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Residencias de mayores

Amnistía Internacional pide proteger a los mayores en residencias: "Que no sean abandonados a su suerte nunca más"

  • La organización urge al Gobierno y a las autonomías a realizar cambios legislativos que blinden la protección de los derechos humanos de la tercera edad
  • Desde su punto de vista, "los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo"

Publicada el 15/06/2021 a las 11:38 Actualizada el 15/06/2021 a las 16:54
Manifestación en Madrid convocada por la Marea de Residencias contra la gestión que se ha hecho de los centros sociosanitarios durante la crisis del coronavirus.

Manifestación en Madrid contra la gestión que se ha hecho de los centros de mayores durante la crisis del coronavirus el pasado mes de septiembre.

EFE

Amnistía Internacional (AI) ha urgido a incluir cambios legislativos que protejan los derechos humanos de las personas mayores en residencias para que "no sean abandonadas a su suerte nunca más", con motivo de la celebración este martes del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, según informa Europa Press.

Así lo sugiere en una guía con siete recomendaciones básicas que pide que se traduzcan en cambios legales para que las autoridades estatales y autonómicas protejan los derechos humanos de las personas mayores que viven en residencias, que han sido las víctimas más vulnerables del covid-19.

"Las residencias se han convertido en el triste ejemplo de lo que es una mala gestión y falta de respuesta de las autoridades, cuyas consecuencias las han sufrido miles de personas mayores, que han sido tratadas como ciudadanas de segunda. Muchas han fallecido y otras han visto gravemente vulnerados sus derechos humanos", denuncia el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán.

En este sentido, añade que "los recortes presupuestarios y la escasez de personal en la sanidad pública no han hecho sino agravar el olvido sufrido por este colectivo".

Por otro lado, considera necesario que tanto a nivel estatal como autonómico se pongan en marcha "investigaciones independientes" que evalúen el grado en que las comunidades y el Estado cumplieron con sus obligaciones de garantizar la calidad de la atención en las residencias y los derechos de las personas mayores durante la pandemia, y pongan en marcha mecanismos de mejora con evaluaciones periódicas para evitar que esto pueda repetirse en el futuro.

"No puede ser que una persona mayor que reside en una residencia de Madrid o Barcelona no tenga los mismos derechos que una que viva en Soria, Zaragoza, Cáceres, Bilbao, Sevilla o A Coruña. Es momento de pensar en las personas mayores y de legislar teniendo en cuenta sus circunstancias sin olvidar que tienen los mismos derechos que todas las personas", asegura Beltrán.

Entre las siete carencias detectadas por AI en la gestión de las residencias destacan: la negación de la atención individualizada y de las derivaciones hospitalarias; un régimen de inspecciones insuficiente; un régimen de visitas incumplido; ausencia de datos desagregados de las personas mayores en residencias; ratios insuficientes de trabajadores en residencias y para cuidados en casa; falta de inversión pública en residencias –0,8% del PIB frente al 1,1% de la UE-27– y falta de participación de los mayores.

Derivación a hospitales sin criterios discriminatorios

En este contexto, Amnistía Internacional reclama que "las decisiones médicas se basen siempre y únicamente en evaluaciones clínicas individualizadas" para decidir la derivación de personas mayores de residencias a centros hospitalarios sin incluir "criterios discriminatorios".

También exige un sistema de inspecciones de residencias que incluya la publicación periódica de datos sobre el número de visitas y los resultados de las mismas y visitas regulares sin previo aviso, y un sistema de denuncias que garantice el anonimato.

Igualmente, pide garantizar el contacto regular entre residentes y familias, y desarrollar un procedimiento unificado para recoger y proporcionar datos sobre las personas mayores en residencias con un análisis de género, edad y discapacidad.

Asimismo, propone adecuar las plantillas del personal de residencias a las necesidades reales y asegurar formación obligatoria y especializada en la aplicación de protocolos y utilización de los EPIs; incrementar los recursos, e involucrar a las personas mayores y sus familiares en decisiones que les afectan.

Según el informe de Amnistía Internacional presentado en diciembre de 2020 y titulado Abandonadas a su suerte. La desprotección y discriminación de las personas mayores en residencias durante la pandemia COVID-19 en España, durante la primera ola de la pandemia "se vulneraron los derechos a la salud, a la vida, a la no discriminación, a la vida privada y a una muerte digna de los usuarios de las residencias españolas".

La situación ha mejorado

Actualmente, AI precisa que "la situación ha cambiado sustancialmente" y no tiene constancia de que en los últimos meses –segunda ola y posteriores– no se hayan producido derivaciones de forma generalizada en ninguna comunidad autónoma.

En particular, las autoridades de los Gobiernos autonómicos de Asturias, Baleares, Castilla y León, Castilla la Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura y Madrid han informado a la organización que derivan a las personas mayores a hospitales cuando es necesario.

Además, la ONG destaca que, en la mayoría de las comunidades se ha flexibilizado y ampliado el régimen de visitas de familiares a las personas residentes tras la vacunación. Pese a ello, familiares y plataformas de afectados han transmitido a AI que las direcciones de algunas residencias han actuado "con discrecionalidad y todavía no se permite el acceso de los familiares a los espacios privados de los residentes, como las habitaciones".

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