Repsol quiere zanjar el mayor desastre ambiental de Perú sin haber rehabilitado las zonas afectadas
“Parece plastilina y huele a alquitrán”. Luis Díaz, líder de los pescadores de la playa de Aucayama, a 77 kilómetros al norte de Lima, amasa entre sus manos una plasta de arena oscura y compacta.
El pasado 6 de enero, este pescador iza sus redes y, nuevamente, aparecen vacías. “Antes del derrame la biomasa era muy buena, sostenible, siempre había peces”, recuerda. La marea alta trae frecuentemente restos de crudo a las 28 playas golpeadas por el derrame de Repsol de enero de 2022.
Cuatro años después del mayor desastre ambiental sufrido por Perú, los pescadores artesanales siguen sufriendo las consecuencias de la falta de rehabilitación de las playas.
El 15 de enero de 2022, un ducto submarino de la refinería La Pampilla, de Repsol, en Lima, se rompió durante la descarga de un buque y vertió 12 mil barriles de petróleo al mar. El vertido se extendió a lo largo de 64 kilómetros de costa, afectando una extensión equivalente a 3.400 campos de fútbol.
Multas y playas contaminadas
Tras el derrame, las autoridades peruanas impusieron a la petrolera multas y sanciones administrativas por 60 millones de dólares por brindar información “inexacta”, no delimitar correctamente las zonas afectadas y no realizar de forma adecuada la contención, recuperación y limpieza.
Tres meses después del vertido, Repsol declaró las playas “limpias y listas para el monitoreo”. El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental de Perú (OEFA) revisó la limpieza, concluyendo que 71 de 97 sitios analizados seguían contaminados y exigiendo a Repsol planes para rehabilitar los ecosistemas dañados.
En octubre de 2023, Repsol presentó 18 planes de rehabilitación a la Dirección General de Asuntos Ambientales de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas de Perú. Pero 2 años y 3 meses después, según ha corroborado esta investigación, el Estado peruano no ha aprobado ninguno de ellos al considerarlos insuficientes.
Para dar luz verde a estos planes, la ley obliga al ministerio a solicitar la opinión técnica de seis entidades públicas: el Ministerio de la Producción, el Servicio Nacional Forestal, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la Dirección General de Salud Ambiental y la Autoridad Nacional del Agua. Todas, sin excepción, han hecho observaciones. En total, hasta 606 alegaciones que Repsol no termina de subsanar.
“Si tú haces un mal plan, usas información incompleta y elaboras un mal diagnóstico, vas a tener que subsanar observaciones y esto hace que todo el procedimiento demore”, explica Ana Leyva, abogada de la ONG CooperAcción, que ha analizado los planes de rehabilitación presentados Repsol y todas las observaciones de las autoridades peruanas. “En resumen, lo que planteaban hacer es seguir recogiendo bolitas de alquitrán y hacer un monitoreo”, explica Leyva como conclusión.
“Atenuación natural”: que el mar se limpie solo
Diana Papoulias, bióloga marina y experta en toxicología acuática, ha analizado 12 de estos planes. En declaraciones para esta investigación, considera que presentan deficiencias técnicas. El informe de esta bióloga para la ONG CooperAcción cuestiona que Repsol proponga la “atenuación natural” como técnica de recuperación, es decir, “que el mar se limpie solo”.
También afirma que la evaluación del daño ambiental está incompleta y tiene vacíos de información que excluyen zonas que Repsol consideró “inaccesibles”, pero a las que sí lograron ingresar para tomar muestras los técnicos de la autoridad fiscalizadora peruana.
Según la información obtenida por esta investigación, cuatro de los seis organismos que evalúan los planes de rehabilitación aún mantienen observaciones vigentes. Dos –la Autoridad Nacional del Agua y la Dirección General de Salud Ambiental– ya tendrían opiniones favorables. Cuando ya no haya observaciones, Repsol iniciará el proceso de recuperación de los ecosistemas afectados.
La versión de Repsol
Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a Repsol Perú y Repsol España una entrevista sobre las consecuencias del derrame y, al no obtener respuesta, se enviaron preguntas por escrito. Solo la Refinería La Pampilla, de Repsol Perú, remitió sus respuestas.
Asegura que han proporcionado a las autoridades peruanas toda la información solicitada y que están a la espera del resultado final de la evaluación de los planes de rehabilitación por parte del Ministerio de Energía y Minas peruano, “confiando en la transparencia y rigor del proceso”.
Repsol Perú afirma que la zona afectada se encuentra apta para actividades recreativas y económicas sin riesgo para la salud ni el medio ambiente, ya que cumple con estándares ambientales nacionales e internacionales. También informa que ha destinado 1.300 millones de soles (casi 382 millones de euros) a tareas de limpieza, recuperación y compensaciones a los afectados.
En España, Repsol se ciñe a la información presentada ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En ella, la compañía reitera que el vertido se produjo “por el movimiento incontrolado durante la descarga del buque”. La compañía y la aseguradora han demandado por 265 millones de dólares a Fratelli D’Amico Armattori, la armadora italiana del buque Mare Doricum, que efectuó la descarga de crudo.
El Estado peruano ha emprendido un proceso administrativo contra Repsol y demanda 4.500 millones de dólares por daños materiales y morales.
Para evitar un juicio penal, la petrolera llegó a un acuerdo con la Fiscalía peruana para pagar, junto con la compañía italiana, 1.156 millones de soles (294 millones de euros). Esta cantidad incluye lo gastado por Repsol en limpieza, contención del derrame y pago de indemnizaciones a los afectados.
Derrame negro, fondos verdes
El reportaje audiovisual Derrame Negro, fondos verdes, que forma parte de esta investigación transfronteriza, aborda la paradoja que rodea el caso Repsol: mientras el derrame de petróleo en Perú sigue sin una rehabilitación aprobada, la petrolera española ha recibido hasta diciembre de 2024 más de 4.778 millones de euros del Plan de Recuperación de la Unión Europea, centrado en la transición ecológica y digital.
El Gobierno hizo pública esta cifra en respuesta a una pregunta registrada por Ione Belarra, secretaria general de Podemos.
En España, estas ayudas las gestiona el Ministerio para la Transición Ecológica a través del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Solicitamos, sin resultado, una entrevista a este organismo para abordarlos compromisos ambientales adquiridos por Repsol en terceros países al beneficiarse de estos fondos verdes, tanto dentro como fuera de la Unión Europea.
También tocamos las puertas de las direcciones generales de Justicia, Medioambiente y Energía de la Comisión Europea. Pero ni el Gobierno español ni la Comisión Europea respondieron a las preguntas planteadas para este reportaje.
El caso Repsol es un ejemplo de un problema mayor: una empresa europea puede beneficiarse de fondos verdes, ser protagonista de un daño ambiental grave fuera de la Unión Europea y no rendir cuentas bajo estándares europeos.
“A día de hoy, salvo que haya un impacto flagrante en el proyecto que se presente, no hay condicionalidad con la diligencia debida en terceros países para la obtención de fondos europeos”, explica Luis Rodríguez de Castro, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad CEU San Pablo.
Debido a este vacío legal, la Unión Europea empezó a diseñar hace más de una década una norma inédita: la directiva de diligencia debida. En abril de 2023, la comisión de Justicia del Parlamento Europeo aprobó una directiva que obliga a las empresas europeas a identificar y prevenir daños ambientales y de derechos humanos en toda su cadena de valor, dentro y fuera de Europa.
Desde esta investigación para infoLibre y Epicentro TV se solicitó a la dirección general de Justicia de la Comisión Europea una entrevista sobre esta directiva, pero este organismo se amparó en que estaba en manos del Parlamento y el Consejo Europeo para no pronunciarse.
Con la aprobación en diciembre de 2025 del Paquete Omnibus 1 en el Parlamento Europeo, la directiva fue debilitada.
“Con la nueva situación geopolítica, ha habido una presión de empresas europeas, que combinada con la presión de Estados Unidos, ha llevado a las instituciones comunitarias a replantearse la normativa de diligencia debida”, explica Fernando Carbajo, catedrático de Derecho Mercantil en la Universidad de Salamanca.
La directiva de diligencia debida sólo se exigirá a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros en facturación, y no empezará a aplicarse hasta 2029. Aun así, abre la puerta a que, en el futuro, empresas como Repsol puedan afrontar procesos de responsabilidad civil en España si no cumplen con la diligencia debida en materia de medioambiente.
Un derrame bajo la arena
Mientras la Unión Europea debate durante años una norma para exigir responsabilidades a las empresas por los daños que causan fuera de sus fronteras, en Perú las consecuencias del derrame siguen sin resolverse.
Sin planes de rehabilitación aprobados, los pescadores encuentran pedazos de alquitrán en las playas que son cubiertos una y otra vez por la arena, formando capas de restos de crudo bajo la superficie. Para ellos, la remediación del mar es lenta.
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“Nosotros queremos saber cuánto tiempo van a estar nuestras playas contaminadas”, exige Luis Díaz, dirigente de los pescadores artesanales de Chancay. “Ni siquiera la limpieza se ha terminado al cien por cien y no sabemos cuándo se van a aprobar los planes de rehabilitación. Vivimos en la incertidumbre”.
Cuatro años después del derrame, Repsol parece querer dar el episodio por cerrado.
* Daniel Yovera (para Epicentro TV, Lima) y Beatriz Jiménez (para infoLibre) han llevado a cabo esta investigación con el apoyo de Journalismfund Europe
