Segunda vuelta
Lo que Hacienda no vio
La segunda regularización del emérito ha hecho saltar la fórmula imposible de salvar al mismo tiempo a Felipe VI y Juan Carlos I. Como es difícil separar a ambos de la monarquía, precisamente por eso, el problema empieza a ser las tensiones que genera en las instituciones del Estado la gestión de las irregularidades. Es cierto que la Casa Real no ha dado muchas señales de que esto le preocupe, pero la falta de transparencia genera un daño innecesario tanto a Felipe VI como al estado de ánimo colectivo en un momento de profunda crisis y angustia social.
Tensionan la Fiscalía por la inevitable comparación con el ritmo de las diligencias en Suiza. El Ministerio Público archivó en 2018 lo que sí investigó el país helvético. La base fue la misma, las grabaciones de Corinna con revelaciones bastante certeras: “Cuenta que Álvaro de Orleans, también residente en Mónaco, titularía cuentas en Suiza de las que el titular real sería el hoy rey Emérito. Corinna manifiesta que Álvaro de Orleans paga determinados gastos del rey”. Datos “notoriamente insuficientes”, dijo la Fiscalía, que “no permiten ir más allá de lo que en el ámbito de la cooperación internacional se conoce como una fishing expedition”. Suiza decidió hacer ese “fishing” (sic) y de ahí la segunda regularización. Desde entonces, nadie ha explicado si en 2018 teníamos una fiscalía menos espabilada o menos diligente que la helvética.
Pero hay quien hizo menos. En ese archivo, el ministerio público ya señaló a Hacienda: “Las potenciales contingencias tributarias que indiciariamente revelan las conversaciones sí es posible que merezcan la atención de las autoridades tributarias y, en su caso, pudieran derivar en denuncias por delito fiscal”. Y recogió incluso la petición de los técnicos en julio de ese año. “Desde Gestha manifiestan que las conversaciones, que han sido publicadas, ‘tienen la entidad suficiente como para que la AEAT les preste la máxima atención y las verifique’”.
Ni en 2018, 2019 o 2020 se hizo una sola comprobación para determinar la pertinencia de esas posibles denuncias. El porqué, de momento, no lo sabremos. Con el argumento de la protección de datos se ha evitado la comparecencia parlamentaria del responsable de Hacienda y poder preguntar por qué desoyó las señales de la Fiscalía, de Gestha y de los medios.
Precisamente por noticias, la Agencia Tributaria ha abierto diligencias y comprobaciones fiscales de manera habitual. Lo hizo con numerosos empresarios tras los Panama Papers; o con los futbolistas Cristiano Ronaldo o José Mourinho tras las revelaciones de Football Leaks, Football Leaks, y en tantos otros casos. Ambas regularizaciones del emérito han sido precedidas por sus correspondientes exclusivas en medios. Y nada, cayeron cual bola de paja rodando por pasillos inhóspitos de Hacienda. Porque Hacienda seremos todos, pero no va a por todos igual. O al menos no al mismo ritmo.
Por eso las investigaciones tensionan también al Ejecutivo. Es Sánchez, no Casa Real, quien tiene que pedir no cuestionar a Hacienda. O la ministra María Jesús Montero quien asegura que no hay trato de favor y que “es falso que la Agencia Tributaria tuviera conocimiento de cualquier información que no haya dado lugar a las actuaciones habituales”.
Dice Dolores Delgado que las regularizaciones de Juan Carlos I han sido gracias a la Fiscalía española. Veremos. De momento sabemos que, si esas supuestas diligencias de investigación se hubieran notificado al rey Juan Carlos, hubieran impedido la regularización. Y además de devolver el dinero igual se habría podido ir más allá. Como dicen desde Gestha: nadie paga 4,4 millones de euros si no siente que es inminente su imputación por un delito contra la Hacienda pública. Que sea por la investigación de la Fiscalía del Tribunal Supremo o por la investigación de la Fiscalía de Suiza, será algo que conoceremos dentro de unas semanas.
Hacen falta más explicaciones. Y que tengan sentido. Porque si existe la percepción de que la Agencia Tributaria tiene distintos ritmos según el contribuyente, la Fiscalía llega tarde, el Gobierno protege a un expatriado exjefe del Estado, el PSOE no da luz verde a las comisiones de investigación en el Congreso, y las explicaciones de Juan Carlos I ni están ni se esperan, volveremos a tener sobre la mesa un menú completo para el descrédito y la desafección. Justo lo que ahora menos necesitamos.
La sociedad española ha puesto fin al silencio y último dique de impunidad que quedaba en pie. Falta que caiga otro, el de cierta superioridad de la Casa Real. Como institución, para no perjudicar a otras, tiene que asumir el relato completo. El pasado merece explicaciones. El futuro cambios. Cuanto antes lo asuman, menos presión para el Estado. Y menos frustración en quienes no la merecen.