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Crisis del coronavirus

Los tribunales vuelven a 'legislar' con el fin del estado de alarma a la espera de que el Supremo ponga orden

  • La diferencia de criterio lleva a que unas comunidades tengan toque de queda y en otras se haya prohibido
  • La limitación de movilidad a ciertas horas o los cierres perimetrales, las medidas que más dudas generan a los jueces
  • La vía del Supremo abre un nuevo escenario con el que el Gobierno espera ir unificando las posibles restricciones
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Publicada el 08/05/2021 a las 06:00 Actualizada el 08/05/2021 a las 20:10
Los salamantinos pudieron regresar esta semana al interior de los bares tras permanecer casi un mes cerrados.

Los salamantinos pudieron regresar esta semana al interior de los bares tras permanecer casi un mes cerrados.

EFE

Se acaba el estado de alarma más largo. Casi siete meses en los que comunidades autónomas han ido adoptando las restricciones que consideraban convenientes en función de la incidencia de contagios de coronavirus. El paraguas del estado de alarma se lo permitía y por eso algunos territorios lo habían pedido al Gobierno en octubre de 2020, en plena segunda ola. A partir de este domingo, todo eso se acabó y España vuelve al momento anterior a esta medida extraordinaria: cada comunidad deberá solicitar el aval de los tribunales para poder aplicar medidas que supongan limitaciones de los derechos fundamentales, como el de la movilidad, el más afectado en esta pandemia. De nuevo, los jueces deberán decir a los políticos si las limitaciones caben o no caben en nuestro ordenamiento jurídico, con las diferencias de criterio que ello conlleva.

Vuelve, por tanto, el caos jurídico que se vio entre finales del verano y principios del otoño de 2020 a falta de un instrumento normativo que ponga un poco de orden en las medidas que se pueden o no tomar y que no implique recurrir al estado de alarma. El marco legislativo sigue siendo el mismo que el año pasado, ya que el Gobierno no ha impulsado ninguna otra alternativa en estos meses, pero sí ha propuesto una nueva vía judicial: el recurso de casación al Tribunal Supremo para que éste sea el que decida en última instancia qué limitaciones a la movilidad pueden implementar las comunidades autónomas y pueda unificar criterios para todo el territorio.

El escenario que se avecina a partir de este domingo está servido. Ante el panorama que se abre, algunas comunidades ya han empezado a remitir a sus respectivos tribunales superiores de justicia (TSJ) los planes para tratar de obtener el aval. Así, por ejemplo, los magistrados de Baleares han ratificado controles a la movilidad como el toque de queda así como el control en la entrada de viajeros a las islas, limitar las reuniones a seis personas y dos núcleos de convivientes máximo y limitar al 50% el aforo en lugares de culto. Pero la decisión no ha sido ni mucho menos unánime y la Fiscalía estaba en contra. En el TSJ de la Comunidad Valenciana también se han pronunciado a favor del toque de queda, limitar las reuniones a un máximo de diez personas y establecer en un 75% el aforo en lugares de culto. Navarra también pretende mantener la limitación nocturna a la movilidad, pero en su caso aún no ha enviado sus planes definitivos al TSJ.

Toque de queda y cierre perimetral, lo más peliagudo

La medida del toque de queda sigue siendo una de las que generan más conflicto. Las limitaciones a la movilidad a determinadas horas del día o de la noche han sido una constante desde octubre de 2020 hasta ahora, pero algunos jueces no tienen nada claro que se puedan implementar sin estado de alarma. Así lo han decidido en el TSJ del País Vasco, donde además se ha rechazado el confinamiento perimetral de la comunidad que pedía el Gobierno de Iñigo Urkullu. Este criterio, sin embargo, no lo comparte la presidenta del TSJ de Galicia, María Dolores Rivera, quien no ha adelantado cómo se manifestará el tribunal en sus futuros pronunciamientos, porque todo dependerá de lo que plantee la Xunta, si bien ha recalcado que la legislación ordinaria es suficiente para aplicar medidas restrictivas de derechos fundamentales como cierres perimetrales de toda una región, otra de las propuestas que más dudas ocasiona.

La legislación ordinaria a la que se refiere la magistrada son, fundamentalmente, dos normas: la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública y la Ley General de Salud Pública, bajo este paraguas normativo –sobre todo con la primera por su rango orgánico– se adoptaron el año pasado muchas de las medidas puestas en marcha por las autonomías. Expertos en Derecho Constitucional dudan de que con estas leyes se puedan limitar derechos fundamentales como el de la movilidad que, en su opinión, sólo puede suspender el artículo 116 de la Constitución, que regula los estados de alarma, excepción y sitio. Sin embargo, sí hubo tribunales superiores de justicia que en 2020 avalaron ciertas restricciones interpretando que estas normas eran suficientes o que la situación pandémica lo requería, como acaban de hacer ahora el de Baleares y el de la Comunidad Valenciana.

En resumen, los TSJ de estas dos comunidades se amparan en que la mencionada ley orgánica establece que "con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible". Subrayan que el toque de queda restringe derechos, no los suspende. Por el contrario, el TSJ del País Vasco afirma que el ordenamiento jurídico ordinario no permite que las autonomías acuerden, sin estado de alarma, restricciones generales de derechos fundamentales, que "sólo por Ley del Estado pueden establecerse limitaciones al ejercicio" de esos derechos, y que "en la interpretación de restricciones de derechos fundamentales, se ha de ser estricto, no voluntarista".

Todo depende, por tanto, de las restricciones que planteen los gobiernos autonómicos. Las hay más partidarias de imponer medidas más duras, como el toque de queda, y otras que proponen normas a priori más laxas, como ha sido el caso de Cataluña, que apuesta de momento por prohibir las reuniones de más de seis personas y limitar al 50% de aforo los actos religiosos. Su TSJ ha estado de acuerdo con estas medidas. La Comunidad de Madrid de momento sólo quiere mantener el cierre perimetral de cinco zonas básicas de salud, algo que la Fiscalía ha avalado. Pero no hay que olvidar que la situación irá variando a medida que pasen las semanas, siempre en función de la evolución en la incidencia de contagios.

La solución: cambiar la ley a última hora

La disparidad de criterio, por tanto, persiste a día de hoy. Partidos de la oposición y presidentes de comunidades autónomas han venido reclamando al Gobierno una alternativa legislativa al estado de alarma que no requiera tener que pasar por los tribunales cada vez que sea necesario imponer restricciones que afecten a derechos fundamentales. El Consejo de Estado también lo recomendó el pasado marzo. Desde el Ejecutivo lo descartaron y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, llegó a decir que todo lo que se decidiera en el Consejo Interterritorial de Salud, que reúne a Administración central y autonómicas, es "de obligado cumplimiento" porque, según afirmó, así lo avaló recientemente el Tribunal Supremo. Pero lo es cierto que el alto tribunal no se pronunció en ese sentido, según expertos consultados, pues no llegó a entrar en el fondo de la cuestión en un auto en el que únicamente rechazaba las medidas cautelares solicitadas por Vox para anular el cierre perimetral de la Comunidad de Madrid en Semana Santa.

La solución para el Gobierno ha llegado vía decreto-ley y tan sólo a cinco días de que expire el estado de alarma. Cambiando la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, las comunidades a las que su tribunal superior le tumbe medidas que considere imprescindibles para limitar el impacto de la pandemia, podrán recurrir en casación al Supremo. También la Fiscalía podrá hacerlo, si no está de acuerdo con lo que decidan los magistrados. Con esta decisión se pretende que el alto tribunal pueda ir unificando doctrina para que luego los tribunales inferiores actúen en consecuencia y así tener un marco homogéneo para todo el país. Una posibilidad que hasta ahora no existía, ya que el cauce judicial de las medidas autonómicas moría en los TSJ y el de las medidas estatales, en la Audiencia Nacional.

Ante el nuevo panorama que se avecina, la Fiscalía General del Estado ha dictado una Instrucción dirigida a agilizar la respuesta procesal, "estableciendo cauces de comunicación directos con el fiscal de Sala de lo Contencioso-Administrativo a través de la red de delegados desplegada por todo el territorio". Pero en ningún caso "proporciona criterios de actuación" comunes para todas las fiscalías superiores de las comunidades autónomas, tal y como denuncian desde la asociación mayoritaria. Por lo que el caos jurídico, con disparidad de criterios, también estaría servido dentro del Ministerio Público.

Seis magistrados tendrán la última palabra

El Supremo ya se ha preparado para lo que viene. Aunque el gabinete técnico del alto tribunal ha mostrado sus dudas acerca de los plazos procesales, la "insuficiencia" del decreto-ley para regular sobre derechos fundamentales o la posibilidad de que se siente doctrina en algunos aspectos, el presidente de la Sala Tercera (de lo Contencioso-Administrativo), César Tolosa, ha empezado a tomar decisiones para adaptarse a la nueva realidad, ya que los magistrados tendrán sólo cinco días para pronunciarse cuando reciban algún recurso. Entre estas decisiones, está definir qué jueces se harán cargo, que son los que componen la Sección Cuarta. Seis magistrados, contando con él mismo, con mucha experiencia a sus espaldas en esta jurisdicción: Pablo Lucas, Pilar Teso, Celsa Pico, Luis Díaz-Picazo, José Luis Requero y Rafael Toledano.

La solución de implicar al Tribunal Supremo en el conflicto jurídico generado por las restricciones por la pandemia no ha gustado a todos. Aparte del informe del gabinete técnico, asociaciones de jueces como la Francisco de Vitoria critican que "nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional". Aunque no sólo apuntan al Gobierno de Pedro Sánchez: igualmente censuran la "pasividad del Legislativo" y la actitud de un "Tribunal Constitucional incumplidor" que también "han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía".

Desde el Gobierno insisten a este periódico en que no tienen dudas de la constitucionalidad del decreto-ley, mientras que desde el Supremo recalcan que serán los magistrados de la Sala Tercera los que vayan interpretando su aplicación a medida que tengan que actuar tras la llegada de los posibles recursos. Unos magistrados se muestran más críticos que otros con el decreto-ley, lo que hace anticipar también posibles diferencias de criterio sobre su papel en este nuevo mapa de posibles limitaciones de derechos fundamentales sin estado de alarma. La mayoría será la que decida.

 

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28 Comentarios
  • JARAJA JARAJA 09/05/21 13:54

    No entiendo nada. Vamos a ver, si la Constitución permite a una Comunidad pedir el.Estado de Alarma al gobierno, ¿por qué no se pide? Es mucho más fácil.

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  • Mascarat Mascarat 08/05/21 22:10

    Esto da una idea clara del estado lamentable de la judicatura española. Cualquier asno llega a juez, por enchufe familiar en los más de los casos, y se reviste de poder para beneficiar a aquellos que le han aupado.
    La profesionalidad, la imparcialidad y la independencia de los jueces reducidas a un estercolero facha e ignorante.
    Quitando algún y alguna despistados que intenten impartir justicia con ecuanimidad y respeto a la ley, la cúpula judicial es un cáncer de asnos franquistas.

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  • 74camilo 74camilo 08/05/21 17:43

    Calma....seguro que estos jueces tan listos han hecho algún máster en epidemiología....

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  • elcapitantan elcapitantan 08/05/21 13:32

    Todos los TS autonomicos han aceptado las restricciones propuestas por sus respectivos Gobiernos excepto el TS vasco. El juez del TS de Pais Vasco debe ser inhabilitado para cualquier cargo publico. Una persona que padece ese grado de bulimia es un enfermo mental y como tal no puede trabajar en algo tan sensible como es aplicar justicia.

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    • Pez Pez 09/05/21 08:23

      No, no, no. Las libertades fundamentales no deben ser recortadas sin el estado de alarma que lo autoriza. Es demasiado peligroso. Sienta precedente. Que el Lendakari pida al Gobierno el Estado de Alarma para el País Vasco y ya está. Santas pascuas, problema resuelto. Pero a los jueces menos protagonismo, por favor, que luego nos quejamos de que se endiosan.

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  • PINTOR3 PINTOR3 08/05/21 13:28

    Cuando el PP recurre, casi todos los decretos leyes del gobierno e incluso Leyes aprobrobadas por el parlamento, con que prontitud el Tribunal Supremo y el Constitucional ponen la maquinaria en marcha para dar respuesta, la mayoria de veces, favorable a los recursos del PP, no oimos quejas de dichos tribunales Creo que no que deberian de hacer, de una vez, es marcharse dado que tiene muchos de Ustedes el cargo que hace olor del tiempo que lo tienen pasado de fecha.

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  • isachampman isachampman 08/05/21 12:46

    Este Gobierno, una vez más, eludiendo sus responsabilidades. Una panda de ineptos, de la que forman parte, aunque parezca mentira, tres magistrados.

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 08/05/21 13:14

      Tres magistrados que saben muy bien que no se puede hacer ninguna ley en la que se hable de pandemias porque significaría un atentado contra la democracia que tenemos. Las pandemias están reguladas por la ley orgánica de 1981, creo, en la regulación, obligatoria constitucionalmente del Estado de Alarma. Por eso los tres magistrados saben que es imposible en nuestra democracia ese plan B jurídico que anhelan los liberticidas. Lo único que se demuestra es que eso tres magistrados son exquisitamente demócratas y además no son tontos porque cualquier ley de ese estilo nunca puede pasar el Tribunal Constitucional a no ser que este se convierte en prevaricadores.

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      • MASEGOSO MASEGOSO 09/05/21 09:54

        ¿No piensa Ud. Sr. Basanta que en la administración de justicia se prevarica con demasiada frecuencia.?
        El discurrir de la vida judicial así lo demuestra, según a quien se juzgue.
        Un saludo.

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        • Antonio Basanta Antonio Basanta 10/05/21 18:29

          ¿Y quien juzga que un tribunal prevarica? ¿Usted? Y si lo hace por lo menos que fuese un juicio con todas las garantías. Porque el modelo insinuado, es que un ser supremo, que en politica se llama dictador, dictamine que juez prevarica y cual no. Eso me suena al aparato judicial franquista.

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    • luzin luzin 08/05/21 12:56

      Tal vez en este Gobierno pese más la influencia del Rasputin Iván Redondo, y todo se trate más de una campaña publicitaria que de otra cosa ...

      P.D.: En Extremadura lo sufrimos con el PP y su lider Monago el bombero-torero y follador de las Canaria con dinero público, y fue todo un desastre, se dedicaron fundamentalmente a cambiar de nombre las cosa ... es especialista en crear eufemismos y para de contar ...

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  • Antonio Basanta Antonio Basanta 08/05/21 11:39

    Algunas consideraciones sobre lo que el PP dice de que hay legislar un plan B jurídico que proteja a los politicos autonómicos y algunas consideraciones por los comentaristas pretendidamente de izquierdas que siguen acríticamente los postulados liberticidas del PP. La Constitución regula como la única manera de recortar las libertades ciudadanas el Estado de alarma. Y luego especificado en la Ley Organica de 1981 como el único instrumento de recortar las libertades fundamentales en caso de catástrofe, como explícitamente recuerda, epidemias o pandemias, terremotos, desabastecimiento total de productos o bloqueo de la movilidad de los ciudadanos. Y la izquierda en el debate constitucional luchó y así quedó porque no hubiera ninguna ley ni orgánica ni normal que pudiera regular o limitar ninguna libertad fundamental. Y. Luchó y consiguió eso porque todos conocemos los atentados contra la libertad que históricamente ha hecho la derecha. Ahora la derecha del Pp quiere limitar por la puerta de atrás las libertades ciudadanas donándole el poder a cualquier presidente de autonomia, rompiendo la Constitución. Y la Constitución expresamente proclama que las libertades en el Estado de Alarma solo podían ser recortadas en primerísima y rápida instancia por el Gobierno de España con el asentimiento y renovación del Congreso de los Diputados por mayoría absoluta: En ningun caso permite a ningun Parlamento autonómico o gobierno autonómico el recorte por ningun motivo de las libertades. La petición Plan B juridico que de consistencia a los dirigentes autonomicos, no es mas que un atentado contra las libertades democráticas, contra el único Estado democrático que es España y no sus autonomías. Muchos supuestamente de izquierdas olvidan que la libertad es eso, que se plasmó en la Constitución democrática y que muchos españoles luchamos por conseguir las libertades democráticos y no queremos que ningun partido como el PP se haga un Puigdemont, intentando romper las libertades por la puerta de atrás, con supuestos planes B jurídicos que es una vuelta a los pasados mas oscuros.

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    • Antonio Basanta Antonio Basanta 08/05/21 12:01

      Continuo: 2. Tomas de la Quadra Salcedo, expresidente del Consejo de Estado recuerda, en un maravilloso articulo en El PAIs en abril de 2020, que cuando se discutió la ley orgánica de Medidas de Salud en el 1986 en el Congreso se intentó meter en el texto las pandemias o epidemias. Pero se recordó que eso estaba regulado expresamente en la ley de 1981 que regula el Estado de Alarma y que para meter las pandemias en la ley de Salud Publica habria que modificar la Constitución. Pues eso es lo que pretende el plan B juridico: Hacer todo aquello que se observó que no se podía hacer dentro de la Constitución, es decir de la democracia. Pretender dar a las comunidades, gobierno o parlamentos autonómicos la posibilidad de establecer el toque de queda o los confinamientos, es decir las libertades ciudadanos, es un ataque directo a las libertades democráticas, es un recuerdo del pasado mas tiránico que ningun demócrata podemos tolerar. La libertad no es tomar cañas, que eso tambien lo hacíamos en la dictadura, la libertad son la defensa radical de las libertades democráticos definidas en nuestra Constitución 3ª ¿Cuál es el error del gobierno, de todo el gobierno, y sobre todo de su presidente? No defender con pasión politica que no hay un plan B jurídico, que no se puede establecer toques de queda ni confinamientos ni limitaciones de libertades sin el Estado de Alarma, aprobado por el Congreso y que en ningun caso el Gobierno va a seguir la senda liberticida del PP y otros timoratos. Esa defensa politica de la libertad y de la democracia constitucional es lo que echo en falta del Gobierno. Porque no nos engañemos, lo que demuestra la fuerza de la derecha en España es que la defensa de ese plan B juridico la siguen tambien supuestos izquierdistas que no tienen especial consideración por las libertades democráticas. Esa es la fuerza de la derecha. La prueba está que cuando la derecha pide un plan B jurídico nadie sabe que pide porque no lo dice. En realidad lo que pide es que cualquier caudillito autonómico pueda limitar las libertades democráticas de los ciudadanos a su conveniencia, con sus toques de queda y prohibición del derecho de reunión y de movilidad.

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      • JARAJA JARAJA 09/05/21 14:11

        Gracias por la explicación. Yo también hecho de menos que el gobierno salga a explicar esto "con pasion juridica"y acabe con esta estrategia

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      • Irenepaz Irenepaz 08/05/21 15:49

        Muy bien explicado y esclarecedor. Un saludo

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      • luzin luzin 08/05/21 12:33

        Precisamente, por eso el Gobierno, manteniendo el principio de prudencia, debería aplicar un nuevo Estado de Alarma ...

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        • Antonio Basanta Antonio Basanta 08/05/21 13:09

          Luzin: Yo no entro en consideraciones de oportunidad política. Porque la pregunta a responder sería ¿Se puede mantener un estado de alarma exclusivamente por principios de prudencia? Porque la alarma y la prudencia no parecen bien avenidos. Pero hablando de politica. Cualquier comunidad autónoma que este totalmente alarmada puede pedirle al gobierno expresamente, oficialmente y por escrito que decrete el Estado de alarma en su territorio. Y en realidad, ninguna lo ha pedido, ninguna
          se ha mojado nada mas que en declaraciones a los medios, declaraciones para quedar bien y no pringarse en la toma de decisiones. NO ha habido ninguna que lo haya hecho. Es una muestra de la extrema doblez hipócrita que se ha seguido con la pandemia. Ni en el País Vasco se ha hecho. ¿por qué? Porque no han querido tomar la decisión politica y así quedan libres para la queja y la crítica. Muy valientes no han sido ninguno.

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          • Pez Pez 09/05/21 08:07

            Exactamente. Las CCAA pueden pedir al Gobierno que lleve al Congreso la declaración del estado de alarma para sus territorios y que allí, en el Congreso, se vote. Creo no equivocarme. Entonces ¿de qué estamos hablando, qué necesidad hay de meter a los jueces, qué clase de ridículo hace el País Vasco dirigiéndose a quien le va a negar lo que pide? ¿Hipocresía de alto nivel?

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          • luzin luzin 08/05/21 14:00

            No se trata de política, se trata de salud, prudencia en una actuación sanitaria. El Estado de Alarma promulgado ahora decae, por lo tanto el Gobierno puede volver a promulgarlo directamente y a los quince días pasar por el Congreso, ese es el mecanismo constitucional.

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  • GRINGO GRINGO 08/05/21 10:04

    Hace un año, una gran mayoría de ciudadanos asumimos que las medidas aprobadas en el Estado de Alarma eran en aquel momento la única herramienta para contener el avance la pandemia.

    Un año más tarde, y con unas cifras de contagio desiguales a nivel nacional, y que en muchos casos superan más que lo razonable, se acaba con el Estado de Alarma, y que cada uno se arregle con el TSJ que le toque...

    Lo siento Sr. Sánchez, pero esto es lo que Benjamín Toshack llamaba "andar como pollo sin cabeza".

    No tiene sentido que, no habiendo controlado la pandemia ni habiéndose cumplido las expectativas de vacunación previstas, se nos libere a todos para que aumente la confusión, más si cabe,.... será ese nuevo concepto de LIBERTAD que ha puesto de moda Lady Cocodrilo????

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  • jorgeplaza jorgeplaza 08/05/21 09:36

    Me encanta lo bien que se ponen de acuerdo los jueces en la interpretación de las leyes. Lo que para estos es perfectamente legal y constitucional, para aquellos no lo es. A mí eso me inquieta mucho porque confirma que las decisiones judiciales son, en gran medida, fruto del azar cuando no del capricho. Yo creo que llevan razón los que dicen que las CC.AA. no pueden impedir la libre circulación de las personas ni imponer toques de queda, pero lo menos que cabe exigir (yo creo que sin necesidad de que el jefe, que es el Supermo, decida) es que todos los jueces interpreten igual las normas, que no debería ser tan difícil. Otras veces he contado como pleiteamos unos prejubilados contra nuestra antigua empresa: eran el mismo convenio colectivo y la misma reclamación, pero uno de nosotros vivía en Castilla-La Mancha, allí pleiteó y allí ganó; los demás vivíamos en Madrid y aquí fuimos a juicio y perdimos. Lo malo es que esa discrepancia de criterios tiene lugar no en un insignificante pleito como fue el nuestro sino a una escala tan grande que repercute en la vida y la economía de la nación entera. Inquietante.

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    • luzin luzin 08/05/21 12:36

      Que eso ocurra es lo habitual todos los días y en cualquier campo del derecho: penal, administrativo, civil, ... por eso está el Supremo ... tal vez algún día sea un algoritmo el que juzgue ... quién sabe ...

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      • jorgeplaza jorgeplaza 08/05/21 16:32

        En un pleito muy concreto y particular, como era el de mis compañeros contra nuestra antigua empresa, lo entiendo, pero ahora es algo muy básico. ¿Son o no son derechos fundamentales los de reunirse o moverse libremente? Si lo son y si las leyes sanitarias no permiten restringir derechos fundamentales, entonces las CC.AA. no pueden ni imponer toques de queda ni limitar el número de personas que se quieran reunir privadamente ni, por supuesto, cerrar sus fronteras de manera genérica a quienes quieran entrar o salir. Y si no son derechos fundamentales, sí podrán hacerlo. No me parece que sobre asuntos tan básicos y sobre los que han tenido un añito largo para pensar puedan tener dudas a estas alturas.

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  • MIglesias MIglesias 08/05/21 09:07

    Antes de salir de casa tendremos que acostumbrarnos a repasar el BOE para ver que podemos hacer.

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