Hace unas semanas, la diputada del PP y senadora por Madrid, así como ex consejera de vivienda con Ayuso, Paloma Martín, se hacía eco de una noticia en la que se decía que el precio de la vivienda registra un nuevo récord histórico en el año 2025. Ella venía a culpar al Gobierno de España de esta situación. Sin yo querer restarle su parte de responsabilidad, en muchos aspectos, al Gobierno central en materia de vivienda, no deja de ser curioso que quienes ejercen las competencias en materia de vivienda en las comunidades donde gobiernan hablen con ese desparpajo.
Estamos demasiado acostumbrados a que, en los medios de comunicación, en las mesas y opiniones de los expertos, cuando se habla de vivienda, siempre se hable de Barcelona para criticar lo que llaman “intervencionismo”. ¿Por qué nunca se habla de Madrid? ¿Cómo es posible que, ante los desastrosos resultados de sus políticas de vivienda, respondan sin pudor que el suyo es un modelo de éxito? Es posible porque no se les cuestiona, al estar alineados con los intereses del lobby inmobiliario. Si en otro sitio suben los precios, es culpa del intervencionismo; si suben en Madrid, es porque es una región dinámica. Así funciona la ideología.
Lo cierto es que el modelo del PP en vivienda es un auténtico fracaso y sus gobernantes son incapaces de ofrecer un solo indicador que haya mejorado desde que Ayuso llegó al poder. Todo ha ido a peor. En la misma noticia que enlazaba la ex consejera aparecía que Madrid es la región donde más ha crecido el precio de la vivienda. Madrid es la segunda región, tras Baleares, con mayor sobrevaloración del precio de la vivienda, es decir, con mayor disparidad entre la renta de las familias y el precio de la vivienda: desde que Ayuso gobierna, se ha disparado el número de años que tiene que afrontar un hogar típico para la compra de una vivienda, especialmente en Madrid ciudad, algo que no ha ocurrido ni en Barcelona ni en Bilbao.
Madrid está a la cabeza de España en el precio del alquiler y en el esfuerzo que tienen que hacer los inquilinos para poder pagar todos los meses. En Madrid ha crecido un 43% la presencia de empresas que acumulan viviendas, al mismo tiempo que descienden las compras residenciales. Más gente tiene que marcharse fuera de la región coincidiendo con que el stock de vivienda nueva sin vender lleva creciendo desde el año 2018 y ya hay más de 62.000 viviendas nuevas que no se venden. En Madrid, el parque público está en cifras del año 2005 y sería todavía menos si la justicia no les llega a obligar a recuperar las 1.721 viviendas que vendieron de manera fraudulenta a un fondo buitre.
La igualdad es democratizar el poder para ser libres. El acceso a una vivienda segura, de calidad y barata es una condición necesaria para ser libre, y algo tan importante para la libertad no se puede dejar en manos del mercado
En vivienda hay que salir de falsos dilemas: no hay que elegir entre regular y aumentar la oferta, entre impedir la demanda especulativa e invertir en vivienda; hay que hacer todo al mismo tiempo y por todos los medios. Solemos centrarnos en la dimensión cuantitativa, pero lo fundamental está en la cualitativa. ¿Qué oferta, qué inversión, qué regulación?
El modelo de vivienda donde menos peso tiene la vivienda de mercado, el que mejor funciona, también es un modelo que aumenta la oferta acorde al aumento de los hogares. Esto ocurre en Viena, pero no en Madrid. El mercado busca una demanda solvente, busca una demanda que pueda pagar esos precios de mercado y no atiende a las necesidades de la gente. Necesitamos pensar la vivienda como algo parecido a la sanidad, que tenga vocación universal, que sea capaz de ofrecer respuestas a amplias capas de la población. No es un problema que haya vivienda protegida para rentas de 90.000 euros; el problema es que no la hay para rentas de 17.000.
Y, al contrario, la vivienda pública no puede quedar solo —en teoría— para “quienes más lo necesitan” y “se quedan fuera del mercado”; la vivienda pública debe ser un derecho de ciudadanía que, junto con la vivienda protegida promovida por la colaboración público-social, ofrezca opciones para que la sociedad pueda elegir cómo quiere vivir. Para que haya libertad de elección tiene que haber una diversificación en la oferta, porque no hay libertad cuando se obliga a la inmensa mayoría de la gente a tener que pasar por el embudo del mercado y elegir entre susto o muerte.
La democracia se fundamenta en empobrecer a los ricos y enriquecer a los pobres. ¿Para qué? Para igualar. ¿Igualar en qué? En libertad. La igualdad es democratizar el poder para ser libres. El acceso a una vivienda segura, de calidad y barata es una condición necesaria para ser libre, y algo tan importante para la libertad no se puede dejar en manos del mercado.
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Jorge Moruno es sociólogo por la UCM, diputado de Más Madrid y portavoz de Vivienda.
Hace unas semanas, la diputada del PP y senadora por Madrid, así como ex consejera de vivienda con Ayuso, Paloma Martín, se hacía eco de una noticia en la que se decía que el precio de la vivienda registra un nuevo récord histórico en el año 2025. Ella venía a culpar al Gobierno de España de esta situación. Sin yo querer restarle su parte de responsabilidad, en muchos aspectos, al Gobierno central en materia de vivienda, no deja de ser curioso que quienes ejercen las competencias en materia de vivienda en las comunidades donde gobiernan hablen con ese desparpajo.