Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.
Me atrevo a señalar que desde la judicialización del procés catalán en 2017 –desde el alucinógeno escrito de imputación del difunto fiscal Maza– no hemos parado de conocer autos “creativos” de todo tipo, que han condicionado, marcado y frustrado iniciativas políticas y legislativas –parezcan bien o mal– perfectamente legítimas. A la vista de la agenda judicial y policial de los últimos ocho años, hay mañanas que uno se pregunta desde dónde se gobierna realmente en España: ¿desde la Moncloa o desde el Supremo? ¿Desde la Carrera de San Jerónimo o desde la Audiencia Nacional? ¿Quién ejerce un mayor poder real: el ministro del Interior o el jefe de la UCO?
Para no irnos demasiado lejos, basta con observar el rosario de iniciativas judiciales y policiales que se han concentrado exactamente en el calendario del juicio oral de la Kitchen, esa cocina industrial de la corrupción de Estado que dedicó a la cúpula del ministerio del Interior y a más de setenta agentes a espiar al tesorero del PP y a tapar las pruebas que pudieran salpicar a la dirección del partido y al Gobierno de Rajoy en un sistema de corrupción sostenido en el tiempo y que incluía desde financiación irregular a sobresueldos en efectivo o uso de dinero negro para reformar la mismísima sede de la formación política.
Es fundamental en estos tiempos políticos veloces y gaseosos manejar los “focos de atención”. De qué y de quién hablamos. Y llevamos meses hablando muchísimo más de Begoña Gómez, de David Sánchez, de Ábalos, Koldo, Cerdán o Leire Díez que de un tal Fernández Díaz, que no es casi nadie, oiga, todo un exministro del Interior y su cúpula policial. Este mismo viernes se leen titulares que recogen que el juez Pedraz imputa a la directora de la Guardia Civil por “intimidación institucional” a la UCO. Mercedes González está acusada de prevaricación y de obstrucción a la justicia por haberse reunido dos veces con la ínclita Leire Díez, que al parecer pretendía –presuntamente reportando sus acciones a Santos Cerdán– presionar a jueces, fiscales y agentes para que no investigaran nada que afectara al Gobierno o al partido socialista. Se acusa a Mercedes González de generar un “efecto desaliento” en el trabajo de los investigadores. Yo no tengo datos suficientes para confirmar o desmentir tal cosa. Lo que sí conozco bien –como cualquiera que se moleste en leer, escuchar y recordar– es lo que tuvieron que sufrir jueces como Pablo Ruz o Baltasar Garzón o inspectores como Manuel Morocho, presionados, apartados, perseguidos… “desalentados” de verdad.
La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones
Pero lo cierto es que el foco de atención ya está de nuevo puesto donde se precisa para seguir desangrando al Gobierno de coalición. ¿Tuvo algún efecto o consecuencia concreta –más allá del supuesto desaliento– el siniestro trabajo de esa fontanera que tan pronto se sentaba con un fiscal como con un periodista de El Confidencial preocupado por lo que Villarejo tuviera grabado sobre él? A la vista de los procesos seguidos contra la mujer y el hermano de Sánchez, la liquidación sin pruebas del fiscal general del Estado, la condena a ¡24 años de cárcel! para Ábalos y de 19 para su ayudante por el caso Mascarillas, el premio millonario para el corruptor de la trama, Víctor Aldama… no parece que esa presunta trama de obstrucción de la justicia haya tenido el menor éxito.
Resulta complicado percibir una apariencia de imparcialidad en el trato que se ha dado al novio de Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez al exonerar a este de cualquier responsabilidad en la filtración de datos de periodistas a los que señaló además como “acosadores” cuando simplemente cumplían su trabajo. Si García Ortiz borraba los datos de su móvil siguiendo protocolos de seguridad ligados a su cargo de fiscal general, lo hacía para ocultar pruebas que le implicaran en la filtración de datos reservados del novio de Ayuso. Pero que este borrara el contenido de su móvil porque alguien había hackeado el de sus abogados es considerado perfectamente lógico y creíble. Sin pudor.
Quiero quedarme en algo muy cercano: la investigación que mis compañeros Álvaro Sánchez Castrillo y Manuel Altozano vienen haciendo sobre el gigantesco sumario del caso Plus Ultra. Todo el foco de atención está puesto en Zapatero y esas “malditas joyas” (en palabras del juez Calama). Veremos si el expresidente puede aportar datos del origen de las mismas y de su valor exacto. No le quito importancia al asunto. ¿Pero por qué no poner también el foco de atención en que todo un juez en ejercicio, Manuel García-Castellón, “Manolo” para sus amigos venezolanos –el mismo, por cierto, que persiguió durante más de dos años a Podemos y sus principales dirigentes sin la menor prueba y basándose en bulos– se ofreciera a mediar por los intereses legales y procesales de Plus Ultra, la aerolínea entonces recién rescatada por el Gobierno, con el objetivo de que Vox dejara de poner trabas a la legalidad del rescate? (ver aquí). ¿Es normal que el hoy ya exjuez ubique su despacho de abogado en la sede oficial de Plus Ultra en Madrid? (ver aquí). ¿Acaso no convendría saber si en algún momento García-Castellón recibió algún emolumento de Plus Ultra por sus gestiones? ¿No resulta curioso el giro que Vox dio en los juzgados sobre la causa Plus Ultra tras las gestiones de García-Castellón y del oscuro empresario mediático Julio Ariza? De “escandaloso” pasó a considerarlo un “pequeño caso” (ver aquí).
Los últimos datos oficiales de la UE reflejan que los españoles sitúan a los jueces a la cola de Europa en independencia, precisamente por la politización de la justicia (ver aquí). El descrédito de la dama ciega no es culpa de quienes critican/criticamos actuaciones, autos y sentencias concretas, sino más bien de esa diáfana apariencia de parcialidad, esa doble vara de medir, ese doble ritmo en el tiempo de instrucción de cada causa o esos clamorosos disparates jurídicos como los que viene cometiendo el juez Peinado en su persecución a Begoña Gómez. Cabe preguntarse por enésima vez a qué se dedica el Consejo General del Poder Judicial y especialmente su comisión deontológica. El llamado Inquisidor sí parece llevar los ojos vendados, porque ni siquiera ve ofensivo que un juez en ejercicio insulte o difame en las redes al presidente del Gobierno.
La democracia es (también) un sistema en el que cualquier juez que quiera hacer política debe presentarse a las elecciones.
P.D. La semana deja otra conclusión netamente política: adiós a la ‘vía andaluza’ del PP, a la ‘rama moderada’ de Moreno Bonilla. El documento firmado con Vox asume la “prioridad nacional” que Moreno calificó en campaña de “ilegal”, “inconstitucional” o “eslogan vacío”. Como recoge el resto de exigencias que Vox ha impuesto en los pactos firmados en Extremadura, Aragón y Castilla y León. El ciclo electoral forzado por Feijóo en diciembre con el objetivo declarado de ensanchar la diferencia con Vox ha concluido con un ganador muy claro: Abascal, que será el próximo vicepresidente del Gobierno si finalmente los números dan para que las derechas extremas lleguen a la Moncloa. (Y darán, si un PSOE abrasado por sus propios errores y unas izquierdas desorientadas y sin liderazgo no terminan de despertar para volcarse en un proyecto ilusionante de país plural, diverso y moderno). Prioridad progresista.
Resulta cansina e inútil la discusión permanente sobre si en este país existe lawfare (“persecución judicial, instrumentalización de la Justicia o judicialización de la política”, según la triple definición de Fundéu). Llámenlo como quieran, pero quien a estas alturas no vea actuaciones judiciales concretas cuyo origen y efectos son netamente políticos está mucho más ciego que la dama supuestamente invidente. No me refiero únicamente a sentencias y autos concretos (ya numerosos) que no resisten un análisis académico. ¿Qué dice usted, si no es jurista? Pues digo lo que me dicta la consulta permanente con juristas de contrastada solvencia y también lo que responde a la lógica, al sentido común, a la ecuanimidad… Para ser justa, la administración de justicia tiene la obligación de aparentar imparcialidad y, si es posible, ejercerla. Para ser creíble, debe ser comprensible. Todo esto no es un desiderátum sino un simple recordatorio de las obligaciones que cualquier juez tiene el deber de cumplir como servidor público –sí, público, que demasiado a menudo se olvida–.