En julio de 2023, Ana Jiménez de la Hoz, Embajadora de España ante las Naciones Unidas, se dirigió a la Asamblea General con una petición en nombre de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Filipinas, Reino Unido, Túnez y España. Agradeciendo la colaboración de la ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, solicitaba el reconocimiento del día 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.
Aunque parece tema de los servicios sociales o de las asociaciones sin ánimo de lucro, ahora ya se habla de economía de los cuidados, sobre la base del cálculo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que atribuye al sector el 9% del PIB mundial si se contabiliza con el salario mínimo. Por otra parte, ya existe una resolución de junio de 2024 donde se fijan claves y principios, aunque ya se había incluido el trabajo de cuidados, remunerado o no, en las disposiciones sobre empleos domésticos y en el trabajo decente en el sector. En la proclamación de este día internacional las Naciones Unidad apunta:
“Objetivo: Reconocer, reducir, valorar y redistribuir el trabajo de cuidados, promover la inversión en la economía del cuidado y crear sistemas de cuidado más sólidos, resilientes e inclusivos.
Motivación: Abordar las desigualdades de género en el mercado laboral y en los hogares, garantizar el trabajo decente para los cuidadores y reconocer la importancia vital de este trabajo para la sostenibilidad social y económica”.
Ya no es un asunto privado, familiar, sino que se ha convertido en un punto central de las políticas públicas, una cuestión de carácter social, una preocupación por el trabajo de cuidados en sus dos modalidades, como remunerado y no remunerado, una clave de las reivindicaciones feministas, pero también una fuente de beneficios para muchas empresas de un sector en crecimiento.
Siguiendo a M. A. Durán podemos señalar que existen cuatro modos de “producir” cuidados: 1) las empresas que contratan plantilla y operan en el mercado capitalista habitual; 2) el Estado, a través de todas las Administraciones públicas, que prestan servicios de cuidado con múltiples fórmulas; 3) las ONG o asociaciones del tercer sector, y 4) la primera fuente de prestación del trabajo de cuidados: la familia y, en particular, las mujeres.
Desde hace muchos años, la OIT ha reclamado la aplicación de los principios del trabajo decente al sector de los cuidados, en condiciones de trabajo, salarios, seguridad social, y específicamente reconociendo como trabajo las tareas de cuidado, aunque no sea remunerado. El aspecto afectivo, la ética individual, ha dejado de ser la esencia, se ha transformado en un trabajo con connotaciones sociales, responsabilidades compartidas entre el Estado y las familias, un derecho universal de los seres humanos.
El desarrollo de la economía y la sociología feministas ha significado un salto cualitativo en el conocimiento de una práctica social tan relevante y a partir de estudios teóricos y empíricos se produce un reconocimiento de su importancia, también desde la filosofía. En nuestro país, Victoria Camps en Tiempo de cuidados realiza un análisis exhaustivo, sobre todo desde la ética: “si queremos que el cuidado se convierta en un valor públicamente reconocido y un deber equitativamente repartido: cuál puede ser su encaje en el derecho”. Porque el cambio de paradigma significaría ponerlo en el centro de las relaciones humanas. Por eso: “Las relaciones de cuidado no deben ser relaciones contractuales ni mercantiles exclusivamente”.
Además, se conecta no sólo con la superación de las desigualdades de género, que es una motivación radical por su incidencia en el mundo laboral y familiar, sino con la democracia. En la medida en que se trata de un derecho, que responde a necesidades de los seres humanos, las políticas públicas deben ir acompañadas de la posibilidad de participación de las personas que en algún momento de sus vidas van a necesitar ser cuidadas. No es una cuestión excepcional de quienes necesitan asistencia en un momento determinado, sino que todos los seres humanos necesitamos ser cuidados en la infancia, ante múltiples formas de disminución de capacidades o de autonomía, en la vejez o en la enfermedad. La dependencia es un rasgo constitutivo del ser humano.
Las políticas públicas deben ir acompañadas de la posibilidad de participación de las personas que en algún momento de sus vidas van a necesitar ser cuidadas
Aparece como principio democrático la responsabilidad de las instituciones, la obligación de control de los servicios prestados (sabemos lo que ocurrió con las residencias), sobre todo en la medida en que la privatización y la mercantilización hacen estragos entre las personas más vulnerables. El auge del senior marketing, la Silver Economy, es cada vez más evidente en la publicidad, los productos de las nuevas tecnologías, el tiempo libre.
Otra mujer, Joan Tronto, en distintos ensayos pone el cuidado en el centro de la vida humana y desarrolla la relación con la democracia. Partiendo de la base del cuidado como necesidad humana infravalorada, mientras no seamos capaces de reconocer que somos “receptores de cuidado” en varios momentos de nuestras vidas, el valor público del cuidado no se convierte en un derecho. Si suponemos que todo el mundo tiene derecho a recibir asistencia y tiene el derecho de cuidar, en democracia deberíamos tener “derecho a participar en el proceso público por el cual se formulan juicios sobre el modo en que la sociedad debería asegurar esas dos premisas” (Democracia y cuidados, 2024).
El reconocimiento implica que toda la sociedad está involucrada en los cuidados, con la salvedad de que también puede existir el derecho a no cuidar. Aunque, quizás, las advertencias más frecuentes provienen de considerar las necesidades y los deseos de las personas cuidadas, su diversidad, con la preocupación sobre las relaciones de jerarquía que pueden desarrollarse en los vínculos asistenciales y las desigualdades sociales que la democracia tiene la obligación de compensar, porque el cuidado democrático tiene que ser inclusivo e igualitario.
Puede ser que haya que redefinir la democracia, reflexionar sobre el papel de la familia que ya no es suficiente, caracterizar las instituciones dedicadas al cuidado para garantizar los derechos, preguntarnos si el mercado puede cuidar, analizar las responsabilidades sesgadas por el sexismo, la cara oculta del cuidado como “protección” siempre del lado patriarcal que suele incluir sumisión e incluso violencia. Visibilizar cómo lo personal, lo individual, atenta contra la responsabilidad social, el bien común, que en el fondo es el sustento del cuidado y de la democracia.
El sesgo sexista resulta evidente y merece un tratamiento en profundidad por las múltiples razones que contribuyen a la reproducción de los roles femenino y masculino en las prácticas de cuidado. No obstante, lo que ahora se llama interseccionalidad, en particular con la clase social o la etnia, adquiere dimensiones espectaculares cuando se trata del papel de la mujer. Por el componente socioeconómico, que genera desigualdades con muy difíciles soluciones o cambios, y por los rasgos culturales que se transforman en formas de vida, de relaciones, hábitos adquiridos desde la infancia, o pesadas cargas religiosas. Los hombres protegen, las mujeres consuelan, ellos proveen, ellas cuidan, por extensión de la biología, la cultura se ha encargado de transformar en “naturales” los roles de género.
Desde el neolítico, la división sexual del trabajo se ha construido y reconstruido sobre la base de la división entre lo público y lo privado. El amor es trabajo no pagado que impide la emancipación de las mujeres, sobre todo, sin estudios, sin independencia económica. Parecen situaciones superadas (tal vez para las profesionales de estas épocas) pero queda mucho por hacer, en algunas culturas hay un abismo todavía. Y con respecto a los cuidados funcionan los mecanismos propios de la culpa, porque se ha inculcado a las mujeres desde pequeñas la obligación de cuidar. En lo objetivo y en lo subjetivo, el cuidado sigue estando asociado a las tareas de las mujeres, de ahí la relevancia de llevar el tema al ámbito de lo social, de los derechos, del bien común, huyendo de lo personal (privado, familiar) para situarnos en las necesidades y los deseos de todos los seres humanos.
Los cuidados tienen que formar parte de las conquistas democráticas, de las responsabilidades compartidas, de la justicia social. Las políticas públicas tendrán que adaptarse, sin los asistencialismos que cronifican las dependencias, sin la uniformidad que produce desigualdades, con principios y normas que persigan la calidad, la atención integral a las personas que lo necesiten, que deje de ser invisible.
En los principios rectores de la OIT: “El Estado asume la responsabilidad principal de la provisión, la financiación y la regulación de los cuidados, y vela por que se apliquen los más altos estándares en materia de calidad, seguridad y salud a los trabajadores y los destinatarios del cuidado. Ello incluye asignar los recursos necesarios y adoptar y mantener al día un marco regulatorio y de políticas sólido”.
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Estella Acosta es orientadora y profesora asociada de la UAM, jubilada.
En julio de 2023, Ana Jiménez de la Hoz, Embajadora de España ante las Naciones Unidas, se dirigió a la Asamblea General con una petición en nombre de Alemania, Argentina, Chile, Colombia, Filipinas, Reino Unido, Túnez y España. Agradeciendo la colaboración de la ONU Mujeres, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Alto Comisionado de Derechos Humanos, solicitaba el reconocimiento del día 29 de octubre como Día Internacional de los Cuidados y el Apoyo.