Justicia a la carta

Una ciudadana y un ciudadano enfrentan sus posiciones en un juzgado a propósito de un supuesto caso de agresión sexual y a los cuatro días el país entero ve y oye estupefacto los escabrosos detalles de su relación sexual: que si las tetas, el culo, el pene… en la cama o de pie. Un juez maleducado con probable prisa por irse a comer somete a ambos –en el caso de ella es especialmente groseroa preguntas directas sin el más mínimo decoro y sin ninguna necesidad indagatoria. Y las respuestas de los dos –querellante y querellado– se filtran al público en baja pero clarísima resolución: las ha grabado, como es habitual, el propio Juzgado, y una de las partes o algún funcionario las ha pasado a algunos medios de comunicación. El juez, que podría haber exigido que las imágenes o incluso la transcripción no fueran difundidas, autorizó su distribución.

 Y de pronto parece inapelable lo que a propósito del fiscal general sigue siendo cuestionable:

No existe “la Justicia” como si de un ente inmaculado se tratara, sino seres humanos de toda condición, algunos de condición muy baja

Primero, que hay jueces fachas y jueces progresistas y jueces mediopensionistas. Los hay listos y tontos, amables y groseros, buenos y malos, sabios o necios. Que no existe “la Justicia” como si de un ente inmaculado se tratara, sino seres humanos de toda condición, algunos de condición muy baja.

Segundo, que se les puede criticar. Vaya si se puede. A propósito de la grosería con que el juez Adolfo Carretero ha tratado a Mouliaá y a Errejón, se han manifestado oportunamente cientos de voces críticas, incluida la del Gobierno, por boca de varios de sus ministras y ministros. Y no ha venido el PP a afearle la queja por inmiscuirse en las decisiones judiciales. Claro que se puede señalar a los jueces: sólo faltaría que pudiéramos meternos con el rey, con el presidente del Gobierno, con el fiscal general, con dios y con la virgen, y no pudiéramos hacerlo con Carretero o Peinado, con Marchena o López. Pero ¡cuidado!: estos señores se creen por encima de cualquier otro poder del Estado. Tienen de hecho la capacidad omnímoda de enviarnos a la Guardia Civil a su casa, modesto lector, o a la de un servidor, modesto opinante. Que se prepare el españolito que caiga en manos de uno de esos jueces malhumorados o malintencionados.

Tercero, que aquí se filtra todo con mucha alegría, por lo que sorprende que se esté buscando con tanto ahínco la fuente de un correo electrónico entre el abogado de Alberto González Amador y la Fiscalía. La amante del rey emérito ha filtrado sus intimidades, como se filtraron las de otras amantes. Se ven cada semana en la prensa sumarios protegidos teóricamente por el secreto y exclusivas con documentos reservados. No solo no reprobamos su publicación, sino que la premiamos por tratarse de “periodismo de investigación”. Cada día se exhiben domicilios particulares, intimidades, apuntes bancarios y secretos de ciudadanas y ciudadanos indefensos. Se da por hecho que hay un derecho a la información protegido por la Constitución que ampara esas publicaciones de modo general. Sí, pero ¡cuidado de nuevo!: como ese ciudadano sea el novio de la deslenguada y desinhibida presidenta de la Comunidad de Madrid, autor confeso de dos delitos contra la Hacienda Pública, y esté asesorado por un kamikaze de la Comunicación, temblarán incluso las más altas instituciones del Estado hasta que se encuentre a quien filtró el papelito que lo constataba. En fin, Justicia a la carta, podríamos llamarlo. O pura aplicación de la Ley del Embudo, si se prefiere.

Más sobre este tema
stats