos pendientes. Esta semana, por ejemplo, los candidatos a presidir ocho audiencias provinciales han comparecido ante la Comisión Permanente. Estas designaciones no resultan muy conflictivas, ya que se presenta un solo candidato por puesto y los mismos que ya venían ocupándolo. Es decir, son los mismos magistrados a los que el actual CGPJ ya nombró hace cinco años y que no debería volver a nombrar porque el órgano ya debía haber sido renovado.

Sin embargo, los plenos de enero y febrero podrían debatir otros nombramientos en los que no habría consenso entre los vocales, como son las presidencias de los tribunales superiores de Canarias y País Vasco, que llevan meses pendientes de renovación. También han quedado vacantes dos plazas en la Sala Primera (de lo Civil) del Supremo por jubilación de dos magistrados y están pendientes otros asientos en el alto tribunal, pero las fuentes consultadas reconocen que no saben si daría tiempo a asignarlas en las semanas que quedan hasta que la reforma legislativa les retire la función de nombrar de forma discrecional.

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