La máquina de los ‘hechos alternativos’ o cómo PP y Vox fabrican una realidad paralela

Hay un experimento clásico en psicología cognitiva que debería colgar enmarcado en la sede del Partido Popular y en la de Vox. En 1977, la psicóloga Lynn Hasher demostró en laboratorio lo que la propaganda política había intuido desde mucho antes: cuando una afirmación falsa se repite suficientes veces, el cerebro humano comienza a procesarla como verdadera.

No porque la persona sea estúpida. Sino porque la familiaridad con un enunciado genera una sensación de fluidez mental que el cerebro interpreta, de forma automática, como veracidad. Lo llamaron “efecto de la verdad ilusoria”. Estudios posteriores han demostrado algo aún más inquietante: el efecto funciona incluso cuando la persona sabe de antemano que la afirmación es falsa. Y también con personas de alto nivel educativo y capacidad analítica.

PP y Vox lo saben. No necesariamente porque hayan leído a Hasher, sino porque llevan años aplicando el principio con disciplina y coordinación: repetir, repetir y repetir, con independencia de lo que digan los datos, los jueces, los científicos o las estadísticas oficiales. Lo que la filósofa Hannah Arendt llamó, con precisión quirúrgica, “defactualización”: la destrucción sistemática de la capacidad colectiva de distinguir hechos de opiniones.

Lo explicó hace unas semanas, con otras palabras, la excongresista MAGA Marjorie Taylor Greene: “Donald Trump ha entrenado a nuestro bando para no disculparse nunca y no admitir sus errores”. La consigna es: “Simplemente sigue machacando a tus enemigos, pase lo que pase”.

La estrategia no persigue el debate racional. Quien la entiende como tal ya ha perdido. Su objetivo no es que el ciudadano le dé la razón, sino que acabe dudando de la realidad. Que ante dos versiones opuestas —una respaldada por estadísticas oficiales, sentencias judiciales o datos científicos, la otra repetida hasta el agotamiento por líderes con alta visibilidad mediática— el receptor no sepa a qué atenerse. En ese estado de confusión, el sesgo de confirmación hace el resto: cada persona tiende a quedarse con la versión que encaja con sus emociones previas.

Un fenómeno con cuatro patas

La técnica tiene cuatro patas que se sostienen mutuamente. La primera es la afirmación sin pruebas presentada como evidencia. No se dice "creemos que" o "hay indicios de que", sino certezas rotundas, sin matices, expresadas con la solemnidad de quien tiene documentos sobre la mesa aunque no los enseñe nunca. Sobre corrupción, sobre prostitución, sobre enfermedades, sobre la autoría de los atentados del 11M, sobre cualquier asunto que implique poner bajo sospecha al Gobierno.

Se escuchan cada semana en las ruedas de prensa e intervenciones públicas de los principales dirigentes de la derecha: Alberto Núñez Feijóo, Miguel Tellado, Cuca Gamarra, Esther Muñoz (la portavoz que hace ahora un año aseguró que no necesitaba pruebas “absolutamente de nada” para hacer acusaciones gravísimas), Santiago Abascal, José María Aznar o Isabel Díaz Ayuso. En ruedas de prensa y en el Pleno del Congreso, en particular en las sesiones de control, que aseguran visibilidad en todos los informativos.

La segunda es la repetición milimétrica: el mismo dato falso, el mismo encuadre ("lo sabía y lo tapó", por ejemplo, sin una sola prueba que lo sustente), el mismo adjetivo, semana tras semana, en rueda de prensa, en mitin, en debate parlamentario, en entrevista de radio.

La tercera es la inmunización al desmentido: cuando un verificador, un juez o la institución competente desmiente la afirmación, la respuesta no es retractarse sino atacar la fuente —"el Gobierno manipula los datos" o "los medios están al servicio de Sánchez"—.

La cuarta es el ecosistema amplificador: una cadena de medios afines, cuentas de redes sociales coordinadas e influencers y youtubers que repiten el mensaje hasta que la mentira ocupa el espacio que debería ocupar la realidad.

El estratega político de la posverdad no quiere que podamos estar en desacuerdo sobre los hechos, sino con ellos mismos, como si nos enzarzáramos en una lucha a brazo partido contra los hechos. Esa es la meta: no ganar el argumento, sino hacer que el argumento sea imposible.

Los ejemplos abundan

Los ejemplos son tan abundantes que el verdadero problema para quien quiera analizarlos es la selección. Veamos algunos de los más persistentes.

Las violaciones. Quizá uno de los casos más documentados de manipulación estadística deliberada. Tanto PP como Vox han repetido en numerosas ocasiones que el número de violaciones en España ha aumentado más de un 200% desde 2018, cuando Sánchez asumió la presidencia. En julio de 2023, Abascal aseguró que habían aumentado un 250%; el candidato de Vox en Extremadura llegó a decir que el incremento fue del 460% en un debate electoral de diciembre.

Por su parte, Feijóo dijo en septiembre que habían crecido un 231%; el 3 de diciembre aseguró que el aumento había sido del 217% y, al día siguiente, que era del 227%. La variación en las propias cifras —que van del 217% al 460% según el día o el orador— revela que no se trata de un error de cálculo sino de una cifra elegida para impactar, no para informar.

La coartada argumental es comparar datos de 2018 con los actuales sin tener en cuenta el cambio normativo introducido en 2022, cuando agresiones y abusos sexuales comenzaron a contabilizarse de forma unificada. En otras palabras: no hay más violaciones. Hay más hechos que ahora se cuentan donde antes no se contaban. Es una distinción metodológica básica. Y se ignora por sistema.

La inmigración y la delincuencia. Es el gran vector de desinformación de la derecha española, y el que más consecuencias reales tiene sobre personas concretas y vulnerables. El binomio migrante-delincuente se construye a base de casos individuales elevados a categoría de tendencia, de estadísticas de fuentes no oficiales presentadas como si lo fueran, y de silencios estratégicos sobre los datos que contradicen el relato.

Los datos oficiales desmienten que España sea hoy un país más peligroso que cuando tenía menos inmigración: la tasa de criminalidad es de 40,6 delitos por mil habitantes en el primer trimestre de 2025, la más baja de la serie histórica según el Ministerio del Interior, mientras que en 2005 —cuando la población extranjera era menos de la mitad de la actual— era de 49,4 infracciones penales por cada mil habitantes. Es decir: mientras la inmigración se ha multiplicado, la criminalidad ha descendido. No hay correlación; hay correlación inversa.

Según cifras del INE correspondientes a 2024, el 71% de las personas adultas condenadas en España tiene nacionalidad española. Y los extranjeros que sí aparecen en estadísticas de condenados lo hacen en mayor proporción que su peso poblacional no porque sean más propensos al delito, sino por factores socioeconómicos y porque el sistema penal actúa con mayor dureza sobre quien carece de redes de apoyo jurídico y económico. Del total de delitos registrados en España en 2023, el 72,2% fueron cometidos por españoles.

Nada de esto ha detenido el discurso. Según un análisis de mensajes difundidos en redes entre abril y junio de 2024, la mitad de las publicaciones relacionadas con personas migrantes contienen información falsa, tergiversada o manipulada, y el 45% de las menciones engañosas se alinean con postulados de extrema derecha. La maquinaria funciona.

Lo más revelador del efecto práctico de este discurso lo ofrece un dato que conocen bien los sociólogos. Cuando el asunto desaparece de la agenda mediática o deja de ser usado como conflicto entre instituciones, la preocupación de los ciudadanos desciende de forma muy marcada. La preocupación no refleja una realidad objetiva cambiante. Refleja el volumen del altavoz.

La economía y el paro. Feijóo y Abascal han descrito durante años una España en descomposición económica, con cifras de pobreza extrema y desempleo catastrófico, mientras los datos del INE, la Seguridad Social y Eurostat pintaban un cuadro sustancialmente distinto. Cuando el Gobierno aprobó la reforma laboral, auguraron una destrucción masiva de empleo. Cuando se subió el Salario Mínimo Interprofesional, pronosticaron una catástrofe. Los datos no les dieron la razón en ninguno de los dos casos, pero las predicciones apocalípticas no se retiraron ni se reconoció el error: simplemente se sustituyeron por nuevas predicciones calamitosas basadas en afirmaciones sin pruebas que se repiten una y otra vez ("el Gobierno maquilla los datos del paro"). La técnica no necesita acertar. Necesita ocupar el espacio.

El 11-M y la memoria histórica. La teoría de que el atentado del 11 de marzo de 2004 fue obra de ETA ha sido descartada por la instrucción judicial, por el juicio oral, por la sentencia de la Audiencia Nacional y por los hechos conocidos. No existe ninguna resolución judicial, ningún informe policial, ninguna investigación periodística rigurosa que apoye esa tesis. Sin embargo, ha sobrevivido durante dos décadas en el ecosistema mediático de la derecha española como verdad alternativa, resucitada periódicamente cuando la actualidad política lo hace conveniente. Hasta el punto de que esta misma semana ha sido objeto de la presentación de un libro, firmado por el exministro Jaime Mayor Oreja, plagado de mentiras y especulaciones disparatadas.

Sánchez y Maduro. La narrativa sobre una supuesta amistad o connivencia del presidente del Gobierno con el régimen venezolano ha funcionado durante años como acusación política con vida propia, resistente a cualquier desmentido. Feijóo y Abascal han señalado a Sánchez y Zapatero como aliados del régimen de Maduro. La acusación no requiere pruebas porque no pretende demostrar nada en el sentido clásico del término: pretende instalar una asociación emocional. Sánchez = Maduro = dictadura. La repetición hace el resto.

"No soy presidente porque no quiero". Este bulo destaca por su audacia. Feijóo ganó las elecciones generales de julio de 2023 en votos pero no logró la mayoría necesaria para ser investido. Y afirma que no gobierna porque no quiso pactar con Junts, tratando de ocultar que, de haberlo hecho, no habría contado con el apoyo de Vox. El discurso del bloque de derechas trata de cuestionar la investidura alternativa de Sánchez, que fue el resultado de una aritmética parlamentaria absolutamente reglada y legal.

La narrativa de la derecha, sin embargo, instaló la idea de que Feijóo "no quiso" ser presidente, o de que el cargo le fue "robado". No existe ningún mecanismo constitucional, ningún precepto legal, ningún precedente democrático que avale esa lectura. Pero se repite con tal insistencia que una parte significativa del electorado de derechas la asumió como verdad establecida.

Un problema global

Lo que ocurre en España no es un fenómeno aislado. Es la versión local de una tendencia que ha transformado el ecosistema democrático occidental. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Orbán en Hungría, los impulsores del Brexit en Reino Unido: todos han aplicado variantes del mismo método con resultados electorales, en algunos casos, notables. Los hechos alternativos tienen detrás un potente aparato mediático y propagandístico que los respalda y que hará todo lo posible por hacer que esas falsedades parezcan explicar la realidad o, al menos, que no parezcan mentiras.

Lo específico del caso español es la asimetría entre la intensidad del discurso y la realidad que pretende describir. España es una de las economías con mayor crecimiento de la UE. Tiene la tasa de criminalidad más baja de su historia. Acoge a millones de migrantes que cotizan a la Seguridad Social y sostienen en parte el sistema de pensiones. Ninguno de estos hechos ha conseguido desactivar una narrativa que describe un país en colapso, invadido, inseguro y gobernado por una especie de conspiración bolivariana. La distancia entre el relato y los datos es, en el caso español, excepcionalmente grande.

Entender por qué este método funciona exige abandonar la creencia de que solo afecta a personas poco informadas o poco inteligentes. Los estudios sobre el efecto de la verdad ilusoria son categóricos: el mero hecho de repetir mentiras obvias cinco veces permite aumentar su "verosimilitud percibida", y la inteligencia o la capacidad analítica no inmuniza contra este efecto.

El mecanismo se articula además con otro fenómeno bien documentado: la disonancia cognitiva. El deseo de tener certezas y asideros a los que aferrarnos en situaciones de incertidumbre se convierte en el caldo de cultivo idóneo para que crezcan los hechos alternativos.

Esas falsedades cumplen una función: nos hacen sentir cómodos, nos brindan seguridad, eliminan las disonancias. En épocas de cambio acelerado, de inseguridad laboral, de transformación demográfica, hay un mercado emocional para explicaciones simples que señalen a un culpable claro. Los migrantes, Sánchez, Maduro: la narrativa de la derecha española ofrece siempre un responsable preciso para angustias difusas y estructurales.

A esto se añade lo que los analistas llaman el “efecto rebote”: cuando alguien ya ha integrado una creencia falsa en su identidad política, presentarle datos que la contradicen no le hace cambiar de opinión. Le hace reafirmarse. El desmentido se convierte en prueba de la conspiración. Quien desmiente es el enemigo.

La responsabilidad de los medios

El método de los hechos alternativos pone a los medios de comunicación y a los políticos que intentan huir de esta pauta ante un dilema sin salida fácil. Desmentir la mentira la amplifica. No desmentirla, la deja correr. El fact-checking es necesario, pero insuficiente: llega a quien ya tiene dudas, rara vez a quien ya creyó. Y el formato clásico del debate político —dos versiones enfrentadas con idéntica visibilidad— iguala artificialmente el peso de las afirmaciones verificadas y las inventadas.

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Lo que sí funciona, según la literatura académica disponible, es vacunar antes de que la mentira llegue: explicar el mecanismo antes de que se aplique. No decir “esto es falso” sino “esto es verdadero”, “van a intentar convencerte de lo contrario” y “así es como funciona el truco”. Es lo que los investigadores llaman prebunking o inoculación informativa. Requiere una ciudadanía con educación mediática y un periodismo que abandone la falsa neutralidad y ejerza la verificación como norma, no como una sección especial o algo que hacen organizaciones especializadas.

La pregunta ya no es si PP y Vox mienten. Es otra más incómoda: ¿por qué una democracia madura, con instituciones sólidas, con datos públicos accesibles y con un periodismo relativamente activo, no ha encontrado aún el antídoto eficaz contra una estrategia cuyo manual de instrucciones lleva décadas sobre la mesa?

La respuesta exige mirarse también hacia dentro. La posverdad no es solo un problema de quienes la producen. Es un problema de las condiciones —económicas, emocionales, institucionales— que hacen que una parte de la ciudadanía la encuentre más satisfactoria que la verdad. Mientras esas condiciones existan, el negocio de los hechos alternativos seguirá siendo rentable.