La laicidad pendiente y de boquilla
No sabemos muy bien en qué momento el Ejecutivo ha pasado de defender la aconfesionalidad del Estado y, por tanto, el cierre del grifo de fondos públicos, a bonificar a todas las religiones. “El Estado no impone ninguna”, ha dicho el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, “es una cuestión muy de la izquierda, la igualdad en un Estado aconfesional es no imponer ninguna religión, las trata a todas por igual para que puedas tener la que te dé la gana, o ninguna”. El resultado ha sido consolidar privilegios para todas las confesiones religiosas a cambio de justificar los beneficios que mantienen los obispos. Y en esto, Patxi López defiende respetar todos los cultos y se olvida de la eterna promesa electoral de romper los acuerdos con la Santa Sede.
Este año el PSOE cerró un acuerdo con la Conferencia Episcopal sobre dos impuestos menores a cambio de seguir exenta del IBI, el más importante. Y se ha aprovechado la ley de mecenazgo para aprobar esa tarifa plana al resto de confesiones sin aportar la cifra global que las arcas públicas van a dejar de percibir con esta medida. Se apela a la función social de las religiones, como los partidos políticos, para eximirles del IBI. Nada justifica que los Testigos de Jehová, con prácticas contrarias a la ética y la vulneración de derechos de los menores, dejen de pagar un impuesto que pagamos todos.
Este gobierno ha logrado prohibir las subvenciones con fondos públicos a centros educativos que segreguen a alumnos por sexo. Era un agujero pendiente en democracia, herencia del catolicismo y la ideología reaccionaria que separaba a niños y niñas para darles distinta educación. El reciente aval del Constitucional supone un paso adelante en la laicidad del Estado que no ha tenido continuidad a la hora de tocar los bolsillos de la iglesia.
La cultura democrática es laica por definición. Defender la separación entre la iglesia y el Estado sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos progresistas. Cualquier beneficio fiscal consolida sus privilegios y hace más difícil la necesaria ruptura entre religión católica, identidad nacional y los fondos públicos que la sustentan. El escritor Antonio Muñoz Molina, en el ensayo Todo lo que era sólido, reflexionaba sobre la necesidad de rescatar la educación del poder de las órdenes religiosas para imponer la ley civil.
Defender la separación entre la iglesia y el Estado sigue siendo una asignatura pendiente de los gobiernos progresistas
La hegemonía histórica de una confesión, por más fieles y arraigo que tenga, no puede gozar de privilegios. Y apuntaba Muñoz Molina: “Que la derecha española no se haya desembarazado de la reverencia servil hacia la iglesia católica no tiene nada de extraño. Que la izquierda los abrazara con tanta convicción fue otra de las grandes sorpresas que nos deparó el cambio de los tiempos”. Y en parte, así seguimos. El PSOE llevaba en el programa electoral de 2019 “denunciar los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que dan continuidad al Concordato de 1953, en cumplimiento con el precepto constitucional que establece la aconfesionalidad del Estado y la libertad religiosa”. Y se comprometieron también en 2019 (como en 2013) a impulsar “un nuevo acuerdo basado en la laicidad”. Lo prometió Carmen Calvo y se ha olvidado ahora con Patxi López.
Que el dinero público, los impuestos de todos y las bonificaciones fiscales sigan cuidando tan generosamente a la Iglesia no es propio de un país moderno. España, un Estado aconfesional reconocido por la Constitución, tiene pendiente todavía romper amarras con la financiación y los beneficios de la iglesia. Esta legislatura, otra vez, no va a ser.
