Los tres impactos sobre naturaleza e indígenas de las empresas del IBEX que extraen recursos en Latinoamérica

"Actualmente cerca del 65% de la facturación de las empresas del IBEX 35 se genera en el exterior y en algunos casos llegan a porcentajes superiores, cercanos incluso al 100%". El dato aparece en un documento del Ministerio de Exteriores sobre "la presencia de España en el mundo", como parte de la propaganda de la campaña Marca España. La letra pequeña es que dicha facturación, en el caso de Latinoamérica y de la extracción de recursos naturales, se genera pisoteando los derechos humanos. Es lo que llevan años denunciando colectivos y organizaciones sociales como Ecologistas en Acción, que este miércoles ha presentado un informe titulado El IBEX 35 en guerra con la vida en el que resume, a través de tres casos paradigmáticos, los abusos de empresas como Repsol, Acciona o ACS cuando plantean proyectos para extraer gas natural o generar energía eléctrica por encima del medioambiente y de la riqueza de la cultura indígena.

La presentación del informe de Ecologistas en Acción tuvo lugar a escasos metros de la sede de la Bolsa, en Madrid. Fue acompañada de una performance en la que un señor trajeado desgranaba los excelentes resultados de su empresa en base a proyectos en Latinoamérica. En clave irónica, como no podía ser de otra manera. "Hemos tenido que hacernos un hueco en algunos territorios indígenas y espacios protegidos. Algunas voces críticas solicitaban que consultáramos previamente a sus habitantes. Pero vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Son personas voluntariamente en aislamiento. Es absurdo preguntarles de nada", afirmó.

La broma sirve para ejemplificar el modus operandi que, según Ecologistas y otras organizaciones, practican las grandes energéticas y constructoras de España cuando se trata de plantear un proyecto en Latinoamérica en zonas protegidas y hogar de pueblos indígenas que ya vivían de sus recursos antes de que el mundo occidental supiera qué es el gas natural. Cada proyecto de extracción de recursos tiene sus propias características, su particular modo de dañar el modo de vida nativo, pero hay prácticas comunes. El documento analiza tres casos de compañías que vieron un gran potencial en terrenos que estos pueblos habitan desde hace siglos. Las obras, alertan, modifican radicalmente los ecosistemas, contaminan, producen cambios en la flora y la fauna, desestabilizan a las comunidades, acallan las voces críticas y lo peor: quedan impunes, fruto de un sistema bien engrasado de puertas giratorias con el poder político y una legislación laxa regalo de los Estados.

 

Protesta contra la impunidad de las empresas españolas en Latinoamérica de Ecologistas en Acción frente a la Bolsa de Madrid.

En la presentación del documento, su autora, Miriam García-Torres, resumió de qué impactos estamos hablando. "En cuanto a los socioecológicos, las empresas transnacionales han provocado contaminación, privatización, deforestación, acaparamiento de agua y de tierras, fragmentación de ecosistemas y pérdida de biodiversidad. Y para las comunidades locales, la llegada de estas compañías ha supuesto una pérdida de su soberanía alimentaria, de su autonomía y en definitiva de sus formas de reproducir la vida tanto en términos materiales como socioculturales".

El informe pivota en torno a tres ejemplos. El proyecto de gas de Camisea, plena Amazonía peruana, donde Repsol explota algunas zonas e invierte en otras; la construcción del complejo hidroeléctrico Renace, en el río Cahabón de Guatemala, con la firma de ACS a través de su filial Cobra: y, por último, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec, la franja de tierra más estrecha que separa el golfo de México y el Océano Pacífico, donde participan Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Acciona y Renovalia. Los principales impactos que denuncian los activistas son cuatro: daño al medioambiente, daños a las comunidades indígenas y, más específicamente, daño a las mujeres, analizado mediante la óptica violeta del ecofeminismo.

  Daño al medioambiente

Es muy difícil que un proyecto de extracción de recursos sea inocuo para el entorno natural que le rodea. Los proyectos que se plantean en España y su difícil tramitación ambiental dan buena cuenta de ello. Los problemas se acentúan cuando, como denuncia Ecologistas en Acción, "los impactos, más que constituir el resultado de la adopción de malas prácticas, son la condición necesaria sobre la que se asientan sus beneficios". Desde los años 90, las transnacionales de origen español vieron una gran oportunidad en una Latinoamérica en pleno proceso neoliberal. En el continente "se imponían reformas estructurales basadas en la privatización, la liberalización y la apertura en la inversión extranjera directa" que, además, relajaron los controles ambientales para que el dinero español fluyera sin impedimentos. Y de aquellos barros estos lodos, alertan los activistas.

El proyecto de Repsol en Camisea, Perú, florece al calor del llamado paquetazo ambiental de 2014, con el que el Gobierno de Ollanta Humala "deterioró la ya débil institucionalidad ambiental". Los derrames de gas natural licuado en la zona contaminaron los suelos y el agua de la zona, asegura el informe. El tráfico fluvial, además, enturbió los recursos hídricos, y el continuo trasiego de camiones y helicópteros espantó a aves y fauna, deforestó la zona y, en resumen, provocó una rápida pérdida de biodiversidad, denuncian.

En el río Cahabón de Guatemala, los proyectos hidroeléctricos en los que participa ACS redujeron tanto su caudal como la calidad de sus aguas: un impacto al que ayudó la fragmentación de la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) en varias partes que no se interrelacionaban. Una práctica que ya conocemos en España. El parque eólico de México, reconoce Ecologistas, no produce un impacto tan severo como el que puede producir la extracción de un recurso fósil, pero este megaproyecto es una amenaza para la ruta migratoria de las aves que cruzan por el corredor, que se chocan con las hélices de los aerogeneradores. Las comunidades locales también documentan pérdida de fertilidad del suelo y contaminación por el intenso uso de un parque tan extenso.

  Daño a las comunidades indígenas

Los pueblos locales viven en estrecha sintonía con el ecosistema que habitan. Beben directamente de su agua, cazan sus animales, aprovechan sus recursos. Por lo que cualquier modificación, aunque sea mínima, en las zonas a las que llaman hogar puede causar cambios graves e irreversibles en su modo de vida. Todas las infraestructuras puestas de ejemplo y otras muchas no recogidas por el análisis son la causa de un conflicto más o menos encarnizado con los indígenas, en una suerte de neocolonialismo azuzado por la libertad de mercado, analizan los activistas. Según la organización Global Witness, al menos 200 personas fueron asesinadas en 2017 por defender sus tierras, bosques y ríos de los intereses de grandes corporaciones. 

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo obliga a las transnacionales a una consulta libre, previa e informada a las comunidades indígenas cuando un proyecto de estas características pretende asentarse en su territorio. Pero muchas veces no se cumple esta obligación y empiezan los problemas. El informe denuncia que la interlocución con los pueblos indígenas se realiza seleccionando a personas afines, no representativas, mediante coacciones y amenazas; implementando campañas de desinformación y de ataque a las ONG contrarias a sus intereses; y azuzando las diferencias entre los pueblos locales para generar un clima de violencia. En el caso de Repsol en Perú, los daños recogidos por el documento afectan, sobre todo, a la pesca y la caza contaminadas que tienen a su disposición los pueblos tras la construcción de la infraestructura gasística.

En las presas en el río Cahabón, la falta de caudal dificulta enormemente la vida de los nativos, para los que es indispensable el recurso hídrico, incluso a nivel místico y emocional. Y en el megaproyecto eólico de México, "las organizaciones locales han denunciado casos de establecimiento de redes clientelares en base al ofrecimiento de favores y dinero. En el caso concreto de Iberdrola, se ha acusado a la compañía de haber corrompido tanto a funcionarios municipales como a algunos líderes campesinos, que habrían sido sobornados para que actúen a favor de la empresa", afirma la investigadora.

  Daño a las mujeres

El análisis medioambiental a través de la óptica feminista tuvo por primera vez un papel preponderante en la cumbre del clima de Bonn y cada vez más organizaciones incluyen el ecofeminismo en sus postulados, por una sencilla razón: está demostrado que, dada la desigualdad que impone el patriarcado, las mujeres son más vulnerables en los conflictos ambientales. Ecologistas en Acción alerta de que, en el caso del impacto en la extracción de recursos en Latinoamérica por parte de grandes corporaciones, el sufrimiento de ellas es aún más pronunciado. 

Y por varios motivos. Para empezar, como asegura el análisis, "las empresas han establecido estrategias de negociación individuales y selectivas" con líderes locales, con cabezas de familia de los hogares o con propietarios de la tierra. Se establecen como portavoces los hombres, perpetúan "espacios de decisión jerárquicos y patriarcales", y las mujeres se quedan sin voz ni voto en los profundos cambios que sufren las comunidades.

Las compañías suelen contratar, sobre todo en los primeros pasos de construcción de las infraestructuras, a varones indígenas para realizar tareas para las que se requiere poca cualificación. Las mujeres se quedan a cargo del hogar y de la supervivencia de su núcleo familiar, por lo que notan más los cambios en el entorno. El trabajo asalariado, por otro lado, conlleva la modificación de los hábitos de ocio de las poblaciones. Aparecen lugares donde beber después del trabajo, y el alcohol aumenta la lacra de la violencia de género, como denuncian organizaciones locales. Además, la inseguridad se hace patente para las mujeres y las niñas, que ven como un territorio que antes era suyo ahora pertenece a empresas que aseguran sus propiedades con hombres armados: extraños que les hacen temer violaciones y abusos antes impensables.

En definitiva, las compañías "afianzan proyectos y lógicas que se sirven de la preexistencia de estructuras patriarcales y, simultáneamente, las profundizan", recoge el análisis.

¿Y la legislación?

Llegados a este punto, cabe preguntarse si, dado que los Estados latinoamericanos no ofrecen suficientes garantías de protección al entorno y las comunidades, y dado que las empresas que protagonizan la extracción de recursos operan en varios países, no hay una legislación a nivel internacional que limite la impunidad que denuncian los activistas. La respuesta no es simple: el instrumento está en proceso, pero las organizaciones sociales albergan dudas de que salga adelante por la presión en contra de la Unión Europea y Estados Unidos.

En Naciones Unidas se debate desde hace años la necesidad de elaborar una normativa internacional vinculante sobre empresas transnacionales y derechos humanos. Se elaboró un grupo de trabajo, liderado por Ecuador, que en su última reunión de octubre de 2017 estableció la necesidad de celebrar una nueva reunión, aún sin fecha, en 2018 para presentar el borrador de ley elaborado por el país latinoamericano. En el informe de esa reunión queda recogido el rechazo frontal de la Unión Europea a que el proceso siguiera adelante.

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En la próxima reunión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, fechada para el 8 de marzo, se presentará ese borrador. Sin embargo, recientemente ha habido elecciones de los Estados miembro del Consejo y la mayoría de países que ahora lo conforman hasta 2020, incluido España, no están a favor del instrumento. Considera la UE y Estados Unidos, que se unió a última hora a las conversaciones, que ya existen unos códigos voluntarios para las empresas que son "suficientes", según explica la portavoz del Observatorio de Multinacionales de América Latina (OMAL), Erika González.

En teoría, cada país de la Unión Europea tiene plena voluntad para votar lo que quiera en el seno de Naciones Unidas. En la práctica de esta normativa, todos sin excepción se postularon en el mismo sentido: un rechazo rotundo, explica González. "Cuando nos reunimos con el delegado de la misión española en el Consejo, Emilio Pin, le preguntamos dónde se ha acordado en la Unión Europea que todos los países tomen la misma posición. Nos dijo que no podía decírnoslo", asegura. La UE está defendiendo la falta de regulación en materia de derechos humanos y empresas transnacionales en bloque en base a una hipotética reunión que no se ha mantenido en el Parlamento Europeo, ni en el Consejo: no ha sido pública y no está bajo el escrutinio de los ciudadanos.

En todo caso, habrá que esperar, como mínimo, al 8 de marzo para ver si la ONU defiende unos derechos que ni los países latinoamericanos, ni los países de origen de las empresas, ni las propias compañías han sabido o han querido defender.