Teresa Ribera
El 5 y 6 de diciembre, la OCDE organizó en París una jornada sobre cómo estimular las inversiones en “desarrollo verde”. El moderador de una de las mesas, consejero delegado de una de las firmas que mejor conoce y analiza las claves financieras de la transición hacia una matriz energética limpia y eficiente, ilustraba la falta de confianza de los inversores y las contradicciones en los mensaje con un caso práctico: “¿Invertiría usted sus ahorros en energía solar en España?”. No era una pregunta retórica, sino la respuesta irónica –y negativa, claro- que él mismo obtuvo de un importante grupo de inversores asiáticos interesados en colocar sus cuantiosos fondos en proyectos energéticos con futuro.
Al respecto, cabe hacer dos reflexiones. Una, de índole energética y, otra, sobre la curiosa identidad nacional que proyectamos.
Empecemos por la energética. El ejemplo se ha convertido en el caso práctico más citado en los foros internacionales sobre lo que no se debe hacer. Al principio, cuesta un poco entender por qué el “caso español” ni es sólo español ni es sólo solar. Salta a la vista por qué hay un numeroso grupo de inversores, nacionales y extranjeros, profundamente irritados por las decisiones que recortan la cuantía de las primas que, en su momento, sirvió como garantía de Estado para hacer viable la financiación de la inversión inicial. Una reducción transitoria que, posteriormente, pasa a ser permanente y reiterada y acompañada de otras importantes medidas disuasorias. Los inversores afectados denuncian ante los tribunales y las cortes de arbitraje internacional –quien puede- o reclaman soluciones ad hoc –incluso la dación en pago- entre pequeños ahorradores nacionales que no dan crédito ante una intervención pública que ha convertido el sol en una especie de activo tóxico sin escapatoria.
¿Por qué, además, ha llegado a ser el anatema por excelencia de cualquier analista con un poco de experiencia internacional? Por la sencilla razón de que hemos convertido una legítima duda tecnológica –ya despejada, por cierto- en un verdadero riesgo regulatorio. Si lo que está ocurriendo en España, un país con tecnología y sol, con peso importante de la industria e inversores en el sector, ocurre ante la pasividad y el silencio de las instituciones comunitarias, ¿por qué invertir en renovables? No deben tenerlo tan claro los gobiernos cuando hacen o consienten medidas como ésta. ¿Por qué no esperar a ver qué ocurre? Y, mientras, quizás podamos colocar nuestro dinero en algún continente o sector con menos riesgo.
Se equivoca quien piensa que esto no es más que una pequeña corrección sin consecuencias. Las está habiendo ya. Desde 2011, las cifras globales de nueva inversión en energía limpia caen trimestre a trimestre, situándose el monto actual en un tercio de lo que debiera haber ocurrido para mantenernos en horquillas de seguridad energética y climática. De hecho, la evolución previsible de la demanda global puede generar grandes tensiones en la capacidad de suministro y en los precios en los próximos años, por lo que una mejor coordinación de actuaciones a nivel global y la plena integración de los costes ambientales en los procesos de decisión ayudarían a consolidar un modelo más seguro y asequible. Un retraso en este proceso se traduce en un riesgo mayor de quedar atrapados en costosas infraestructuras que habrá que desmontar antes de lo que su desgaste por uso aconsejaría y un incremento general de los costes económicos y ambientales para nuestras sociedades.
Se equivocan, también, los directivos que piensan que retrasando la irrupción de renovables modulares, pueden asegurarse un mejor tratamiento en bolsa, en acceso a financiación o, simplemente, eludir una degradación de su deuda por estar demasiado expuestos a un modelo de generación tradicional. Las cosas han cambiado y hay propuestas que ya no son creíbles en escenarios a 20 años vista; como tampoco lo es ignorar que el perfil de la demanda y el usuario y las características del negocio evolucionarán con arreglo a un patrón similar al que ha valido los últimos 30 años. Los operadores eléctricos deben ser actores decisivos en la transición energética pero lo inteligente no es aferrarse al “antiguo régimen” sino ser parte activa del proceso de transformación, incluso contribuyendo con fórmulas y calendarios razonables para transitar al nuevo modelo. Ni la solar es la mayor responsable del “déficit de tarifa” de España, ni las pérdidas de la generación térmica en Alemania pueden resolverse por decreto, ni una eventual moratoria renovable generará per se mayor confianza de los mercados para abordar nuevas inversiones energéticas en Europa.
La segunda reflexión del “caso español” a la que aludía tiene que ver con la orientación de nuestras decisiones y las señales que mandamos a los potenciales interesados en invertir en nuestro país. Un moderador patrio hubiera podido preguntar en esa mesa redonda sobre “desarrollo verde”: “Dígame usted en qué recomienda invertir en España: ¿en urbanización en la costa o en cauces de ríos; en cacerías en espacios protegidos; en autovías y autopistas rescatadas por manifiesta sobreestimación de su necesidad; en aeropuertos sin viajeros; en hospitales en quiebra recién construidos mientras se abandonaba la inversión en mejora y garantía de prestación de servicio en los preexistentes; en colegios privados ultraconservadores subvencionados mientras se recorta en educación pública; en programas de I+D+i inicialmente cofinanciados con dinero público hoy retirado, etc.?”
Podríamos, sin duda, ofrecer como atractivo la “competitiva” cifra de paro y la regulación de la entrada y salida del mercado laboral que permite ofrecer, sin bochorno, 640 euros al mes a un trabajador a tiempo completo y facilita una clarísima dualidad salarial y excelentes retornos para el inversor. También podríamos argumentar que las construcciones ilegales se amnistían, que las grandes catástrofes ambientales ocasionadas por incidentes industriales o de transporte se diluyen y absuelven diez años más tarde, que las obligaciones ambientales y sanitarias se relajan para facilitar la recuperación… ¿Vendemos desprotección social y ambiental como activos para recuperar la confianza en nuestro país? Rescatemos nuestras otras posibilidades, revaloricemos nuestros activos naturales, nuestra industria más eficiente en consumo de recursos; nuestras ciudades reinventadas, habitables, atractivas y eficientes en agua, energía y afecciones al entorno; liberemos recursos despilfarrados para destinarlos a reinvertir en nosotros mismos. No despreciemos el inmenso potencial de recuperación y actividad económica de un desarrollo verde e incluyente.
Son elecciones colectivas importantes. ¿Cuáles son nuestras prioridades?, ¿a qué dedicamos nuestro patrimonio común, cómo gestionamos nuestros recursos, incluidos los humanos y los naturales? Son debates públicos pendientes a los que durante años no se les ha dejado espacio porque “España iba bien” y que, ahora, se enfrentan al riesgo de un silencio consentido porque “España va mal” o porque “ahora que España se va recuperando, no es el momento”. Pues bien, no son debates antipatriotas como tampoco son extremistas ni subversivos quienes argumentan que hipotecarse ambiental y socialmente rarísimamente –por no decir nunca- es inversión.
¿Quién y en qué queremos que invierta en España?
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