“Yo me pregunto por qué los medios pueden llegar por ideología política a sobrepasar las reglas de la ética, de la ética periodística”. La frase es del juez Manuel García Castellón (sic), dicha ayer mismo en el programa 120M de Telemadrid en relación a los seis periodistas que han declarado en el juicio al fiscal general del Estado. Todo lo que está mal de la judicatura está contenido en esta frase. El magistrado que imputó un delito de terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación de la ley de amnistía sin haber visto un solo indicio en dos años de instrucción –y que pasada la convulsión política se archivó– coloca esta frase en un contexto donde los profesionales han declarado bajo el derecho constitucional a la protección de la fuente. Como las declaraciones de los periodistas que exoneran al fiscal no le gustan, García Castellón ve falta de ética porque no encaja en su sesgo.
No está solo en esto. Hay quienes son capaces de llevarse por delante las reglas más básicas del periodismo con tal de atizar al fiscal general. Allá ellos. Lo preocupante es que haya jueces tan condicionados que en una entrevista de 15 minutos no mencionen un derecho constitucional que García Castellón debería conocer y proteger. Que vea en la reserva de la fuente una cuestión de amoralidad y a la vez defienda los derechos de Alberto González Amador es de una falta de objetividad sin parangón. Réquiem por la neutralidad y alarma porque no sea una excepción. Si los siete magistrados del Supremo que juzgan a Álvaro García Ortiz se parecen en algo a García Castellón, estaríamos ante algo más inquietante que un juez aislado dando su opinión en los medios.
Hay un debate sobre si afecta al statu quo que el presidente del Gobierno defienda la inocencia del fiscal general antes de la sentencia. Muchos de quienes se escandalizan han obviado la condena anunciada de Miguel Tellado o Alberto Núñez Feijóo llamando fiscal filtrador a García Ortiz antes incluso de que asumiera la responsabilidad de la nota de prensa que le llevó al banquillo –nota que no revelaba secretos, según el Supremo–. Más allá de la estética y las formas, quien crea que las palabras de Sánchez influyen en los jueces del Supremo, entenderá que lo harán también las del PP.
Hay quienes son capaces de llevarse por delante las reglas más básicas del periodismo con tal de atizar al fiscal general
Los calificativos a los jueces no son nuevos. Coincide que los escandalizados son los mismos autores. Felipe Gonzalez llamó “descerebrados” a los jueces y les acusó de pretender influir en su gobierno; el PP de Mariano Rajoy hablaba de una trama Gürtel contra el PP… y así casi todos los que ahora denuncian calificativos bastante más suaves. La tensión Ejecutivo-judicial va en las dos direcciones. Con la diferencia de la ausencia de una adecuada rendición de cuentas en los excesos de la judicatura. El Poder Judicial se hizo un flaco favor cuando numerosos jueces con toga protestaron en las puertas de los tribunales contra una ley de amnistía que emanaba del Congreso, antes incluso de que estuviera registrado el texto. Su intento de tumbar la iniciativa era flagrante. Su acción como jueces para influir en la tramitación parlamentaria, manifiesta. La intención era la presión directa al Ejecutivo. De hecho, una vez aprobada, no se movilizaron más. Una pendiente resbaladiza de la que nunca advirtió el órgano supremo de los jueces a sus miembros.
El Poder Judicial pretende abstraerse de unas críticas cada vez más generalizadas que están erosionando su credibilidad. A la mayoría conservadora del CGPJ debería preocuparle que otra mayoría, la de los grupos del Congreso, señale el sesgo en instrucciones marcadamente políticas o influidas por ella. Junts, en plena ruptura de relaciones con el Gobierno, no interviene en la comisión Koldo porque entiende que las causas que afectan al entorno familiar de Pedro Sánchez ya las sufrieron antes. Desde ERC, Gabriel Rufián ha denunciado lo mismo en el pleno de esta semana. ”Se pusieron de perfil cuando una parte del Poder Judicial nos juzgaba y masacraba. Les dijimos: los siguientes son ustedes”. Podemos, con un largo historial de excesos judiciales contra la formación morada, ha repetido lo mismo en numerosas intervenciones. Sumar y el PNV también se han sumado a las críticas contra los desmanes del juez Juan Carlos Peinado.
Más allá de un descrédito que no se pueden permitir, la instrucción al fiscal general revela un aviso que los periodistas ya conocemos. Porque, ¿quién presiona a quién? Los seis profesionales de cuatro medios distintos que han pasado por el Supremo han sido desautorizados por el juez Ángel Hurtado, señalados en los autos, ignorados en sus declaraciones y cuestionados públicamente por guardar secreto. El cuarto poder es líquido, aunque su presión contra él sea sólida. Y por esto no se escandalizan.
“Yo me pregunto por qué los medios pueden llegar por ideología política a sobrepasar las reglas de la ética, de la ética periodística”. La frase es del juez Manuel García Castellón (sic), dicha ayer mismo en el programa 120M de Telemadrid en relación a los seis periodistas que han declarado en el juicio al fiscal general del Estado. Todo lo que está mal de la judicatura está contenido en esta frase. El magistrado que imputó un delito de terrorismo a Carles Puigdemont en plena negociación de la ley de amnistía sin haber visto un solo indicio en dos años de instrucción –y que pasada la convulsión política se archivó– coloca esta frase en un contexto donde los profesionales han declarado bajo el derecho constitucional a la protección de la fuente. Como las declaraciones de los periodistas que exoneran al fiscal no le gustan, García Castellón ve falta de ética porque no encaja en su sesgo.