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España y la corrupción

Las Convenciones del Consejo de Europa contra la Corrupción, al igual que la de la ONU, se proponen combatir la desviación de poder con ánimo de lucro reconociendo de antemano que la corrupción no puede corregirse únicamente con medidas de represión penal. Asignan a los comportamientos más graves severas penas pecuniarias y privativas de libertad, que son la respuesta más enérgica del Estado de derecho para combatir ese fenómeno criminal que tantos recursos públicos consume. Sin embargo, la respuesta penal es la ultima ratio: antes de llegar a los juzgados, hay muchas otras medidas de prevención y transparencia en el sector público y en la iniciativa privada que autoridades y empresas deben implementar. Se trata de medidas que no erradican la corrupción, pero evitan que se generalice y se haga endémica. 

Al ratificar esas convenciones, nuestro país se adhirió al GRECO, Grupo de Estados contra la Corrupción, organismo supranacional que supervisa el cumplimiento de sus obligaciones por los estados miembros. Dentro de ese grupo, España evalúa y es evaluada. 

En años anteriores, hemos recibido del GRECO numerosas recomendaciones relativas a nuestro poder judicial, al ministerio fiscal y a otras instituciones; se nos ha censurado, por ejemplo, el déficit de independencia de nuestros jueces, así como la falta de transparencia del Gobierno en sus relaciones con la Fiscalía General del Estado.

Acabamos de conocer el último informe del GRECO relativo a España, que analiza el cumplimiento de las recomendaciones que nos dirigieron en 2019 para la prevención de la corrupción en los gobiernos central, autonómicos y locales, y en las fuerzas de seguridad del estado. El veredicto no puede ser más descorazonador: de las diecinueve recomendaciones formuladas, España no ha cumplido satisfactoriamente ninguna. Ha aplicado parcialmente siete, y ha desatendido por completo doce. 

El informe del GRECO reconoce que se han producido avances en la prevención de los conflictos de interés de los funcionarios públicos, pero no aprecia esos mismos avances en el régimen legal de los PTEF, personas con altas funciones ejecutivas, es decir, los políticos que nos gobiernan. Sigue sin elaborarse un código de conducta que regule su elegibilidad, reputación, incompatibilidades y causas de recusación; y nos reprochan que tampoco se ha producido ningún progreso en el sometimiento de los asesores —esos individuos libremente designados, con o sin cualificación, que pueblan nuestras administraciones públicas— a requisitos estrictos de transparencia e integridad.

No se registran mejoras en materia de transparencia y acceso a la información después de la aprobación de la Ley de 2013; y seguimos sin haber ratificado el Convenio europeo CETS 205, que garantiza el acceso de los ciudadanos a los documentos oficiales. 

Igualmente, hemos incumplido por completo la recomendación de que regulemos los lobbies —grupos de interés alérgicos a la transparencia que dan vueltas sigilosamente alrededor de nuestros gobernantes con propósitos a veces poco confesables—. Prometimos al GRECO hace tres años una ley que regularía el registro, los deberes y el código de conducta de los lobbies; y sin embargo, el proyecto sigue esperando para iniciar su discusión parlamentaria. 

Dos alcaldes de Madrid fueron preguntados por sus ingresos. Uno, de cuyo nombre no quiero acordarme, contestó que la información sobre su patrimonio estaba protegida por su derecho a la intimidad

El Gobierno se había comprometido también a limitar las puertas giratorias para los altos cargos, restringiendo a los políticos el ejercicio de actividades privadas después de cesar en su cargo público. La recomendación no se ha cumplido. 

Tampoco publicamos la información financiera, patrimonial y profesional de los cónyuges y demás familiares dependientes de las personas con altas funciones ejecutivas de nuestro país, por restricciones —hemos aducido— derivadas de la protección de datos de carácter personal. Y no hemos modificado el sistema de aforamiento, que les confiere inmunidad incluso para sus actividades privadas.

Nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad no salen del Informe GRECO mucho mejor paradas que nuestros gobernantes. Se describen progresos significativos de la Guardia Civil en diversos ámbitos: ha completado en 2021 un nuevo código de conducta, y ha incrementado el acceso de mujeres a la institución, hasta el 21% en la academia de oficiales y el 24% en la escala básica. 

En el Cuerpo Nacional de Policía, por el contrario, las mujeres no pasan del 15%, y el código de conducta sigue siendo el demostradamente insuficiente de 2013, el mismo que hubiera debido y no fue capaz de prevenir los conflictos de intereses de esos comisarios que durante años simultanearon sin ser molestados sus cargos públicos con sus empresas privadas de seguridad, desde las que dispensaban toda clase de servicios de protección a los empresarios más poderosos del Ibex 35. El GRECO había pedido que se protegiera a los denunciantes de tales prácticas corruptas en el seno de las fuerzas de seguridad del estado. Nada se ha hecho.

La corrupción le cuesta a los españoles 40.000 millones de euros al año, importe que unido a los 20.000 millones de rentas ilícitas que genera el fraude fiscal, equivalen al rescate bancario que siguió a la crisis financiera de 2008. No parece que el Informe GRECO sea una buena carta de presentación para que España reclame a la UE los 140.000 millones de euros que nos han sido asignados en el contexto de la recuperación del covid-19.

Dos alcaldes de Madrid fueron preguntados por sus ingresos. Uno, de cuyo nombre no quiero acordarme, contestó que la información sobre su patrimonio estaba protegida por su derecho a la intimidad. El otro, Enrique Tierno Galván, facilitó toda la información que se le pedía, y señaló: los bolsillos de los gobernantes deben ser de cristal. 

España no debe continuar remando contra corriente en la lucha contra la corrupción. Seguimos ocupando el puesto 34 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional: casi todos los países europeos importantes están por delante de nosotros. No podemos permitirnos la desconfianza de nuestros socios europeos. El Gobierno central debe liderar la tarea que tenemos por delante, cuyas líneas maestras vienen definidas desde Estrasburgo y Bruselas; y en ese esfuerzo debería contar con el consenso y el respaldo de toda la oposición.

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