INVESTIGACIÓN | Los papeles del 23-F
Tres militares a los que una nota desclasificada señalaba como progolpistas llegaron a la cúpula del Ejército
En esta información, infoLibre identifica a los militares únicamente con sus iniciales. Aunque sus nombres completos aparecieron en la documentación desclasificada por un fallo en la anonimización, este medio ha optado por no reproducirlos por razones legales y de protección de datos.
Tres oficiales del Ejército a los que se situaba dentro de la corriente progolpista tras el 23-F acabaron ascendiendo a los niveles más altos del escalafón militar. Todos ellos aparecían señalados en una nota del Ministerio del Interior, que forma parte de los documentos que acaban de ser desclasificados por el Gobierno, como partidarios de un golpe de coroneles. Algo que, sin embargo, no lastró su carrera. Los tres militares terminaron llegando a generales. Es decir, a la cúpula del Ejército.
Tras la asonada protagonizada por Antonio Tejero en el Congreso de los Diputados, los servicios de información se pusieron manos a la obra. Y empezaron a tomar el pulso en los cuarteles, donde el ruido de sables seguía siendo atronador. "Lo más peligroso y urgente es el Ejército de Tierra", advertía al Centro Superior de Información de la Defensa (Cesid) –los servicios secretos de la época– el coronel José Faura. En una misiva fechada un año después de la intentona golpista, el oficial avisaba que el ambiente se estaba "enrareciendo" y recomendaba vías de actuación para "disiparlo".
Labores de inteligencia que también se pusieron en marcha desde el Ministerio del Interior. Prueba de ello es una nota informativa con el asunto "Involucionismo político provocado por un posible golpe militar. Su incidencia en Valladolid". A lo largo de tres páginas se describen corrientes progolpistas a nivel nacional. Y se hace una valoración de riesgos en la provincia. En este sentido, el informe recoge media docena de militares partidarios de un "cambio fascista" con acciones violentas, ocho a favor de un "golpe de Coroneles" y tres que aspiraban a un "Gobierno de Gestión" con "militares y tecnócratas", si bien en este último se repetía uno de los oficiales del grupo anterior.
A la hora de desclasificar el documento, el Gobierno tachó los diecisiete nombres. Pero un fallo en la censura, posteriormente corregido, permitió durante algunas horas tener acceso a las identidades. El informe no está fechado, si bien por la redacción del mismo y por los rangos que tenían en el momento de su elaboración algunos de los citados podría situarse en los meses posteriores al 23-F. Tampoco cuenta con firma o sello que permita trazar su origen, pero un apunte a mano en la esquina superior derecha hace pensar que procedía de la Brigada de Información de la Policía Nacional de Valladolid.
Enrique Berzal, catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid, ha investigado a fondo cómo se vivió el 23-F en la provincia castellana y la incidencia del golpismo en la misma. Y da "bastante fiabilidad" al contenido del documento desclasificado. ¿Por qué? Porque varios de los nombres que se citan en la nota informativa coinciden con los que hace años le señaló como parte de la línea dura del Ejército un viejo comandante que en 1981 trabajaba en el Servicio de Información. "Los documentos desclasificados corroboran lo que yo había señalado", resalta a infoLibre.
Dos generales de brigada y uno de división
Entre esos nombres que ahora aparecen en el informe estaba G.N., un coronel de Caballería. Y también C.R., del Arma de Infantería. El documento los ubicaba dentro del segundo grupo, aquel que ansiaba un "cambio 'a la turca' por un movimiento casi exclusivamente militar (golpe de coroneles), aunque con apoyos civiles exteriores".
Pese a la inclusión en el citado informe, ambos continuaron haciendo carrera en el Ejército. Y alcanzaron la cúpula. El primero de ellos fue ascendido a general de brigada unos meses después de la intentona golpista. Un puesto al que el segundo llegó algunos años más tarde. Con el socialista Narcís Serra como ministro de Defensa, ocupó un puesto destacado en una de las regiones militares en las que se dividía por aquel entonces el territorio. Y recibió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.
Algo más alto que ellos en el escalafón llegó otro de los militares que se incluyen en el documento en el grupo de partidarios de un "golpe de Coroneles". Se trata de R.G., un nombre que no se encontraba entre los que confiaron en su momento al historiador vallisoletano. En los ochenta, fue promovido a general de brigada. Y en los noventa ascendió a general de División, cuarto nivel en el escalafón –solo por detrás del rey, el JEMAD (Jefe de Estado Mayor de la Defensa), el JEME (Jefe de Estado Mayor del Ejército de Tierra) y los tenientes generales–. Una escalada al generalato en la que coincidió, por ejemplo, con Javier Calderón, quien luego ocuparía durante un lustro la dirección del CSID –ahora Centro Nacional de Inteligencia (CNI)–.
"Como no actuaron pudieron seguir ascendiendo"
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Cuando alcanzaron el generalato, el ascenso se concedía por elección de la Junta de Clasificación de Mandos, dependiente del Consejo Superior del Ejército. No obstante, cualquier promoción exigía una serie de "condiciones de aptitud": cumplir con tiempos mínimos de servicios y condiciones psicofísicas, superar los cursos exigidos y no tener un informe negativo de la Junta de Clasificación –en caso de existir, podía recurrirse ante el ministro de Defensa, que tenía la última palabra–. "Como no actuaron el 23-F y sus nombres no salieron en el juicio, pudieron seguir ascendiendo tranquilamente", sostiene Berzal.
Si finalmente no se movieron las tropas en Valladolid en aquellas horas de 1981 fue, precisamente, porque el entonces capitán general de la VII Región Militar –la que englobaba entonces la práctica totalidad de Castilla y León y Asturias–, Ángel Campano, no se atrevió a dar el paso. Asegura Berzal que estuvo a punto de sumarse al entonces teniente general Jaime Milans del Bosch, el cual le llegó a remitir el bando que él había lanzado en València. Pero que, al final, le disuadió el coronel auditor, Virgilio Peña Peña. Él fue, según el historiador, quien desactivó el golpe en Valladolid.
"Valladolid fue un ejemplo paradigmático de lo ocurrido en el resto de las regiones militares durante el golpe de Estado. La élite militar se dividió entre partidarios de Milans del Bosch –Campano, Engo Morgado y Navarro Figueroa–, dispuestos a sacar las tropas a la calle, y los contrarios a hacerlo –Mejías, Peña Peña y Gómez Rico–, lo que no implicaba que todos ellos estuvieran en contra de la 'Solución Armada'. Esta segmentación fue la causa fundamental de que no se movilizaran las tropas en esta región militar, como ocurrió en otras capitanía generales", explica en uno de sus artículos el historiador Roberto Muñoz Bolaños, profesor del CEIE de la Universidad Camilo José Cela y de la Universidad del Atlántico Medio.