En mi familia se hablaba poco de Alejandro. Era comunista, y eso era pecado. Me contaron que una bala impactó en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y eso le salvó la vida. Pero nadie me dijo que aquel tío mío, abogado laboralista, tan amable y tierno, formaba parte de esa estirpe de héroes casi invisibles que se jugaron la vida para traer la democracia a este país.
Lo supe después. Cuando varios profesores, en la Facultad de Derecho, me preguntaron si era familiar de Alejandro Ruiz-Huerta, comencé a indagar. Y me enteré de que era uno de los pocos supervivientes –sobrevivientes, como prefiere decir él– del atentado contra los abogados de Atocha.
El 24 de enero de 1977, un comando de ultraderecha irrumpió en el despacho de abogados de la calle Atocha, número 55, y asesinaron a Javier Benavides, Enrique Valdelvira, Javier Sauquillo, Serafín Holgado y Ángel Rodríguez. Otras cuatro personas quedaron gravemente heridas: Alejandro Ruiz-Huerta, Luis Ramos, Dolores González y Miguel Sarabia. El crimen sacudió a una sociedad que atravesaba los años más duros de la Transición y quedó grabado como símbolo de la violencia política del postfranquismo.
Cada 24 de enero recordamos a quienes pagaron con su vida la defensa de la democracia y de los derechos de la clase trabajadora. En el Auditorio Marcelino Camacho de Comisiones Obreras, de Madrid, se celebra cada año un acto para honrar a aquellos abogados que asesinó el fascismo por defender los derechos que hoy disfrutamos.
Ser abogada me ha parecido siempre una forma de sobrevivir al Derecho. Defender a los más vulnerables frente a la injusticia y la desigualdad, frente a las leyes que blindan privilegios o frente al poder represivo del Estado, ha llenado de sentido mi profesión. La emoción de acompañar a los parias de la Tierra —y, últimamente, también al planeta Tierra frente a sus voraces depredadores— me ha permitido sobrellevar el tedio de muchos textos jurídicos. Y afrontar el menosprecio del aparato judicial hacia quienes no representamos los intereses de los ricos. Cuando estás vencida antes de comenzar porque el adversario es poderoso, pero de todos modos comienzas, te embarga una fuerza irrefrenable. Sin esa función social de la abogacía, el Derecho me parece insoportable.
Leo estos días cómo en Minneapolis la solidaridad vecinal incluye redes de abogados que se organizan para proteger a la población migrante de los abusos del ICE. Y al leerlo me reafirmo: necesitamos a la abogacía para defender los derechos que nunca pueden darse por garantizados. La política de terror que Donald Trump despliega sobre las ciudades gobernadas por los demócratas lo deja claro: los derechos siempre están en riesgo.
Pese a los avances indiscutibles de la democracia en nuestro país y en buena parte del mundo occidental, podemos decir sin rodeos que la abogacía está hoy amenazada. Cuarenta y nueve años después de la matanza de Atocha, ser abogado o abogada sigue siendo una profesión de riesgo en demasiados lugares del mundo.
Cuarenta y nueve años después de la matanza de Atocha, ser abogado o abogada sigue siendo una profesión de riesgo en demasiados lugares del mundo
Por eso, a iniciativa de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), la organización Avocats Européens Démocrates (AED) eligió –hace unos años– el 24 de enero como Día de la Abogacía Amenazada. Un día para recordar a nuestros compañeros de Atocha y para defender el derecho de defensa en todo el planeta, junto a quienes sufren persecución por ejercer su profesión. La conmemoración de este 2026 se dedica a Estados Unidos, por la sistemática vulneración de la independencia de la abogacía durante el último año.
Un informe exhaustivo de AED documenta cómo la actual Administración estadounidense ha incurrido de forma reiterada en conductas que atacan el derecho de defensa y la libertad profesional, vulnerando principios básicos del derecho internacional. Órdenes ejecutivas dirigidas contra despachos concretos. Represalias institucionales. Presiones sobre bufetes. Vigilancia, interrogatorios y acoso. Amenazas, despidos y dimisiones forzadas en fiscalía y judicatura. Obstáculos deliberados a la defensa en ámbitos como inmigración, el apoyo a Palestina, los derechos LGBTI+, la protesta social o la defensa de las libertades civiles.
Según denuncian nuestros colegas norteamericanos, no son hechos aislados, es un patrón. Un clima de miedo, incertidumbre y autocensura que se extiende dentro de la profesión jurídica.
Podríamos pensar que todo esto ocurre lejos. En años anteriores esta jornada se dedicó a Turquía, Colombia o Palestina. Se exigió entonces respeto al derecho a un abogado de libre elección, al secreto profesional, a la independencia judicial, a una defensa justa.
Pero resulta estremecedor comprobar cómo el retroceso del derecho de defensa avanza incluso en países que fueron referencia en la defensa de los derechos civiles. ¿Qué abogada o abogado de derechos humanos no ha soñado alguna vez con estudiar en una prestigiosa universidad norteamericana? ¿Quién no ha querido representar a comunidades negras organizadas frente al racismo institucional? Todas hemos querido alguna vez ser el Atticus Finch de la película Matar un ruiseñor.
En Madrid todavía existen abogadas y abogados comprometidos con los derechos humanos que, por ahora, no padecen el nivel de hostigamiento de nuestros colegas estadounidenses. Pero quien debería protegernos —el Ilustre Colegio de Abogados de Madrid— anda más ocupado en estrechar lazos con el gobierno de Ayuso que en salvaguardar el derecho de defensa. Su actuación como acusación en el juicio contra el Fiscal General del Estado, su silencio ante una sentencia plagada de irregularidades y la posterior concesión de una licencia para ejercer como centro universitario como moneda de cambio evidencian que la independencia de nuestra profesión no está garantizada. Hay que pelearla.
Por eso son necesarias jornadas como la del 24 de enero. Para recordar. Para reivindicar. Para defender a un colectivo que trabaja cada día defendiendo a las personas más vulnerables. Es imprescindible seguir protegiendo a la abogacía frente a cualquier instrumentalización de la justicia. Para que los abogados y abogadas puedan ejercer la profesión con libertad y seguridad. Y para que las instituciones judiciales sigan siendo, de verdad, independientes.
“El pecado no es ser un abogado comunista. El pecado es matar a alguien por defender derechos humanos”. Se lo dice Atticus Finch a sus hijos pequeños, cuando les ve con la escopeta de aire comprimido: “Es pecado matar a un ruiseñor”.
En mi familia se hablaba poco de Alejandro. Era comunista, y eso era pecado. Me contaron que una bala impactó en el bolígrafo que llevaba en el bolsillo de la chaqueta y eso le salvó la vida. Pero nadie me dijo que aquel tío mío, abogado laboralista, tan amable y tierno, formaba parte de esa estirpe de héroes casi invisibles que se jugaron la vida para traer la democracia a este país.