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Cinco urgentes pactos de Estado, por los ciudadanos

Jesús Lizcano Álvarez

Con el actual ambiente de polarización y crispación política, de frecuente pérdida de las formas en las declaraciones públicas y en los debates parlamentarios, se hace más necesario que nunca que la clase política española cambie su manera de actuar, y pasando a dar una imagen de flexibilidad y generosidad ante los ciudadanos, se dedique a hacer POLÍTICA con mayúsculas, aparcando, al menos durante un tiempo, las divergencias inherentes al partidismo, y tratar así de llegar de forma urgente a unos Pactos de Estado fundamentales, que están demandando, deseando y esperando desde hace mucho tiempo los ciudadanos de este país.

 Es por ello, y a tal efecto, que nos vamos a permitir en estas líneas sugerir y proponer que el conjunto de los partidos políticos, o al menos una mayoría clara de los mismos, sean capaces de consensuar cinco grandes Pactos políticos (o al menos alguno/s de ellos) correspondientes a sendas necesidades sociales, económicas y democráticas que demanda claramente nuestro país. Sería necesario así que se acordasen unos Pactos de Estado en torno a las siguientes materias: Sanidad, Educación, Justicia, Economía, e Integridad y lucha contra la corrupción.

Pacto sobre Sanidad. Aunque la sanidad española tiene un buen nivel de calidad y goza de un importante grado de reconocimiento social, es evidente que necesita una mayor cantidad de recursos económicos, materiales y humanos, resultando imprescindible un acuerdo entre los partidos cuyo objetivo fundamental sea asegurar la calidad y sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud, estableciendo unos niveles de recursos mínimos y necesarios a tal efecto en todo el territorio nacional, tanto en personal sanitario como en instalaciones y dotaciones en los centros sanitarios. No es de recibo que nuestro país destine a Sanidad unos recursos financieros por habitante claramente inferiores a la media de la Unión Europea. Un objetivo claro del Pacto sería aumentar progresivamente las dotaciones presupuestarias para alcanzar en un plazo máximo de cinco años el nivel medio europeo a este respecto. Como parte del Acuerdo sería necesario para ello establecer por ley unos ratios mínimos de personal a cumplir en los centros sanitarios, tanto en los de Atención primaria como en los Hospitales; dichos ratios deberían ser formulados y aprobados por el Ministerio de sanidad y/o por el Consejo Interterritorial de Salud. Además, y siguiendo con los temas de personal, sería necesario que los partidos acordaran reducir el gran número de personal sanitario interino, eventual y temporal existente en los distintos centros sanitarios y categorías profesionales. Y finalmente, a efectos de una mínima transparencia debería incluirse en ese Pacto político un mandato por ley de que se publiquen de forma actualizada las cifras de las Listas de espera existentes en todos y cada uno de los niveles de servicios, especialidades y centros sanitarios de nuestro país. 

Pacto sobre Educación y Ciencia. Los partidos deberían llegar a un acuerdo de buscar y publicar una serie de puntos y materias educativas comunes que resultasen asumibles por el conjunto de las ideologías y representantes parlamentarios, de forma que se lograse una mínima estabilidad que impida el partidismo y la continuada sucesión en este país de distintas Leyes de educación en función del partido que gobierne en cada momento. A tal efecto, y para empezar, se debería llegar consensuadamente a delimitar un conjunto básico de asignaturas a incluir en el currículum de los estudiantes en cada uno de los distintos niveles educativos. Por otra parte, debería llegarse asimismo a un consenso en la necesidad de potenciar en mayor medida la Formación Profesional, que permita la orientación de los estudiantes hacia profesiones especializadas, sin necesidad de obtener un título universitario. También se debería asegurar que los centros de enseñanza, tanto públicos como privados, pudieran ofrecer libremente materias curriculares relacionadas con distintas confesiones o creencias, al menos las más importantes, aunque siempre con carácter voluntario y sin que contasen oficialmente para las notas y el currículum de los alumnos. Y en lo relativo a la Ciencia, las formaciones políticas deberían consensuar un impulso institucional para facilitar la ciencia abierta y el libre conocimiento de los artículos e investigaciones científicas de cara a multiplicar su impacto y efecto social. Por otra parte, se debería asegurar una mínima suficiencia de medios para la investigación científica y la carrera investigadora en España, para lo cual se debería consensuar que nuestro país llegase a dedicar en un plazo relativamente corto, un 2% del PIB en inversión para la ciencia y la investigación.

Sería necesario que los partidos acordaran reducir el gran número de personal sanitario interino, eventual y temporal existente en los distintos centros sanitarios y categorías profesionales

Pacto sobre la Justicia. El estado de la justicia en España se encuentra en una situación manifiestamente mejorable, tanto en recursos económicos y humanos como en imagen y prestigio social de sus máximos dirigentes. Sería muy importante que los partidos llegasen, en primer lugar, a un compromiso para la despolitización en la elección de los miembros de órganos como los siguientes: Tribunal Constitucional, Consejo General del poder judicial, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Consejo de Estado, así como de los organismos creados con idénticos fines en Comunidades autónomas; y se debería acordar para ello que sus miembros fuesen elegidos con transparencia y en base a criterios objetivos y medibles de méritos y capacidad. Por otra parte, se deberían consensuar las medidas necesarias para llegar a un incremento notorio del número de jueces y fiscales en un plazo máximo de cinco años, hasta alcanzar un ratio por población similar al de los países más avanzados de nuestro entorno, y ello de cara a garantizar una justicia sin dilaciones. También se debería acordar cumplir taxativamente las recomendaciones del GRECO (Consejo de Europa), de cara a asegurar la independencia de los fiscales respecto a los poderes y partidos políticos, modificando el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal para asegurar una elección independiente, tanto del Fiscal General como del resto de los Fiscales: Fiscales de sala, Fiscalía anticorrupción, etc. También se deberían cumplir los mandatos del Consejo Europa en lo relativo a la independencia de los jueces y la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.

Pacto sobre Economía y sostenibilidad. En el ámbito económico, los partidos deberían consensuar un impulso significativo de la Economía circular en la producción y el consumo, de cara a mejorar la sostenibilidad ecológica en este país. También deberían acordar, de cara a la transparencia y la participación social, que se publicase de forma detallada y actualizada el número de puestos de trabajo nuevos que se han ido y se van a ir creando con cada una de las medidas y proyectos financiados con los muy cuantiosos Fondos New generation que está recibiendo España. Otro capítulo fundamental a consensuar es el de las Pensiones: en este sentido, y en base a una evidencia lo más científica y menos ideológica posible, se habrían de realizar y publicar rigurosos estudios económicos, financieros y actuariales, que permitieran definir de una forma equilibrada, previsible y consensuada las coordenadas básicas en nuestro país de las pensiones futuras, las prestaciones y receptores de las mismas, las condiciones de jubilación, o el régimen de cotizaciones, y todo ello con un estricto respeto a la equidad intergeneracional. También sería necesario, de cara a una mayor transparencia social, que en los servicios públicos se estimase su coste real, y publicarlo, junto al precio subvencionado, de cara a que los ciudadanos puedan conocer la parte que se paga de los servicios públicos y aquella otra parte, que suele ser la más cuantiosa, que costea el erario público, esto es, el bolsillo de los propios ciudadanos. También deberían ser transparentes y publicarse las retribuciones de los directivos y consejeros de las grandes Empresas públicas y de las Entidades de interés público, dado que están sufragadas por la propia ciudadanía. Por otra parte, se tendría que consensuar una atención especial a la productividad de la economía española, ya que es claramente inferior a la del promedio de la Unión Europea; los partidos tendrían que llegar así a un Acuerdo por la productividad, fijando unas pautas claras para medir e ir controlando la misma, y fomentando el diálogo del Gobierno con los agentes sociales, impulsando las inversiones más eficientes y que más contribuyen a ese incremento de productividad (formación, tecnología, etc.). El aumento de la productividad económica y empresarial es siempre un juego de suma positiva, que tendrían que estudiar a fondo y consensuar los partidos políticos.

Pacto por la integridad y contra la corrupción. La ciudadanía de nuestro país sigue estando claramente decepcionada con el nivel de integridad de nuestra clase política y representantes de otras instituciones públicas. Sería muy importante que los partidos pudiesen llegar a un acuerdo, aunque fuera de mínimos, sobre las necesarias actuaciones normativas, de gobernanza y ejemplificadoras, para asegurar en nuestra sociedad unos mínimos niveles éticos, de integridad y de lucha efectiva contra la corrupción. Entre otras cosas, sería necesario que llegaran a acuerdos para establecer unos Principios generales de Ética y buenas prácticas en todos los Parlamentos, tanto en el Parlamento nacional como en los Parlamentos autonómicos. También deberían recuperar el Proyecto de Ley Ómnibus contra la corrupción de 2017, presentado por el partido Ciudadanos, que contaba con un importante grado de acuerdo parlamentario, y que, aunque se presentaron en el Parlamento más de 380 enmiendas, ya se habían debatido y consensuado una buena parte de ellas. Lamentablemente, dicho Proyecto de ley quedó aparcado, dado el cierre del Parlamento derivado de la convocatoria anticipada de Elecciones generales. Parece ahora que los partidos se han olvidado —interesada o desinteresadamente— de ese importante proyecto de ley, que venía a recoger un buen número de medidas contra la corrupción y cuyo texto normativo iba a modificar el contenido de nueve grandes leyes, desde el Código penal, a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Altos cargos, la Ley General Tributaria, la Ley del ejercicio del indulto, la Ley de Transparencia y buen Gobierno, la Ley de régimen jurídico del Sector público o la Ley de bases del Régimen local. También deberían acordar los partidos, por otra parte, una exclusión taxativa de las listas electorales de los imputados por corrupción, así como reformar la legislación electoral para desbloquear la listas cerradas que presentan los propios partidos, y que a los ciudadanos no les queda más remedio que aceptar, o bien abstenerse votando en blanco, o incluso no ir a votar. Finalmente también deberían acordar las formaciones políticas la introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores y contra la corrupción.

En resumen, los partidos políticos y representantes parlamentarios tienen en este país una muy ardua e ingente tarea, la de cambiar muchas cosas en nuestra sociedad, amplia y frecuentemente exigidas por los ciudadanos, y para lo cual no tienen otra vía que el diálogo permanente y constructivo que les exige igualmente la sociedad, y que sería el camino para poder llegar a esos acuerdos o Pactos de Estado, los cuales podrían mejorar sin duda la situación social, económica y democrática de nuestro país.

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Jesús Lizcano Álvarez es catedrático de la Universidad Autónoma de Madrid, académico de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras, cofundador y expresidente de Transparencia Internacional España y director de la revista Encuentros Multidisciplinares.

 

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