Señalar las vacaciones para no hablar de Vox

Llevamos apenas 48 horas desde el pistoletazo hacia las generales y ya hay más barro que respuestas. Venimos de un cierre de campaña que nos debería haber despertado preocupación sobre la calidad del debate político, la peligrosa línea entre la exageración propia del ambiente electoral y la falsedad como estrategia política. En el post, no sabemos qué hará el PSOE después del 23J y, aun ganando, se encuentre con el erial del 28M; no sabemos qué va a hacer el PP con Vox y no sabemos por qué los resultados electorales que disparan a Vox no han llevado a la reflexión general sobre el ascenso de la ultraderecha.

Por partes. Alberto Núñez Feijóo exigió a Pedro Sánchez durante la campaña del 28M aclarar si pactaría con Bildu en Navarra, País Vasco y en una posible segunda legislatura. Más que exigir, cargó y acusó a Sánchez de ocultar esos posibles pactos. En un contexto de bloques, cada partido tiene legitimidad para pedir explicaciones sobre las conversaciones que tiene el otro con sus posibles socios. El escenario ha cambiado. El resultado de las autonómicas ha acelerado que el PP tenga que explicar qué negociaciones tendrá con Vox. Por coherencia política con lo que exige Feijóo a Sánchez y por respeto a los electores, con derecho a saber antes de ir a las urnas dónde y cómo se posiciona cada uno; sobre qué agenda, bajo qué reparto y qué coaliciones. 

Nos encaminamos hacia las generales y los gobiernos donde los populares pueden gobernar pero necesitan los apoyos de Vox o su abstención, parecen no ir con ellos. Es incongruente exigir al PSOE que aclare sus alianzas sin explicar qué van a hacer. Es más incoherente calificar de erosión democrática colocar las elecciones en el mes de julio y dejar varias comunidades sin gobiernos por pura táctica política y electoral. Según el presidente del PP, Sánchez quiere que los españoles elijan entre “urnas o vacaciones”, mientras se toman un descanso de dos meses para formar gobiernos. 

Dejar para agosto la constitución de esos ejecutivos es dejar a comunidades autónomas empantanadas y sin gestión política. Son dos meses sin aprobar leyes, sin presupuestos, sin transferencias de gastos para aprobar proyectos europeos, sin cubrir vacantes, convenios, contratos, ayudas directas —a transportistas o agricultores, por ejemplo—, sin oposiciones, sin cubrir plazas, sin ejecutar adjudicaciones… Los extremeños, aragoneses, valencianos o murcianos pueden estar sin presidente o presidenta autonómica hasta agosto, un mes tan de vacaciones como el mes de julio que tanto escandaliza.

Dejar para agosto la constitución de esos ejecutivos es dejar a comunidades autónomas empantanadas y sin gestión política. Son dos meses sin aprobar leyes, sin presupuestos, sin transferencias de gastos para aprobar proyectos europeos...

La convocatoria exprés de las generales ha descabalgado reflexiones obligadas y de fondo. El desplome del PSOE y el crecimiento del PP es propio de los ciclos electorales de una democracia sana donde las urnas hablan. Pero el ascenso de la extrema derecha merece un análisis de calado democrático. La actual imposibilidad del PP para gobernar sin la ultraderecha está provocando que normalicemos una fuerza política de discurso iliberal. Un partido que deteriora la imagen y la calidad democrática de España. El silencio del PP sobre qué hacer con una fuerza que crece en votos, que se escindió del PP pero ha mutado bajo el patrón de las ultraderechas europeas, nos lleva a un escenario incierto. A la posibilidad de llegar al 24 de julio con gobiernos a nivel local, autonómico y nacional condicionados por un partido iliberal, que no oculta ni su agenda regresiva ni la imposición de las políticas para llevarla a cabo.

En pleno contexto electoral, el PP está dispuesto a normalizar a Vox. Y está la excusa de la imagen de Giorgia Meloni operando en Bruselas como si nada. Así que pudiendo elegir ser como Francia o Alemania, España corre el riesgo de parecer Italia. La pregunta de calado europeo es qué reputación queremos tener y qué imagen queremos exportar. La pregunta en lo nacional, es colectiva. El PP tiene que explicar qué va hacer con Vox. El resto de partidos, populares de nuevo incluidos, deben responder cuál es el precio político a pagar por evitarlo.