Los grandes grupos de residencias ingresaron desde julio en Madrid casi 16 millones de dinero público en nuevos contratos y 40 en prórrogas

La pandemia no pasa factura a los gigantes de las residencias en la Comunidad de Madrid. Desde el pasado mes de julio, con la primera ola de la crisis sanitaria ya superada y con un país inmerso en su totalidad en la denominada nueva normalidad, el Consejo de Gobierno liderado por Isabel Díaz Ayuso ha adoptado más de una veintena de acuerdos en cuarenta reuniones relacionados con la gestión de geriátricos y los grandes grupos del sector. En total, todos ellos llevan aparejados un desembolso de al menos 55,8 millones de euros. Parte de este gasto, 15,9 millones de euros, se corresponde con la adjudicación de nuevos contratos para la cesión de un número determinado de plazas durante la pandemia o para llevar las riendas de varios centros en suelo madrileño.

Sin embargo, el grueso tiene que ver con prórrogas. Son, en total, 39,9 millones de euros. En algunos casos, se trata de extensiones acordadas por la administración por periodos largos de tiempo –dos años–, una posibilidad que incluyen habitualmente este tipo de contratos. En otros, son prolongaciones casi mensuales provocadas por los retrasos de la administración a la hora de resolver algunas licitaciones que llevan meses abiertas. Es decir, pagos puntuales con la intención de evitar que los ancianos se queden sin gestores mientras se decide qué empresa se encargará de asumir de nuevo las riendas del centro.  

Actualmente, una parte importante del pastel residencial a nivel nacional se lo reparten 17 gigantes, tal y como detalla el periodista de infoLibre Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalos de las residencias (Planeta, 2021). De ellos, son seis los afectados por los acuerdos de gasto alcanzados desde julio: DomusVi, Vitalia Home, Amavir, Aralia, Albertia y Sacyr Social. A la hora de hacer el análisis, este diario solo ha tenido en cuenta aquellos desembolsos que tienen que ver exclusivamente con centros residenciales de mayores. Se han dejado fuera, por tanto, pisos tutelados, servicios de teleasistencia, ayuda a domicilio o centros de emergencia para mujeres víctimas de la violencia machista, labores que también han recaído en algunos casos en manos de estas firmas.

UNA NUEVA RESIDENCIA PARA DOMUSVI Y SACYR SOCIAL

DomusVi, líder del sector residencial en nuestro país –tiene presencia en todas las comunidades–, fue uno de los grupos con peor ratio de fallecidos respecto a plazas gestionadas durante la primera ola de la pandemia: murieron en sus centros 419 mayores a causa del virus, lo que equivale al 15,6%. Algo que no le ha impedido, sin embargo, ampliar su negocio en los últimos meses. A comienzos de marzo, el Consejo de Gobierno conoció de la propuesta de adjudicación de la gestión del centro residencial y centro de día Nuevo Versalles, ubicado en el municipio de Fuenlabrada y con capacidad para atender a 125 residentes, a la compañía. Por sus servicios, que se prolongarán durante un plazo de tres años –prorrogable por dos años más–, el Ejecutivo regional abonará a la compañía, que vinculada al territorio fiscalmente opaco de Jersey, 10,6 millones de euros.

Junto con DomusVi, la firma Vitalia Home fue otra de las más castigadas por el coronavirus durante la primera ola de la pandemia. En su caso, la ratio de fallecidos se situó en el 16,4% –827 plazas y 136 muertos en los meses más duros de la crisis sanitaria–. A pesar de ello, fue la empresa elegida por la Consejería de Políticas Sociales para poner en marcha lo que se denominó "residencia covid". Con estas palabras, el Ejecutivo regional no hacía referencia a un nuevo centro, sino a la reserva de un conjunto de plazas en geriátricos de la región para ponerlas a disposición de los mayores que no pudieran guardar la cuarentena en su residencia habitual. El lugar elegido fueron las instalaciones que esta compañía tiene en el barrio de Canillejas. Desde octubre hasta principios de abril, la región ha pagado por estas camas 1,07 millones de euros, según consta en el Portal de la Contratación Pública.

Menos peso tiene en el sector Sacyr Social, una de las filiales para la prestación de servicios del grupo constructor con el mismo nombre: una decena de centros y algo menos de un millar de plazas distribuidas por cinco comunidades autónomas. Una cartera de negocio a la que añadió a comienzos de octubre la residencia y centro de día para personas con discapacidad intelectual grave de Coslada, según el informe de propuesta de adjudicación conocido en su momento por el Consejo de Gobierno. En total, gestionará integralmente una treintena de plazas en estas instalaciones ubicadas en el municipio al este de la capital durante, al menos, los próximos tres años. Un servicio por el que se embolsará 4,2 millones de euros.

En total, la suma de estos nuevos contratos permite a los tres gigantes del sector ingresar en sus cuentas 15,9 millones de euros.

Dos años más de confianza PARA ALBERTIA O AMAVIR

La filial de la constructora, cuyos principales accionistas son la familia Carceller, también mantendrá el control del geriátrico de Villa del Prado. El pasado 7 de abril, el Consejo de Gobierno acordó aprobar el gasto de la quinta prórroga del contrato de gestión del centro de atención a personas mayores dependientes de la pequeña localidad al suroeste de la región, con una capacidad de 160 plazas. Una extensión del contrato por un par de años –hasta abril de 2023– por la que el Ejecutivo regional deberá pagar a Sacyr Social 5,4 millones de euros.

No es la única firma a la que la Consejería de Políticas Sociales ha permitido continuar con sus trabajos durante un plazo relativamente largo de tiempo. También lo ha hecho con Amavir, DomusVi y Albertia, todas incluidas en la lista de empresas potentes del sector residencial en nuestro país. En el caso de la primera, que tuvo una ratio de decesos en los peores meses de la primera ola del 14,8% respecto a las camas gestionadas hasta ese momento –una de las más altas–, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acordó a finales de agosto que siguiera gestionando hasta noviembre de 2023 las 185 plazas del centro de atención a personas mayores de Collado Villalba, una gestión con la que se hizo por primera vez en 2006. Por esta nueva prórroga, la octava, se embolsará 6,9 millones de euros. Algo menos, 6,09 millones, ingresará DomusVi por seguir llevando las 180 plazas de la residencia para ancianos dependientes de Madrid Sur.

Albertia, propiedad de un bodeguero riojano, fue durante la primera ola, junto con Sanitas y Ballesol, el único de los doce principales grupos del sector con una ratio de fallecimientos en relación con sus plazas por debajo del 10%. En su caso, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid dio luz verde la semana pasada a un gasto de 9,1 millones de euros para que Albertia Servicios Sociosanitarios continúe gestionando junto con la Fundación Ramón Rey Ardid las 265 plazas de las que dispone el geriátrico Plata y Castañar. Si no hay ningún contratiempo, lo harán hasta abril de 2023.

Prórrogas mensuales que suponen un gran desembolso

Más cortas han sido, sin embargo, el resto de prórrogas acordadas por el Ejecutivo regional en relación con las principales firmas del sector. A diferencia de las anteriores, han sido extensiones del contrato por meses. En buena parte de los casos, como solución transitoria hasta que se resolvieran los procedimientos de adjudicación abiertos para alguno de los geriátricos regionales. Aralia es una de las compañías que ha tenido que continuar con los trabajos temporalmente, obligada por los pliegos contractuales. El pasado verano, la Comunidad de Madrid abrió dos licitaciones para designar nuevamente la gestión de las residencias Parque de los Frailes y Ensanche de Vallecas, después del intento infructuoso de la Consejería de Políticas Sociales de retirarle la concesión a la firma. A día de hoy, según figura en el Portal de Contratación Pública, el asunto sigue en tramitación.

Iglesias defiende que ir a una residencia durante la primera ola era "una barbaridad"

Ver más

A fin de que los residentes no se quedasen sin gestor durante todo este tiempo, el Ejecutivo regional ha ido aprobando sucesivas prórrogas, que ya han supuesto un desembolso total de 5,15 millones de euros. En ambos casos, se han acordado en los Consejos de Gobierno celebrados hasta la fecha tres extensiones del contrato. El mismo número que se han acordado para el caso del geriátrico de Madrid-Ventilla, que han supuesto un desembolso entre julio de 2020 y enero de 2021 de 2,1 millones de euros, según consta en los acuerdos del Consejo.  

Sí que comienza a verse la luz al final del túnel en el caso de la licitación que afecta a la residencia Mirasierra –ya se ha publicado una propuesta de adjudicación–. Sin embargo, el procedimiento, que arrancó en julio, se ha prolongado durante meses. Y, de nuevo, esto ha llevado a Políticas Sociales a acordar hasta tres prórrogas para que DomusVi, otra de las firmas contra las que apuntó el consejero Alberto Reyero en lo que se consideró como el inicio de una época de mano dura por parte de la administración, continuase llevando temporalmente las riendas del geriátrico por 2,8 millones de euros. Además de en este, el Ejecutivo regional también ha acordado prorrogar la gestión de las 300 plazas de la residencia y centro de día de Usera hasta el próximo mes de noviembre, unos trabajos por los que la compañía se embolsará 1,7 millones de euros.

Al igual que estas firmas, también Sacyr Social conoce las extensiones de servicios a la espera de que se resuelva una licitación. En su caso, lo vivió con el de Nuevo Versalles de Fuenlabrada, el centro con cuya gestión ya se ha hecho DomusVi. El Ejecutivo regional acordó dos desembolsos a favor de la filial de la constructora, que hasta entonces había llevado las riendas del geriátrico bajo la marca Valoriza, para que lo continuase gestionando durante los meses de noviembre y diciembre de 2020. Trabajos por los que la Comunidad de Madrid se comprometió a pagar 620.000 euros.