Buzón de Voz

Una vía reconstituyente

Cualquiera diría que el orden del día parlamentario para este jueves ha sido ideado por el mayor enemigo de Pedro Sánchez o por el mejor amigo de Mariano Rajoy. El caso es que en la misma jornada se vota en el Congreso la aprobación del Cupo vasco y se celebra después  la primera reunión de la llamada técnicamente Comisión para la evaluación y modernización del Estado Autonómico. El Cupo contará con el voto favorable del PSOE, a pesar del incendio provocado en sus principales federaciones, mientras la Comisión nace moribunda, sin la asistencia de Unidos Podemos ni de los nacionalistas y con el indisimulado desprecio del propio PP y de Ciudadanos.

Casi todo lo que está pasando tiene relación directa o indirecta con el estallido catalán o encuentra justificación en las ondas desatadas por el mismo, a la espera de comprobar si el 21 de diciembre abre algún nuevo camino que sirva de “reconstituyente” a un Estado que ahora mismo está hecho unos zorros.

Con la actualización del Cupo el Gobierno cumple su compromiso con el PNV en el acuerdo de Presupuestos para 2017, al tiempo que incumple lo que prometió a principios de año a todas las demás comunidades: que antes de 2018 tendría lista la reforma de la financiación autonómica pendiente de revisión desde 2014. Una vez más, Rajoy pone por delante su interés partidista a costa de abrir un nuevo frente en la crisis territorial, y de paso coloca a su principal adversario, Pedro Sánchez, en una mayor debilidad ante sus propias filas. Niquelado (para los intereses del PP).

Lo que internamente le reprochan a Sánchez desde Andalucía, Valencia, Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha o Baleares no es tanto el voto a favor del Cupo (con el argumento de que se trata de un compromiso obligado por la Constitución) sino que se apruebe su actualización sin exigir como condición previa lo que precisamente acordó la Ejecutiva federal del PSOE en su reunión del pasado lunes: una reforma urgente de la financiación autonómica que garantice la igualdad de toda la ciudadanía en el acceso a servicios públicos de calidad independientemente de dónde vivan, así como resolver los problemas de déficit excesivo acumulado por comunidades claramente infrafinanciadas (como Valencia o Andalucía, entre otras).

Es verdad que la Constitución reconoce al País Vasco y a Navarra su singularidad como territorios forales, y establece el Cupo y el Concierto (fórmulas procedentes del siglo XIX) como marco que regula sus relaciones financieras con el Estado central. Los gobiernos de esas comunidades recaudan todos los impuestos y pagan al Estado una cantidad por las competencias no transferidas o servicios que realiza el Estado. Esa cantidad debe revisarse cada cinco años, pero durante la última década no ha habido acuerdo sobre la actualización de la misma.

La mayoría de los expertos (incluidos los elegidos este mismo año por PP y PSOE como asesores para la revisión de la financiación autonómica) consideran que el País Vasco y Navarra deberían contribuir a la solidaridad interterritorial, y recuerdan que el mantenimiento de ese marco económico es excepcional en el panorama internacional. Pero nunca hasta ahora se había puesto tan en entredicho desde la política. El estallido catalán ha abierto (también) esa caja de los truenos.

La reforma constitucional pendiente

El principal argumento esgrimido hasta ahora desde el PSOE para justificar su apoyo al Gobierno en la reacción a las decisiones tomadas por los independentistas catalanes es el compromiso de Mariano Rajoy para abordar una reforma constitucional dentro de seis meses, una vez concluidos los trabajos de la citada comisión parlamentaria que analice el funcionamiento del modelo autonómico. Pero hace justo una semana, tras la constitución formal de la comisión, el portavoz del PP ya soltó la primera bofetada: “No hemos venido aquí con la idea de reformar la Constitución…” Por si alguien pensara que José Antonio Bermúdez de Castro es un verso suelto, la propia vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha encargado estos días de echar más agua fría a las expectativas de esa posible reforma. El tercer mimbre del 155, Albert Rivera, directamente ha proclamado que la comisión planteada por el PSOE “no tiene ningún futuro”.

De modo que este jueves, tras esa aprobación del Cupo que tanto ha encabronado a barones y baronesas socialistas, se reúne por primera vez una comisión que se sabe de dónde viene (el estallido catalán) pero no se sabe a dónde conduce. Lo mejor que le ha pasado a la propuesta de Pedro Sánchez ha venido de fuera de la política. Diez catedráticos de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo de distintas universidades y diferentes posiciones ideológicas han presentado esta misma semana un documento consensuado bajo el título Ideas para una reforma de la Constitución. Si Rajoy se tomara la molestia de leerlo (son sólo quince páginas) descubriría que quienes saben de esto mucho más que la plantilla de abogados del Estado capitaneada por la vicepresidenta sí que consideran necesario y urgente “afrontar la reforma de la Constitución” para poner remedio no sólo a la crisis de Cataluña sino a la “seria crisis constitucional en que estamos inmersos”.

Es muy probable que José Enrique Serrano, el diputado socialista que el propio PP deseaba en la presidencia de  la comisión, plantee que los autores del citado documento sean oídos en el Parlamento. Que sean escuchados ya es más difícil, a pesar de que sus planteamientos (inspirados en varios modelos federales) son tan pragmáticos que hasta evitan apellidar la reforma como “federal”, conscientes de la identificación que la derecha española hace de inmediato con la República. Existen otras propuestas de reforma constitucional también sólidamente argumentadas (por ejemplo la de Federalistas de Izquierda).

Todas parten, como es lógico, de un análisis de los errores y defectos del Estado autonómico, así que todas pueden y deben ser atendidas en esta comisión parlamentaria. Pero que no se engañe Sánchez ni pretenda engañar a nadie: la mayoría de quienes forman la comisión no creen en absoluto en ella. Desde el PP y Ciudadanos se dedicarán a devaluar su utilidad porque ya lo han hecho antes de nacer. Quieren pensar desde el PSOE que tras las elecciones del 21-D quizás cambien las cosas, incluso que Unidos Podemos y los grupos nacionalistas se replanteen su ausencia de la comisión que este jueves se estrena. Nada es imposible, pero a la vista del orden del día parlamentario de este jueves, es más visible el entendimiento del PNV con Rajoy que el de Sánchez con Iglesias.

P.D. Finalizada la primera reunión de la Comisión territorial, hemos sabido que el PP, Ciudadanos y UPN han rechazado que las primeras comparecencias se produzcan el 4 de diciembre, como pretendía el PSOE. De modo que, con el argumento de que no deben coincidir sus trabajos con la campaña electoral catalana, la comisión no echará a andar en realidad hasta enero.

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