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En Transición

Constatado el fracaso, sólo queda votar

La aplicación del artículo 155 de la Constitución española supone el reconocimiento de un doble fracaso. La constatación de que no se ha sido capaz de solucionar el problema por las vías del diálogo y la política, y lo que es peor: la evidencia de que no se tiene un plan viable y eficaz capaz de sacarnos del atolladero (a ser posible, mejorando nuestra democracia). Quizá por eso cada una de las partes lleva meses jugando a que el contrario le legitime su siguiente movimiento como “inevitable”, culpándole de dejarle sin posibilidad de hacer otra cosa. Salvo el paréntesis de la declaración de independencia no votada ni proclamada pero anunciada y firmada al margen, y la puesta en marcha de las aclaraciones previas a la entrada en vigor del 155 sin nombrar el precepto en ningún momento, el resto de movimientos parecen hechos para hacer avanzar al otro hacia un lugar donde supuestamente ninguno de los dos quieren llegar.

El pasado sábado Rajoy, en su declaración, olvidó a Lakoff y su clásico “No pienses en un elefante”, y se saltó la primera regla de toda comunicación: jamás empieces una frase con un nono. Cuando el Presidente afirmó con tono solemne que “No se suspende la autonomía ni el autogobierno en Cataluña” mentó al elefante. Rajoy sabe perfectamente que las medidas aplicadas en un 155 de lo más hard suponen, de facto, una suspensión de la autonomía y del autogobierno, como han señalado diversos juristas. En caso contrario no lo hubiera negado. Ahora bien… ¿Es consciente de cuáles pueden ser las repercusiones de esta aplicación? ¿Sabe cuál es el siguiente movimiento? Frente a los que piensan que todo esto es fruto de una oscura estrategia diseñada en reservados privados, me temo que no hay ni estrategia, ni táctica siquiera. La reacción de culpar al otro de que te obligue a hacer lo que (supuestamente) no quieres hacer desvela la debilidad de cada cual.

A partir de este momento, pueden pasar dos cosas: que algo o alguien consiga detener la puesta en marcha de estas medidas (para lo que quedan escasamente cuatro días), o que, por contra, el precepto siga su curso y se aplique tal cual está planteado. Si finalmente esta versión del 155 se lleva a efecto, con o sin DUI, ¿hasta dónde está Mariano Rajoy dispuesto a llegar para garantizar su efectividad? El análisis de los hechos pasados y las primeras reacciones desde Cataluña, tanto del Govern como de la parte más independentista de la sociedad, dibujan un escenario donde no es descartable que veamos a los ministros o a sus delegados entrar a las consellerías acompañados de efectivos de la Policía Nacional. O a los nuevos directivos de Catalunya Ràdio nombrados desde Moncloa arrancando el micrófono a los periodistas que ya han anunciado que no reconocerán a los nuevos responsables. Y si al cabo de unos meses –seis como máximo–, Rajoy convoca elecciones en Cataluña, ¿qué ocurrirá si las fuerzas nacionalistas las boicotean? ¿Y si no las boicotearan y las ganaran, reforzadas y cohesionadas como nunca por un relato de víctimas que el propio Rajoy les ha regalado? Todos estos escenarios nos dibujan un panorama desolador que cualquier responsable político debería querer evitar.

Lo único que puede paralizar el desastre, al parecer, es la convocatoria de unas elecciones. Elecciones que el propio Puigdemont, para salvar la autonomía, debería convocar, aunque para contentar a la CUP y a parte de ERC las llamara “constituyentes”, sabiendo como sabemos que serían unas elecciones autonómicas de máxima importancia en clave destituyente.

Ahora bien, la convocatoria de estas elecciones por sí mismas tampoco resuelve nada. Si las encuestas no se equivocan, el bloque nacionalista no se vería desgastado; más bien al contrario, podría ir hilando otras alianzas que hicieran que, al término de la noche electoral, se comprobara la división de la sociedad catalana y la profundidad del conflicto. Para que estas elecciones cumplieran su papel de catarsis, tendrían que ir acompañadas de un acuerdo para poner en marcha un nuevo proceso que cada cual apellidaría como quisiera, pero que inevitablemente pasaría por el diálogo, la negociación, y una expresión popular de aceptación o rechazo por parte de la sociedad catalana.

Las elecciones necesitan normalidad, y la izquierda, incómoda, un relato

Pero no podemos olvidar una cosa: el desafío que supone el conflicto en Cataluña, y lo que tiene de ruptura con el edificio institucional y su encaje territorial recogido en la Constitución de 1978, requiere de un debate en profundidad y de un posicionamiento por parte del conjunto de la sociedad española. En democracia esto supone una convocatoria de elecciones generales donde cada cual plantee su modelo. Sobre todo, si se cuenta con un gobierno en minoría apoyado en alianzas débiles que a día de hoy no le permitiría, ni siquiera (salvo inmolación del PSOE), aprobar los presupuestos del 2018. Así las cosas, tanto para actuar en un sentido como en otro, o no hacerlo, el Gobierno necesita de un apoyo estable y un respaldo de la sociedad española que a día de hoy no tiene. Quizá así podamos tener un debate a la altura de las circunstancias, y la izquierda, alguna posibilidad de salir de ésta con vida.

Pensar que el conflicto surgido en Cataluña es algo puntual y transitorio que puede restablecerse a fuerza de medidas coercitivas y sentencias es, una vez más, desconocer la naturaleza política y altamente compleja del conflicto. La realidad nos muestra lo contrario: el sistema de organización territorial diseñado en la Transición se ha agotado, y el Estado no ha sido capaz, a lo largo de cuarenta años, de gestionarlo con la suficiente flexibilidad para que siga en pie. Como todo el mundo sabe, en los países con riesgo sísmico, cuando sacude el terremoto los buenos edificios oscilan lo suficiente para mantenerse en pie, en contra de lo que les pasa a los que están mal pensados o mal construidos, que se derrumban. Eso es lo que le ha pasado a nuestro modelo de organización territorial (y a otras cosas también).

Si ampliamos el foco veremos cómo la segunda transición, cuyo comienzo podemos simbolizar con la modificación del artículo 135 de la Constitución española poniendo en jaque el Estado de Bienestar, puede estar acabando con la aplicación del 155, que supone reconocer el fracaso del modelo de organización territorial vigente durante cuarenta años. Si esto fuera así, la segunda transición la habría ganado la derecha. Conviene tener presente en qué momento histórico se enmarca este conflicto para no perder la perspectiva ni la trascendencia de las decisiones.

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