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Agua y derechos humanos. El agua como arma de guerra

Emilio Menéndez del Valle

El Preámbulo de la Carta de la ONU dice: “Nosotros, los pueblos de las Naciones Unidas, resueltos a preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la Humanidad sufrimientos indecibles, a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas… y con tales finalidades, a practicar la tolerancia y a convivir en paz como buenos vecinos, a unir nuestras fuerzas para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales…” San Francisco, 26 de junio de 1945, recién terminado el flagelo ocasionado por la segunda guerra mundial. 

Cierto. Esa resolución y esa reafirmación pregonadas por los padres fundadores no han logrado la convivencia en paz “como buenos vecinos”. No obstante, con toda probabilidad, la situación internacional actual sería catastrófica sin la  existencia de la Organización nacida hace 79 años. Desde su inicio, ha recibido críticas desde frentes diversos. En un mundo configurado en bloques antagónicos, la labor no podría dejar de ser ardua y complicada. Ya lo resaltó el primer secretario general, el noruego Trygve Lie, quien en 1948, sin tapujos, sentenció: “El trabajo de secretario general de la ONU es el más difícil del mundo”. Su sucesor, otro escandinavo, el sueco Dag Hammarskjöld, acuñó una frase que ha hecho historia: “Las Naciones Unidas no fueron creadas para traernos el paraíso, sino para alejarnos del infierno”. Sentencia cabal. Desde entonces, vía Consejo de Seguridad o Asamblea General, la Organización ha contribuido a alejar situaciones infernales. 

Críticos ha tenido y los seguirá teniendo. De variada ralea. Por ejemplo, Mariano Rajoy, entonces vicepresidente del Gobierno de Aznar —quien, en satisfecha compañía de Bush y Blair, apoyaba la hecatombe sobre Iraq que estaban a punto de desencadenar— muy seguro de sí mismo, afirmó: “Si la ONU se muestra incapaz de que sus resoluciones se cumplan, es un órgano perfectamente suprimible” (17-2-2003). Por cierto, en el asunto de la invasión, Rajoy hizo gala de poseer buena información: “Mire usted, que Iraq tenía armas de destrucción masiva es un hecho casi objetivo. Tengo la convicción de que aparecerán.” (27-4-2003). 

Conocida es la animadversión de Donald Trump, quien en su condición de firme demócrata y paladín de todo tipo de libertades, afirmó el 21-3-2016: “Las Naciones Unidas no son amigas de la democracia ni de la libertad. Tampoco de los Estados Unidos y, desde luego, no de Israel”. Ya como presidente electo y en relación con el calentamiento global —según él “una patraña de los chinos”—, aseguró que cancelaría los pagos a la ONU ya que “se gastan millones de dólares sin que se sepa quién y qué se hace con ellos”. Como si el clima fuera compartimentable por Estados, hizo gala de un  ridículo nacionalismo climático y, ufano, proclamó: “Vamos a trabajar por nuestro propio ambiente”. Ridículo en el que años antes, en octubre de 2007, se había sumido Mariano Rajoy al ejercer de negacionista climático. Impertérrito, comunicó que un primo suyo, catedrático en la capital andaluza, le había convencido: “Si nadie garantiza ni qué tiempo hará mañana en Sevilla ¿cómo van a decir lo que va a pasar dentro de 300 años? Yo sé poco de este asunto, pero mi primo supongo que sabrá”.

Es asimismo conocido el odio y la sarta de vituperios que  Benjamin Netanyahu y sus ministros ultrarreaccionarios han estado dirigiendo y lo siguen haciendo a la ONU y a su secretario general, António Guterres, “cómplices del terrorismo de Hamas”. En octubre de 2023, Netanyahu exigió la dimisión de Guterres tras decir éste que “los terribles ataques de Hamas no pueden justificar el castigo colectivo del pueblo palestino” (24-10-2024). Pero ya en 2017, recién asumido Guterres su cargo, el primer ministro israelí le había dado la bienvenida afirmando que “la ONU es una casa de mentiras”. No debió alterarse el nuevo secretario general puesto que un año antes, en 2016, Netanyahu había despedido al secretario general saliente, Ban Ki-moon, con “la ONU alienta el terrorismo”. Con estos antecedentes y ya acostumbrado a todo tipo de barbaridades, materiales y orales, deduzco que António Guterres no debió de asombrarse al oír al jefe de Gobierno de Israel verbalizar la más reciente: “La ONU está en la lista negra de la historia. Nuestro ejército es el más moral del mundo” (7-6-2024).

Las Naciones Unidas no han traído el paraíso, pero desde luego alejan del infierno a millones de personas. Lo hacen las agencias especializadas, los fondos o los programas especiales de la Organización. Por ejemplo, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) asigna mensualmente raciones de comida a cien millones de personas vulnerables en 88 países. Por ello se le otorgó el Premio Nobel de la Paz en 2020. Basta con conocer el nombre de las diversas agencias especializadas para que cualquier persona de buena fe se percate de que sus actividades alejan del infierno. Son numerosas y no las enumeraré todas, pero sí algunas. Por ejemplo, el Fondo para la Infancia (UNICEF), la Agencia para los Refugiados (ACNUR), la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Organización para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) o la Agencia para los Refugiados Palestinos (UNRWA, en sus siglas inglesas). Por cierto, según Netanyahu, la UNRWA está afiliada al terrorismo de Hamás. 

Israel bloquea Gaza desde junio de 2007. Por tierra, mar y aire. Con devastadoras consecuencias. Ha impedido la entrada de numerosos productos, muchos de carácter vital. Ha limitado el movimiento de personas y las oportunidades de trabajo de los gazatíes. Desde 2007, Israel ha destruido sistemáticamente pozos de agua, depósitos y sistemas de irrigación en los territorios ocupados

El sistema de Naciones Unidas comprende también los denominados Relatores Especiales. Dependen del Consejo de Derechos Humanos, son unipersonales, no están remunerados y se eligen entre expertos internacionales de prestigio en un campo concreto del área de la que se ocupa dicho Consejo. Son asimismo numerosos. Menciono dos relacionados con el tema cubierto por el título de este artículo. Francesca Albanese es Relatora Especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967. Imparte clases y conferencias sobre Derecho internacional y desplazamiento forzado en universidades europeas y árabes y ha publicado un libro esencial en la materia: Palestinian refugees in International Law (Oxford University Press, 2020). En su función de Relatora, ha hecho público en marzo de 2024 su Informe sobre la situación en Gaza. Se titula Anatomía de un genocidio y analiza, con informaciones contrastadas, el infierno en que, tras el acto terrorista de Hamás en Israel, el ejército y el Gobierno israelíes han convertido Gaza. 

Pedro Arrojo Agudo es el Relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. Doctor en Físicas, profesor de la Universidad de Zaragoza, centra su investigación en la economía del agua y presentó en la ONU su Informe sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento. El agua como argumento para la paz, el hermanamiento y la cooperación (28-7-2023). Numerosos conflictos, armados muchos de ellos, tienen el agua como origen. El Informe sostiene que es necesario pasar de los enfoques tradicionales de gestión del agua como recurso a enfoques ecosistémicos y de derechos humanos, desarrollando los principios de equidad, reciprocidad y sostenibilidad promovidos por el Derecho internacional del agua y de los derechos humanos. Contemplado todo ello con la ambición de lograr una “cultura de paz”. El Relator Especial introduce un matiz significativo: “La paz no es solo la ausencia de guerra. Tiene un sentido más amplio que rechaza la violencia y la injusticia social, la pobreza, la discriminación de la mujer, la segregación racial y otras formas de violencia… el ‘agua para la paz’ entendida como la distribución equitativa del agua de calidad gracias a marcos jurídicos, institucionales y políticos sólidos que den prioridad a la dignidad humana, la equidad, la inclusión, una mayor cohesión social, la utilización sostenible y la gestión eficaz” (Informe, párrafo 6). Pero nada de esto tiene lugar en Gaza.

Pedro Arrojo Agudo trata ampliamente los conflictos en torno al agua que se dan en varios continentes y en diversas cuencas transfronterizas, a causa de la mala gestión o ausencia de la misma, que pueden llegar —y con demasiada frecuencia llegan— a enfrentamientos armados, a la guerra. Pero su Informe se pronuncia, además, sobre el conflicto israelo-palestino en general y sobre el agua en particular. Antes y a raíz de la actual guerra entre Israel y Hamás. 

Israel bloquea Gaza desde junio de 2007. Por tierra, mar y aire. Con devastadoras consecuencias. Ha impedido la entrada de numerosos productos, muchos de carácter vital. Ha limitado el movimiento de personas y las oportunidades de trabajo de los gazatíes. Desde 2007, Israel ha destruido sistemáticamente pozos de agua, depósitos y sistemas de irrigación en los territorios ocupados. Subdesarrollo y ausencia de derechos humanos. Según datos publicados en junio de 2023 por UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los refugiados palestinos, el 81,5% de la población de Gaza vivía por debajo del umbral de la pobreza. Tan solo cuatro meses después, en octubre, se inició la hecatombe, que, como los lectores conocen, ha adquirido proporciones apocalípticas. 

Hay que impulsar el papel de la ONU, especialmente de su Asamblea General, en la lucha contra la utilización del agua como arma de guerra. Hay que implicar al sistema multilateral internacional en la adopción de una posición firme a este respecto

Desde el comienzo de la ocupación, Israel sometió a los territorios palestinos a un estricto control hídrico, lo que impidió hacer frente a la demanda de una población creciente. La política hídrica israelí ha sido parte de su estrategia global para Palestina: control absoluto de la tierra y del agua con el objetivo deliberado de expulsar a los palestinos de su tierra. Y ello es lo que está teniendo lugar en Gaza en estos meses. En el Informe (publicado tres meses antes del inicio de la guerra como consecuencia del acto terrorista de Hamás), el Relator Especial denuncia el abuso de poder israelí en la gestión del agua al referirse al “Acuerdo Provisional Israelo-Palestino sobre la Ribera Occidental y la Franja de Gaza, en virtud del cual la asimetría de poder derivada de la fuerza militar de Israel impidió la aplicación de los principios del derecho internacional, lo que dio lugar a un acceso desigual al agua en los territorios palestinos ocupados. En virtud del Acuerdo, el 80% del agua se asigna a usos israelíes, mientras que solo el 20% se destina a los palestinos. Esto no solo limita la realización de los derechos humanos de los palestinos, sino que perpetúa la naturaleza crónica del conflicto” (párrafo 79). 

Desatada ya la guerra, el 13-11-2023 Pedro Arrojo Agudo advierte desde la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos: “Quiero recordar a Israel que impedir conscientemente la entrada en Gaza de los suministros necesarios para disponer de un agua segura viola el derecho internacional humanitario y el de los derechos humanos. El impacto en la salud e higiene públicas será inimaginable y podría resultar en más muertes civiles que el ya colosal porcentaje alcanzado por los bombardeos en Gaza”. El Relator Especial recuerda asimismo que “en virtud del Estatuto de Roma del Tribunal Penal Internacional, privar deliberadamente a la población civil de sus condiciones de vida, con la intención de lograr su destrucción, es un acto  de exterminio configurado como crimen de lesa humanidad”. Y, tajantemente, concluye: “Israel tiene que dejar de utilizar el agua como arma de guerra”. 

He iniciado este artículo con el Preámbulo de la Carta de las Naciones Unidas: “… resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana…”. El agua es un bien público común institucionalizado en 2010 como derecho por la Organización internacional. En mi opinión, hay que impulsar el papel de la ONU, especialmente de su Asamblea General, en la lucha contra la utilización del agua como arma de guerra. Hay que implicar al sistema multilateral internacional en la adopción  de una posición firme a este respecto. Existe hoy, no obstante, una cierta parálisis. Hay incluso quien opina que esa parálisis está deviniendo en norma geopolítica. Es cierto que el derecho de veto ha imposibilitado que el Consejo de Seguridad se decante a favor de la decisiva intervención humanitaria en Gaza. Sin embargo, como en otros proyectos sociales y políticos que inicialmente parecían imposibles de lograr, la insistencia —por años, tal vez décadas— civil, ciudadana, política puede hacerlos reales. Arrojo Agudo pone un ejemplo: “Logramos importantes acuerdos en derecho internacional después de que graves traumas acontecieran: las guerras mundiales y la gran presión de la opinión pública que siguió abrieron la vía para los acuerdos sobre derechos humanos”. 

Pedro Arrojo Agudo y otros, también Gobiernos, entre ellos el suizo y el esloveno, están en la actualidad lanzando una campaña en pro de que el agua sea incluida en la agenda del Consejo de Seguridad como tema susceptible de amenazar la paz y la seguridad. Asimismo persiguen que se otorgue poder efectivo de intervención en este tema a las instituciones judiciales internacionales, incluidas las onusianas. Todo ello es necesario, dice Arrojo Agudo, porque, en caso contrario, “seremos incapaces de detener acciones que bordean o se adentran en el ámbito del genocidio”. Me adhiero.

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Emilio Menéndez del Valle es Embajador de España.

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