El Gobierno ve “irrenunciable” perseguir la apología del franquismo y enviará este mes la Ley de Memoria al Congreso

El Gobierno no va a desistir en su empeño de perseguir la apología del franquismo en todas sus formas. Es un objetivo "irrenunciable" en la futura Ley de Memoria Democrática, tal y como confirman a infoLibre fuentes del Ejecutivo, que informan además de que a finales de este mismo mes el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley definitivo y lo enviará al Congreso de los Diputados para empezar su tramitación parlamentaria. 

Así se pronuncian desde el Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobara su informe preceptivo sobre el anteproyecto de ley, un texto que salió adelante con el visto bueno de quince vocales y que se muestra crítico con algunos aspectos del borrador del Gobierno al considerar que vulneran la libertad de expresión o de reunión. La apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley, según el órgano de gobierno de los jueces, siempre que no se humille a las víctimas.

Desde el Ejecutivo recuerdan que el informe del CGPJ, como el de otros órganos consultivos, es preceptivo pero no vinculante. No obstante, aclaran que este martes aún no habían recibido el dictamen y que lo estudiarán y valorarán como hacen con todos los informes de este tipo, pero aclaran que su objetivo de combatir la apología del franquismo es "irrenunciable", ya que además consideran que cualquier tipo de acto de exaltación del golpe de Estado de 1936 o de la dictadura lleva implícita esa humillación a las víctimas de la que habla el Poder Judicial.

La disposición adicional quinta del anteproyecto de ley, que se titula "Extinción de fundaciones", establece como causa específica de extinción de las fundaciones "la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales". Un precepto que parece tener un objetivo muy concreto, la Fundación Francisco Franco. Ya se había planteado anteriormente la posibilidad de acudir a mecanismos que impidieran las actividades de esta organización, si bien nunca se había plasmado tan claramente en una ley como ahora con el anteproyecto de Ley de Memoria Democrática, del que la vicepresidenta Calvo es su principal valedora.

No es un fin de interés general

El borrador de la norma también determina, en su disposición adicional séptima, que "en el plazo de un año a partir de la entrada en vigor, se promoverá la modificación" de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación "con el objeto de incluir como causa de disolución de las asociaciones la realización pública de apología del franquismo y la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo por su condición de tales". El anteproyecto no considera en ningún caso que la apología del franquismo pueda constituir un fin de interés general. 

No es el único punto del anteproyecto sobre el que la mayoría de vocales del CGPJ han presentado reparos. El borrador de Presidencia pretende tipificar como infracción muy grave la falta de adopción de medidas para impedir la realización de "actos contrarios a la memoria histórica", es decir, aquellos que "entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas o de sus familiares y supongan exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la guerra o de la dictadura, de sus dirigentes, participantes en el sistema represivo o de las organizaciones que sustentaron el régimen dictatorial".

Según los quince vocales que secundan el informe valorativo, debería quedar claramente excluido del ámbito de aplicación del precepto el ejercicio del derecho de reunión, y recuerdan la jurisprudencia del Tribunal Constitucional según la cual el carácter pacífico de una reunión no se ve alterado por el hecho de que en ella se expresen ideas o se persiganobjetivos que puedan ofender o molestar a otras personas o colectivos.

Desde el Gobierno insisten en la misma idea: el objetivo sigue siendo el mismo tras el informe del Poder Judicial, esto es, sancionar cualquier conducta en el que se haga apología del franquismo, ya sea vía asociaciones o fundaciones, vía actos o concentraciones públicas. Insisten en que cuando el CGPJ les remita el informe –al que acompañarán los seis votos particulares redactados por vocales contrarios al anteproyecto, pero también de la vocal Concepción Sáez, que sí valora positivamente el borrador–, éste será estudiado y la redacción definitiva del proyecto de ley se conocerá dentro de unas semanas, cuando el Consejo de Ministros lo envíe a las Cortes Generales.

El agitado paso por los órganos consultivos

La Ley de Memoria Democrática, que sustituirá a la de Memoria Histórica impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. Como la primera, el nuevo anteproyecto no ha estado exento de polémica desde el mismo momento de su nacimiento. Así se ha visto en su paso por los órganos consultivos: aparte de la diferencia de criterio en el CGPJ, en el Consejo Fiscal, el informe, en este caso favorable en términos generales, fue aprobado por la mínima, por seis votos contra cinco. La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, se pronunció en último lugar, desempatando la votación que evidenció los apoyos de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) y el rechazo de la Asociación de Fiscales (AF), la mayoritaria de la Carrera y de corte más conservador.

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En el Poder Judicial, además, el trámite consultivo ha sido más arduo de lo previsto. El presidente del órgano de gobierno de los jueces, Carlos Lesmes, tuvo que sustituir a los ponentes inicialmente desisgnados para elaborar el informe, uno del sector considerado progresista y otro conservador, pues las posturas eran tan contrapuestas que no consiguieron llegar a un texto de consenso. La situación llevó al CGPJ a solicitar al Gobierno varias prórrogas a pesar de que el anteproyecto de ley es del pasado otoño y el Ejecutivo quiere sacar la ley adelante lo antes posible.

Pero vista la situación en los órganos consultivos, la tramitación parlamentaria no se espera mucho más tranquila, sobre todo teniendo en cuenta el precedente de la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero. El PP ya ha adelantado su oposición a la norma, mientras que Vox ha asegurado que la recurrirá al Tribunal Constitucional por considerar que vulnera la libertad de expresión y de asociación. 

Aparte de los puntos más conflictivos ya mencionados, la ley pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, prevé la creación del banco nacional de ADN de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, quiere hacer un censo de todas aquellas personas que sufrieron cualquier forma de violencia, coacción o represión, así como de quienes murieron en combate, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, introduce la memoria en los institutos, recrudece la persecución de los símbolos contrarios a la democracia y plantea revocar las medallas y otros reconocimientos otorgados al amparo de la legislación preconstitucional.