En Transición

Cuando la política es inútil

La política es útil cuando ayuda a que todos y todas, los que estamos y los que estaremos, vivamos lo mejor posible. Por contra, la política es inútil y fracasa estrepitosamente cuando persiste o incluso agrava los conflictos y dificulta la convivencia. El estudio de los diferentes movimientos de impugnación que han tenido lugar en nuestra reciente historia así lo demuestra: El 15M catalizó la indignación contra los que no eran capaces de gestionar la crisis económica, social y política, e incluso la agravaban en beneficio de unos pocos. Es en estos momentos, en los que la política es inútil, cuando surge lo que denominamos desafección, y que desde el punto de vista de la sociología y la ciencia política recoge dos significados diferentes: desapego e indiferencia por un lado, pero también "desafección institucional", es decir, desconfianza y sentimientos negativos y de rechazo hacia los mecanismos de representación. En esta situación es en la que se puede encontrar la sociedad catalana y por ende, la española.

¿Por qué no ha surgido entonces un 15M en el procés?, se preguntarán. Obsesionada por la misma idea, he consultado con varios colegas que viven y estudian del cerca el fenómeno. Todos coinciden en señalar que la polarización social es de tal calado que resulta muy difícil que surjan espacios para otras iniciativas, como Parlem?, que sacó a las calles de las principales ciudades españolas a miles de personas a principios de octubre. Cuando la política es inútil, el acuerdo es casi imposible.

Efectivamente, a juzgar tanto por la última oleada del Centre d'estudis d'opinió como por las diversas encuestas que se van conociendo, la sociedad catalana se encuentra dividida en dos. En parte, por profundas, plurales y complejas causas que subyacen desde hace décadas y que son las que deberían llevarnos a encontrar un encaje al puzle. Pero también porque la misma política inútil e incapaz de resolver el conflicto está poniendo mucho de su parte para exacerbarlo. Denominando constitucionalista a una de las posiciones, ¿se pretende dejar a la otra fuera de la Constitución? En ambos sectores convive, además, una enorme pluralidad de posiciones cuya unidad sólo se mantendrá ante el enemigo común: el otro. Ojo, por tanto, porque el lenguaje que se va empleando en la elaboración del relato está ayudando notablemente a la cohesión de ambos bloques unidos por su oposición al contrario. Otro clásico de los juegos de suma cero.

La política es inútil también cuando juega a desaparecer y esconderse tras las decisiones de otras instituciones –no sujetas a la voluntad popular, por cierto–, eludiendo y exportando así los costes del conflicto. A esto se ha aplicado el gobierno de Mariano Rajoy en el asunto catalán y en otros muchos. Ahora es el fiscal general del Estado el encargado de pilotar una operación en el ámbito judicial que nadie duda que, de rebote, reforzará y unirá las bases del movimiento independentista. Las tensiones en vía judicial están provocando, fruto de lo excepcional de la situación y de cómo se está tensionando, que por parte de destacados juristas se cuestione el encarcelamiento de buena parte del Govern. Jueces para la Democracia –que hasta el momento había suscrito los comunicados emitidos por el resto de asociaciones judiciales– se ha desmarcado de un manifiesto firmado por la Asociación Profesional de Magistratura, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente, en el que se sale en defensa de la independencia del poder judicial.

Jueces para la Democracia, como puede verse en este comunicado, afirma que "la prisión provisional, de acuerdo con la jurisprudencia reiterada del Tribunal Constitucional, tiene carácter excepcional y la regla general debe ser la de que las personas investigadas estén en libertad salvo que se justifique un fin constitucionalmente legítimo, como el riesgo de fuga, de reiteración delictiva y destrucción objetiva de pruebas durante la fase de instrucción. Tales situaciones deben estar acreditadas y suficientemente explicitadas e individualizadas en la resolución judicial que acuerde una medida tan gravosa como la prisión provisional. Recordamos que existen medidas menos gravosas para vincular al investigado al proceso penal que van desde la prestación de fianza, retirada de documentos de viaje, vigilancia policial, o comparecencias periódicas". Y añaden, "resulta difícil de explicar la diferencia de trato de la misma querella en dos tribunales distintos, donde en uno se ha considerado que había vulneración del derecho a la defensa y se ha otorgado a los querellados una semana para preparar la declaración, mientras que en el otro tribunal se les cita en un festivo y 24 horas antes de declarar".

No quiero aburrirles con más ejemplos ni casos en los que se demuestra la gravedad que supone tener una política inútil. Pero sí insistiré en la idea de que necesitamos política de la útil, de la que soluciona los problemas. Para empezar, sería imprescindible que en esta larga campaña electoral que estamos viviendo, cada uno de los partidos planteara, negro sobre blanco y de la forma más concreta posible, cuál es su plan para llegar a un acuerdo con los otros que le permita solucionar el conflicto. No valen referencias vagas a la legalidad ni a comisiones que se perderán por los pasillos del Congreso. En una situación de excepcionalidad como la que estamos viviendo, y ante una legislatura que estará marcada casi exclusivamente por la relación entre Cataluña y el Estado, quienes concurran a las elecciones catalanas tienen la obligación moral –y la ciudadanía así debería exigirlo–, de concretar cuál es su propuesta para alcanzar el acuerdo.

En un excelente artículo publicado la semana pasada por el catedrático de filosofía política de la UPV Daniel Innerarity bajo el título Ejercicios de reciprocidad, acababa mencionando la propuesta del sociólogo y diputado socialista José Andrés Torres Mora cuando afirmaba: "...después de haber hecho todo lo demás, lo razonable, a la hora de construir el marco de convivencia en una sociedad plural, no es acordar una votación, sino votar un acuerdo". Efectivamente. Pero para eso necesitamos una política útil capaz de llegar a acuerdos, y de momento los partidos no parecen estar cumpliendo esa misión. La buena noticia es que en ningún sitio está escrito que la política sea patrimonio exclusivo de los partidos. Quizá sea la hora de la sociedad civil. Una vez más.

 

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