A mi sobrino, de 13 años, no le dejan participar en la huelga estudiantil del 2 de octubre contra el genocidio en Gaza: sólo pueden sumarse a la huelga a partir de 3º de la ESO. Estaba indignado: “¡Como si a mí no me importara que hayan asesinado a 18.000 niños y niñas, y que haya otras tantas mutiladas, famélicas y huérfanas!”.
Los niños y niñas tienen poca capacidad para gestionar sus derechos. No pueden decidir por sí mismos, y ni siquiera indignarse ni protestar por la masacre de otros niños y niñas hasta que un adulto les dé permiso. Y lo tienen aún más difícil si viven en la Comunidad de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso ha prohibido exhibir cualquier símbolo de apoyo a Palestina en los centros educativos. La presidenta quiere mantener la política fuera de las aulas, para impedir que la “izquierda woke” “atrincherada” en los servicios públicos, “adoctrine” a niños y niñas en la peligrosa ideología de los derechos humanos.
Un repaso a los derechos fundamentales amparados en la Constitución Española, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el derecho internacional, nos lleva a una conclusión distinta.
La libertad de expresión
El artículo 20.1 a) de la Constitución Española, protege la libertad de expresión de todas las personas. Y el Tribunal Constitucional ha dejado claro que exhibir banderas, pancartas o símbolos forma parte del contenido de ese derecho.
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), interpretando el artículo 10 de su Convenio, ha reiterado que incluso las pancartas que contengan expresiones impactantes o perturbadoras están amparadas por la libertad de expresión. Por ejemplo, en la sentencia Fáber c. Hungría (2012), el Tribunal advirtió que limitar ciertas expresiones, por ofensivas que parezcan, amenaza más a la democracia que tolerarlas. Y en la sentencia Lautsi c. Italia (2011), sobre crucifijos en las aulas, señaló que los Estados tienen un margen para decidir sobre símbolos en las escuelas, siempre que no impongan adoctrinamiento.
Son generosos los Tribunales de garantías cuando interpretan el contenido de la libertad de expresión. Pero pronto señalan los límites: la libre expresión no podrá incitar a la violencia o al odio, atacar los derechos de terceros, el orden público o los bienes constitucionalmente protegidos.
Podría sonar razonable, pero el diablo está en los detalles: esos “límites” son también “conceptos jurídicos indeterminados”, al albur de lo que cada juez interprete en las distintas ocasiones. Así, cuando Abascal lanza insultos racistas desde una tribuna, resulta legítimo y no vulnera los derechos de las personas migrantes o de otras razas. Los que se manifiestan contra esos discursos de odio son quienes suelen acabar detenidos, por desórdenes públicos o acusaciones más graves. Otra cosa es que el “insultado” sea el Rey, la bandera española o alguna patronal “marca España”: ahí los límites se aplican con precisión quirúrgica. Se encarcela a raperos, se multa a manifestantes o se persigue a huelguistas.
Pero volvamos al tema que nos ocupa.
¿Puede Ayuso restringir un derecho fundamental?
Abducida por el trumpismo y sus últimos zarpazos a la libertad de expresión, Ayuso pretende prohibir las banderas y pancartas de apoyo a Palestina en los centros educativos, mientras presenciamos en directo uno de los genocidios más brutales desde la II Guerra Mundial.
¿Puede realmente una presidenta autonómica, con ensueños imperiales, restringir nuestro derecho a la libertad de expresión?
El artículo 53.1 CE establece que cualquier limitación de un derecho fundamental debe fijarse por ley orgánica u ordinaria. Sólo el poder legislativo, estatal o autonómico, puede regular estos límites dentro de sus competencias.
Una presidenta autonómica, aun disfrazada de madrina de la libertad, no puede restringir la libertad de expresión salvo que esa restricción esté amparada por una norma con rango de ley. Y aun así, el acto ha de estar motivado, respetar la legalidad y superar un ‘test’ de necesidad y proporcionalidad.
Y hasta la fecha, no existe otro título legal habilitante que respalde la prohibición de Ayuso que sus exabruptos repetidos en medios de la extrema derecha: “kale borroka, adoctrinamiento, Sarajevo y Pedro Sánchez”. Ni rastro de una resolución formal, motivada y con base legal.
Pese a tener mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, el gobierno de Ayuso no se atreve a promover una ley autonómica que restrinja la libertad de expresión en los colegios y universidades: sabe que acabaría derogada por el Tribunal Constitucional. Por eso, se ha limitado a llamar por teléfono advirtiendo a los centros educativos de que no coloquen banderas ni pancartas. Así la señora Ayuso puede declarar a los medios que ella no ha prohibido nada…
Neutralidad institucional
La libertad de expresión de alumnas y profesores tropieza con otro límite insalvable: la Administración pública debe ser neutral (y además parecerlo). Esa obligación de objetividad impide, por ejemplo, que los edificios públicos exhiban símbolos partidistas o que impliquen adhesión oficial a una causa.
Pero una sentencia del Tribunal Supremo de 2024 resolvió un recurso de Abogados Cristianos contra el Ayuntamiento de Zaragoza, por colgar la bandera LGTBI durante el Orgullo. El Supremo resolvió que la bandera multicolor no era un símbolo partidista, sino una expresión del derecho fundamental a la igualdad, y que la neutralidad exigible a la Administración no es incompatible con la exhibición de símbolos que están vinculados a los derechos humanos.
Lo mismo podrá decirse de los colegios públicos que exhiban banderas de apoyo a los derechos humanos de un pueblo que lleva décadas sufriendo la colonización, el apartheid, y ahora, además, un genocidio.
Ayuso libra una batalla ideológica contra el sentido común mayoritario, que se muestra horrorizado ante un genocidio retransmitido en directo
Lo que pretende la derecha
La hipocresía de la dama amante de la fruta no tiene límites: en 2022, declaró que “Ucrania nos necesita” y movilizó a los colegios para realizar colectas, recoger comida, colgar banderas y pancartas de apoyo y escolarizar niños refugiados a toda costa. Entonces no hubo ningún problema. ¿Por qué lo que ayer era solidaridad resulta hoy adoctrinamiento Borroka?
Ayuso libra una batalla ideológica contra el sentido común mayoritario, que se muestra horrorizado ante un genocidio retransmitido en directo: bombardeos que matan a miles de seres humanos; personas hambrientas asesinadas por un disparo cuando acuden a buscar comida; niñas huérfanas, aterradas, huyendo solas hacia ninguna parte; personas mutiladas que han perdido a todos sus seres queridos, mujeres víctimas de violencia sexual utilizada como crimen de guerra.
El horror en estado puro que, el día que regrese la cordura (Olga Rodríguez dixit), se mostrará en museos de la barbarie como los de Hiroshima o el Holocausto, y ante el que políticos de todos los signos volverán a afirmar que “nunca más”. La realidad es que ha vuelto a suceder ante nuestros ojos, con la complicidad de Europa y Estados Unidos, y ante la mirada impotente de las Naciones Unidas.
Mientras tanto, quienes aún conservan la humanidad y empatía que nos hace personas, reaccionan ante tanto dolor manifestándose, deteniendo pacíficamente la Vuelta ciclista, encerrándose en espacios públicos o mostrando su solidaridad en los colegios. Los niños y niñas necesitan entender, expresarse y aprender a construir un mundo de paz.
El gobierno de Ayuso, con fuertes intereses económicos vinculados a empresas israelíes de tecnología y armamento, responde deshumanizando la empatía y tachando de “kale borroka” cualquier gesto de solidaridad. Alimenta el odio para buscar rédito político, que es lo que mejor sabe hacer.
Ética frente a la barbarie
Ante esta situación, en la que asistimos a la comisión de un genocidio en directo, no cabe la neutralidad. Tampoco en los colegios. La educación para la paz y los derechos humanos no es sólo un deber ético y moral: constituye también una obligación legal. Lo dicen la ley de Educación (LOMLOE), las recomendaciones de la UNESCO y el propio derecho internacional: la educación para la paz y la no violencia deben ser transversales en la educación de todos los países.
Los centros educativos deben promover la cultura de paz, el respeto a los derechos humanos y el compromiso frente a sus violaciones graves. Deben ser espacios de solidaridad, lugares donde aprender a repudiar los crímenes de lesa humanidad y abrazar la diversidad y la igualdad.
Profesores, directoras, alumnas y AMPAS: ¡Sí a la paz! ¡Viva Palestina libre!
A mi sobrino, de 13 años, no le dejan participar en la huelga estudiantil del 2 de octubre contra el genocidio en Gaza: sólo pueden sumarse a la huelga a partir de 3º de la ESO. Estaba indignado: “¡Como si a mí no me importara que hayan asesinado a 18.000 niños y niñas, y que haya otras tantas mutiladas, famélicas y huérfanas!”.