En el verano de 2009 estuve en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Me había matriculado en el curso “Darwin y los 150 años de la Teoría de la Evolución” y, como suele pasar en esos encuentros, el verdadero debate se desbordó del programa. Uno de los momentos más intensos fue cuando la sala se dividió sobre si había que debatir “de tú a tú” con los propagadores del creacionismo. La pregunta era simple y, a la vez, brutal: ¿Al aceptar el debate con quienes niegan la Evolución, no estamos colocando su discurso en el mismo plano científico que la teoría que, desde hace 150 años, cuenta con toda la evidencia a su favor? ¿O, por el contrario, ignorarlos supone dejar libre el espacio para que su discurso se expanda sin oposición?
Años después, en España, vivimos un debate parecido, pero ahora en clave política y moral. Hace unas semanas, el escritor David Uclés anunció que no participaría en unas jornadas sobre la Guerra Civil española porque entendía que, al aceptar el formato de debate, se estaba blanqueando a quienes iniciaron el golpe de estado de 1936 y, de forma velada, legitimando discursos que aún hoy niegan la significación de esa guerra o la jerarquizan como si ambas partes fueran moralmente equivalentes. La tesis de operar con “equidistancia” —como si en ambos bandos se hubiera hecho “lo mismo” o “las mismas barbaridades”— choca con la historiografía y con la memoria de las víctimas. Uclés, como otros muchos, prefiere no compartir escenario con quienes intentan convertir una guerra civil, un golpe de Estado y décadas de dictadura en un simple contraste de “dos bandos”.
A partir de ahí, se ha reabierto una pregunta incómoda: ante ideas que muchos consideramos vomitivas, capciosas o abiertamente fascistas, ¿hay que debatirlas o dejarlas pasar sin réplica? ¿Todas las ideas son respetables? ¿Incluidas las racistas, negacionistas o fascistas?
Mi respuesta —y en esto nadie está obligado a estar de acuerdo— es que no todas las ideas son respetables. Lo que quizá sí sea respetable es el derecho formal a expresarlas dentro de un marco democrático. Pero respetar un derecho no equivale a reconocerle validez a ese discurso. Podemos reconocer que alguien tiene derecho a hablar sin por ello aceptar que sus palabras merezcan un espacio público igualitario, sin filtros ni contexto.
Podemos reconocer que alguien tiene derecho a hablar sin por ello aceptar que sus palabras merezcan un espacio público igualitario, sin filtros ni contexto
El problema real es el altavoz. Dar estrategia comunicativa a ideas que no superan el mínimo filtro de la dignidad humana no es neutral, ni “intelectualmente honesto”: es una decisión política. Y esa decisión tiene consecuencias. Cuando un medio de comunicación, un festival académico o una universidad decide que tal discurso merece compartir escenario con otros, está otorgando visibilidad y, en cierto modo, credibilidad. Y eso, en una sociedad herida por la memoria de la guerra, la represión y el olvido, no es inocuo.
He sentido curiosidad por lo que dice José Antonio Marina sobre este asunto en un reciente vídeo. Su planteamiento, en esencia, invita a no confundir “respeto” con “aprobación”: no se puede estar obligado a tratar como hermanos ideológicos a quienes defienden la exclusión, la violencia o el odio. Pero sí se puede exigir que, en un Estado democrático, no se les prohíba hablar, siempre que se mantenga firme el rechazo ético y la pedagogía pública. No son, en definitiva, posiciones incompatibles: se puede proteger el derecho mientras se condena el contenido.
El verdadero desafío, entonces, no es si hay que debatir o no, sino cómo se debata. No es un dilema entre censura y rendición, sino entre inteligencia democrática y arrojar gasolina al fuego. A veces, dejar plantado el escenario es una señal poderosa; otras, explicar con rigor por qué algo es inaceptable puede ser el mejor antídoto contra la normalización. En ambos casos, el punto de partida ha de ser claro: que el discurso nazi, racista, negacionista o fascista no merece el mismo nivel de respeto que el discurso democrático, laico, igualitario o feminista.
No todas las ideas son iguales. No todas merecen el mismo tratamiento. Y quizás, en un país como España, que aún no ha cerrado el capítulo de su Guerra Civil ni de su dictadura, lo más responsable es recordar que algunos debates ya están juzgados, no por dogma, sino por memoria, historia y justicia.
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José González Arenas es secretario de medio ambiente del PSOE de Córdoba.
En el verano de 2009 estuve en El Escorial, en los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid. Me había matriculado en el curso “Darwin y los 150 años de la Teoría de la Evolución” y, como suele pasar en esos encuentros, el verdadero debate se desbordó del programa. Uno de los momentos más intensos fue cuando la sala se dividió sobre si había que debatir “de tú a tú” con los propagadores del creacionismo. La pregunta era simple y, a la vez, brutal: ¿Al aceptar el debate con quienes niegan la Evolución, no estamos colocando su discurso en el mismo plano científico que la teoría que, desde hace 150 años, cuenta con toda la evidencia a su favor? ¿O, por el contrario, ignorarlos supone dejar libre el espacio para que su discurso se expanda sin oposición?