La sanidad neoliberal

Al calor de la globalización, desde los años 80 del siglo pasado se iniciaron reformas en el Estado social del bienestar con la aplicación de políticas neoliberales en la Unión Europea. En el Estado español, la implantación de estas políticas en sanidad puede explicarse a través de tres hitos fundamentales.

El primero es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aprobada durante el gobierno del PSOE presidido por Felipe González. Esta ley creó el Sistema Nacional de Salud y universalizó la atención sanitaria, pero permitió los conciertos con el sector privado.

El segundo hito es el llamado Informe Abril, impulsado en 1991 por el Ministerio de Sanidad del mismo gobierno socialista. El informe incorporó de forma explícita un marco neoliberal, priorizando eficiencia, contención del gasto y gestión empresarial, y redefiniendo al Estado como regulador más que gestor. Este informe sirvió así de referencia doctrinal para posteriores procesos de privatización en varias comunidades autónomas. Su influencia fue más ideológica que normativa, pero decisiva.

El tercer hito es la Ley 15/1997, aprobada con los votos a favor del PP, PSOE, PNV, CiU (ahora Junts) y CC y los votos en contra del BNG e IU, bajo el gobierno del Partido Popular presidido por José María Aznar, que permitió legalmente la entrada del sector privado en la gestión de la sanidad pública, potenciando así la Colaboración Público-Privada (CPP).

En conjunto, estos tres hitos muestran un proceso continuado, iniciado por gobiernos socialistas y consolidado por gobiernos conservadores, de mercantilización progresiva y privatización parcial del sistema sanitario público en las comunidades autónomas (las CCAA son las que gestionan la sanidad pública, no lo olvidemos).

Deliberadamente se desprestigia y deslegitima la sanidad pública, cuyos servicios inexorablemente se degradan (infrafinanciación de la Atención Primaria, de los hospitales públicos, falta de personal, precariedad laboral, presupuesto irrelevante para estrategias de promoción y prevención de la salud) empujando así a los ciudadanos hacia los seguros sanitarios privados (el 17,2% de la población española disponía de un seguro privado en 2018 frente al 32,6% en 2024).

Deliberadamente se desprestigia y deslegitima la sanidad pública, cuyos servicios inexorablemente se degradan, empujando así a los ciudadanos hacia los seguros sanitarios privados

Hospitales privatizados

En el proceso de privatización de los hospitales del sistema sanitario público ha tenido un papel fundamental la figura de las CPP a través de los llamados modelos PFI (del inglés Private Finance Initiative) y PPP (Public Private Partnership). En el ámbito del Estado español, en la actualidad, hay 20 hospitales que funcionan bajo el modelo de CPP.

Gracias al modelo PFI, empresas privadas, la mayoría constructoras, muchas de ellas hoy en sumarios judiciales por estar implicadas en tramas de corrupción, ejecutaron y financiaron la construcción de los hospitales según un contrato de concesión de obra pública durante treinta años a cambio de recibir un canon anual por el arrendamiento del edificio y, lo que fue novedoso, por la provisión de los «servicios no sanitarios».

El proceso de Colaboraciones Público-Privadas (CPP) en la sanidad madrileña se inició a partir de la primera década del 2000, con el gobierno del PP, siendo presidenta Esperanza Aguirre (2003-2011).

En la Comunidad de Madrid existen siete hospitales modelo PFI: Hospital Infanta Leonor en Vallecas, Hospital Infanta Sofía en San Sebastián de los Reyes, Hospital del Henares en Coslada, Hospital del Tajo en Aranjuez, Hospital del Sureste en Arganda, Hospital Infanta Cristina en Parla y el Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda.

Además, estos siete hospitales están controlados por fondos de inversión especulativos. Esta situación no sólo afecta a la sanidad pública, también a la mayor parte de los servicios esenciales para la ciudadanía: vivienda, educación pública, residencias de mayores, etc.

En el caso de los hospitales modelo PPP, la diferencia respecto de los modelo PFI consiste en que los servicios sanitarios y los «no sanitarios» son gestionados por una empresa privada.

Con estas concesiones a largo plazo, la financiación se realiza mediante una remuneración por población adscrita, per cápita, en función del área sanitaria cubierta y un pago «adicional» por los pacientes que, sin estar en su área de cobertura, quieren tratarse en sus centros a través del sistema de libre elección de hospital.

En la Comunidad de Madrid tenemos cuatro hospitales modelo PPP: Hospital de Torrejón, Hospital de Villalba, Hospital de Valdemoro y Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles.

Pero no solo son hospitales, como el hospital de Torrejón donde hemos escuchado recientemente la cruda realidad: la salud es una mera mercancía, y el paciente, un cliente.

En la Comunidad de Madrid y en otras CCAA hace más de quince años que un sinfín de servicios sanitarios y no sanitarios que creemos “públicos” se han privatizado: análisis clínicos, cirugía menor, cuidados paliativos, diálisis, extracción y donación de sangre, numerosas pruebas diagnósticas, radioterapia, terapias a domicilio, ambulancias y un largo etc.

¿Qué hacer ante el proceso de privatización permanente del sistema sanitario público?

Pues eliminar las causas que han generado esta situación, es decir, derogar los artículos 66, 67 y 90 de la Ley 16/1986, General de Sanidad que permiten la realización de conciertos y convenios singulares con empresas privadas, y la Ley 15/97, que permite la entrada del sector privado en la sanidad pública.

La sanidad pública es nuestra, financiada con nuestros impuestos, así que solo nos queda una opción: defender lo que es nuestro, en la calle

Quien tiene la competencia para derogar estas normas es el Gobierno central. Desde noviembre de 2023 estamos a la espera de que el gobierno de coalición del PSOE y Sumar tome las medidas necesarias para evitar que las diferentes CCAA y la Comunidad de Madrid –en concreto, el gobierno del PP presidido por Isabel Díaz Ayuso– continúen con su política de privatización del sistema sanitario público.

Pero la sanidad pública es nuestra, financiada con nuestros impuestos, así que solo nos queda una opción: defender lo que es nuestro, en la calle.

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Cathy Boirac es vicepresidenta de la Asociación Vecinal de Majadahonda y activista de Audita Sanidad. Vicente Losada es activista de la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad)

Al calor de la globalización, desde los años 80 del siglo pasado se iniciaron reformas en el Estado social del bienestar con la aplicación de políticas neoliberales en la Unión Europea. En el Estado español, la implantación de estas políticas en sanidad puede explicarse a través de tres hitos fundamentales.

El primero es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, aprobada durante el gobierno del PSOE presidido por Felipe González. Esta ley creó el Sistema Nacional de Salud y universalizó la atención sanitaria, pero permitió los conciertos con el sector privado.