Interior, ni garantías ni liderazgo

En política hay algo peor que una mala gestión: no decir a tiempo toda la verdad y evadir responsabilidades. Si en esa dejación de funciones eres gobierno e intentas lanzar el balón hacia arriba, o ese arriba es Europa o te cae encima. Si hay niños y adolescentes de por medio, la cosa se complica. La repatriación de menores de Ceuta a Marruecos por parte de Interior, un trámite complejo y con mil ojos encima (menos mal), exigía transparencia y un proceso legal meticuloso. A cambio, Marlaska ha respondido con 72 horas de silencio, ha culpado a Ceuta, el hermano pequeño en esta historia, ha ocultado su papel en la activación de las devoluciones y no ha supervisado caso por caso porque desde el principio no era su intención. Mientras el ministro escurre el bulto, el presidente del PP ceutí ha asumido las devoluciones. Otra cosa es que defienda que se hayan hecho bien. Pero de nuevo, es Interior quien tenía que haberlo corregirlo.

Marlaska ha querido justificar como un problema técnico-jurídico lo que es una gestión puramente política. Con todo, lo más grave, aun suponiendo que pudiera dejar en manos de Ceuta las devoluciones, es que haya elegido no liderar la salida de España de los 800 menores no acompañados que Marruecos lanzó al mar en mayo. Como si no fuera una cuestión de decencia ocuparse del trámite. Y como si se pudiera culpar a Ceuta en Europa si algo sale mal. ¿En qué lugar queda el ejecutivo a ojos ajenos? ¿Se puede alegar en Bruselas que las devoluciones de niños en España no las visa el Gobierno? ¿Desde cuándo las comunidades autónomas tienen estas competencias? Aunque la petición sea del responsable de la ciudad autónoma, la supervisión es obligatoria. Porque son menores, migrantes, porque están solos en España, y porque la política migratoria es una política de Estado.

La falta de liderazgo en un asunto de derechos humanos de la infancia es más reprochable con un gobierno progresista. De momento, la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, diversas ONG y un juzgado en Ceuta han llegado por separado a la misma conclusión: faltaban garantías. Sorprende que Marlaska, siendo juez de carrera, no las viera y aprobara un “acompañamiento” sin saber cómo iban a ser acompañados los menores.

O firmara una orden en virtud del acuerdo bilateral creyendo que no lo leeríamos. Las relaciones bilaterales con Marruecos corresponden al Ejecutivo, no a Ceuta. Y el acuerdo es explícito: el artículo 5, párrafo primero, remite a la estricta observancia del Gobierno en concordancia con la legislación española. Es decir, la Ley de Extranjería que obliga a que cada menor tenga un informe individual y sea escuchado.

Si lo que pretendía Interior era dejar la puerta abierta a la falta de control, subestimó la supervisión judicial. No es la primera vez, Marlaska ya defendió la patada en la puerta de unos policías para evitar una fiesta en pleno estado de alarma, una práctica que ni los sindicatos policiales apoyaron. Y sobra recordar que cuando eres el máximo garante del orden, lo eres también de las garantías.

Europa dio un espaldarazo a España en la crisis de mayo y recordó a Marruecos que la extorsión no cabe en suelo europeo. Por tanto, corresponde al Gobierno asegurarse hasta el final de los rescoldos de la crisis, incluidas las devoluciones. Es Marlaska quien acude a los Consejos de Justicia y Asuntos de Interior, los llamados JAI, para abordar las cuestiones migratorias. Así que resulta incomprensible que Pedro Sánchez destaque el papel crucial de España en la coordinación europea en la crisis de refugiados afganos, promueva una acción conjunta en la UE para velar por los derechos de las mujeres y niñas bajo los talibanes, e Interior se descuelgue de la responsabilidad colectiva en el caso de Ceuta si no es bajo cierta connivencia de los suyos.

La política migratoria no es fácil para un ejecutivo de izquierdas. Pero el Gobierno tiene que ser claro en cuáles son sus líneas generales. En encontrar y explicar un equilibrio entre la seguridad de las fronteras y las vidas de las mujeres que saltan con sus bebés a una patera o los cientos de jóvenes que merecen tener un futuro. La extrema derecha no se impone con sus políticas contra los migrantes porque son imposibles de aplicar en las democracias constitucionales. Pero se hace más fuerte cuando huele las contradicciones del contrario. Cuando ve una inestabilidad y la zarandea. Y decide señalar, estigmatizar y reivindicar el salvajismo de unas propuestas que quieren deportar hasta a los migrantes que ya son españoles.

También Marruecos opera sobre una lógica parecida. Los 800 menores están en Ceuta porque el régimen los arrojó al mar para ejercer una presión política contra un estado de la Unión, en palabras del propio Parlamento Europeo. Por más que se quiera dar por cerrada la crisis diplomática, al chantaje no se puede responder con una chapuza, a riesgo de que utilicen las mismas debilidades en el futuro. Y todo, como siempre, a costa de los más débiles.