La conjura de los necios

“La ignorancia, la negligencia y la estupidez siempre conspiran para triunfar”

(La conjura de los necios. John Kennedy Toole)

A veces la mejor cobertura es la falta de cobertura. Recordarán que, en un hotel céntrico de Madrid, medio centenar de miembros de la conservadora Asociación de Fiscales (AF) se reunieron recientemente con Alberto Núñez Feijóo, aspirante a la presidencia del Gobierno, para conversar sobre los males que aquejan a la justicia española. El presidente del PP expuso sus planes para acabar con la gangrena social-comunista que corroe a este pilar de la democracia, la Justicia, mientras los diligentes fiscales promovían, junto con jueces conservadores, una huelga en periodo preelectoral. ¡Como debe ser!

Entre los anuncios de alcance, el líder popular descartó enfáticamente que se vaya a modificar en esta legislatura la composición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), dejando claro –si es que alguien lo dudaba– que incumplirá la obligación constitucional de renovar esta institución y, lo que es peor, que le importa un bledo. Es evidente, a la luz de esta afirmación, que surgen dudas razonables sobre la capacidad de Núñez Feijóo como político, servidor público y hombre de Estado, para resolver cuestiones complejas; y la certeza de complicidad de los y las fiscales presentes, que, en vez de afearle esta decisión, se la celebraron con aplausos. Podrán decir que no forman parte del poder judicial, y en España esto es técnicamente cierto, pero entre ellos hay quienes, como la presidenta de la AF, Cristina Dexeus, aspiran a ser designados por el dedo divino popular, y todos, como garantes de la legalidad, tienen la obligación de acatar la Constitución.

Para reforzar sus razones, Núñez Feijóo repasó las excusas que ya conocemos: la elección de jueces por jueces; la derogación del delito de sedición; la desconfianza en el gobierno y sus socios parlamentarios. En resumen, más de lo mismo. Lo de cumplir con la Constitución solo va con los otros, no con quienes se sienten investidos de una autoridad moral que los sitúa por encima del Estado de Derecho.

Desde hace tiempo y en todo el mundo, asistimos al fenómeno de la politización de la justicia caracterizado por acusaciones y sentencias ad hoc contra adversarios políticos, con la participación de fiscales y jueces afines. Esto se denomina lawfare, que por desgracia ha existido, existe y seguirá existiendo, y en España lo hace de la mano de personajes como Antonio Narváez, fiscal que ha intervenido durante años en los procesos de ilegalización de partidos políticos. Álvaro Sánchez Castrillo señalaba en infoLibre que, según Narváez, "se está perfilando una estrategia de coalición, con Bildu que es una organización filoterrorista, con el apoyo del Partido Socialista de Euskadi y lo que quede de Podemos", ante el horizonte de los comicios al Parlamento Vasco. Estas expresiones lesionan su deber de “imparcialidad” y, desde luego, quebrantan su deber como Fiscal de Sala del Tribunal Supremo en activo y exmagistrado del TC, de abstenerse de dirigir críticas a otros poderes del Estado, como es el Ejecutivo.

Derogar lo que haga falta

En el mismo sentido, Consuelo Madrigal, quien fuera Fiscal General del Estado, se refirió a las enmiendas legislativas “donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley”, añadiendo: "Esta perversión del procedimiento legislativo va unida a una perversión de la institución que hemos vivido en los últimos años. (…) ¿Cómo sería posible una regeneración benéfica para todos?". Mejor sería decir para quienes defienden, como ella, la visión ultraconservadora de la justicia.

Las miradas de los comensales de la AF se dirigieron arrobadas al candidato del PP. Según recogió El País, Núñez Feijóo agradeció su trabajo a los fiscales “que estando en puestos clave y recibiendo todo tipo de presiones, restablecieron el orden constitucional que algunos políticos quebraron”. Como saben, la propia Consuelo Madrigal llevó la acusación, junto a otros tres colegas, en el juicio del Tribunal Supremo contra los dirigentes catalanes impulsores del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, sosteniendo la calificación de rebelión que fue desestimada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, que acogió, en cambio, la tesis de la acusación de la abogacía del Estado por el delito de sedición. Al menos por esto, debería ser más prudente el responsable político. Pero claro, “si sólo es una charla de café…”.

Antonio Narváez fue más lejos al desear que el líder del PP alcanzase la presidencia con una frase lapidaria: “Personalmente, digo que ojalá”. Quizás sea porque tiene aspiraciones a ser el señalado para la Fiscalía General del Estado, por ejemplo. En este mundo rancio, nadie da nada por nada. Siempre hay una contraprestación, o al menos una expectativa.

Por supuesto, Núñez Feijóo prometió derogar las leyes necesarias “nada más llegar a la Moncloa”, más aún, aseguró que en su programa electoral se incluiría la derogación de unas diez leyes. Ahora, el presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, ha exigido al presidente popular que enumere las normas que considera hay que eliminar. No se debería derogar una ley por simple ideología, sino porque es mala. Las normas, sean de un signo u otro, van conformando el Estado de Derecho que protege a todos los ciudadanos y no sólo a los amiguetes.

Como ven, la justicia es un terreno en permanente disputa política, y no tendría que serlo. De un lado, se exige una independencia absoluta de fiscales y jueces (curiosamente quienes menos la practican son los que más cacarean de ello). De otro, se producen charlas y conversaciones privadas en las que se decide todo, si es que se sabe con quién hablar. (Esto es tristemente opaco, impropio de un sistema de justicia democrático).

Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y las miserias que, a veces, los rodean

El CGPJ se queda como está

A partir de aquí entenderán el interés de Núñez Feijóo en que los fiscales tuvieran clara su voluntad de no renovar el CGPJ, en la esperanza de que las elecciones generales permitan que el PP vuelva al gobierno y siga conservando las riendas del Poder Judicial.

Los intentos y pulsos realizados con la institución como rehén tuvieron un objetivo claro: los nombramientos en el Tribunal Constitucional. En un primer momento forzando la designación de dos afines, Concepción Espejel (“querida Concha”) y quien fuera fiel defensor de las posiciones populares en ámbitos como el aborto o la memoria histórica, Enrique Arnaldo. Y en segundo intento, para evitar que el alto tribunal tuviera una mayoría progresista entre sus magistrados, como finalmente sucedió.

El manoseo del CGPJ ha sido tal, que ya ha perdido toda su credibilidad y difícilmente recuperará la confianza de la ciudadanía que, en definitiva, es la que sufrirá las consecuencias. Ya no quedan dudas. No se producirá cambio alguno hasta que el PP vuelva a gobernar. Pero ¿y si las elecciones le son adversas al PP? Creo que igualmente no habrá renovación. Se han apropiado del CGPJ y no lo soltarán.

Es conocido en el foro que el PP no deja nunca en la estacada a quienes de algún modo le han beneficiado. Algo que el PSOE no suele practicar. Lo explicaba en una entrevista Concepción Sáez, vocal progresista que renunció a su cargo en este mes de abril:

“… Este Consejo pasará a la historia –además de ser, espero, el más largo de toda la historia– porque con su conformación, tanto ideológica como personal, la derecha ha conseguido que los órganos que integran el vértice de nuestra organización judicial, el Tribunal Supremo y los tribunales superiores de justicia, estén dirigidos y conformados, salvo pocas excepciones, por magistrados destacadamente de derechas. Este era el objetivo de este Consejo. Y al menos el tiempo que estuvo Lesmes presidiendo, él supo llevar a cabo la tarea para la que había sido nombrado…”

¿Se dan cuenta de la gravedad de esta afirmación? Y lo peor radica en que es absolutamente cierta.

Independencia

¿De verdad alguien cree a estas alturas que estos jueces o estos fiscales son independientes? Muy al contrario, esperan acontecimientos políticos que eviten que profesionales de visión progresista alcancen los puestos de decisión. Estaría bien que tuvieran el mismo empeño en hacer su trabajo de forma más justa y diligente.

En el semanario mexicano Proceso, el jurista italiano Luigi Ferrajoli mantiene la necesidad de la independencia judicial. Lo dice así: “Los jueces deben tener la posibilidad e incluso el coraje de emitir sentencias no populares e independientes de los intereses políticos, lo que garantizará el respeto entre el Poder Judicial y los poderes políticos (Ejecutivo y Legislativo) con miras a mantener vivos los gobiernos democráticos”.

Pienso que los profesionales de la justicia son auténticos valedores de los principios democráticos y constitucionales, por lo que su comportamiento debe estar alejado de los políticos y las miserias que, a veces, los rodean. Pero, ¡qué difícil les resulta a algunos! Con ello contribuyen al descredito de la justicia, corrompida precisamente por quienes están obligados a defenderla.

Queda poco tiempo. Bruselas evaluará en julio los esfuerzos realizados por Gobierno y oposición para renovar el CGPJ. Se hará entonces público el informe anual sobre la salud democrática en los Veintisiete países de la UE. La vicepresidenta de la Comisión Europea, responsable del área de Estado de Derecho, Vera Jourova, ha recordado que ya en su última evaluación anual, se instó a España a renovar con carácter de urgencia el CGPJ y proceder después a la reforma del sistema de selección de vocales.

Finalmente, no debemos olvidar que, a final de junio, España asume la presidencia de turno de la UE. Quizás recuerden la serie de animación Dragones y Mazmorras estrenada en España en 1985 en la que el Amo del Calabozo era el personaje más poderoso del Mundo Mágico y podía favorecer el bien, para que los niños volvieran a casa, pero el equilibrio entre este y el mal le impedía hacerlo. En este asunto el título de Amo del Calabozo corresponde al máximo cargo del PP, quien aguantará carros y carretas hasta que los hados electorales le sean propicios mientras, de paso, arrojará lodo sobre el Gobierno español ante el ejecutivo comunitario. Y en ese empeño le apoyarán determinados jueces y fiscales conservadores que, parafraseando el título de la novela de John Kennedy Toole (cuya lectura recomiendo) se han embarcado en una “conjura de los necios”, que acabará llevando la Justicia española al desastre. Al tiempo.

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Baltasar Garzón Real es jurista y presidente de FIBGAR.