Espacios censurados: cultura y libertad a debate
La censura en la cultura es un tema que ha resurgido con fuerza en España en los últimos meses, suscitando un amplio debate sobre la libertad creativa y el respeto a la diversidad de expresión artística. En un país con una rica tradición cultural y artística, la censura representa una amenaza a la libre manifestación del pensamiento y a la pluralidad de ideas.
Coincidiendo con esta recién pasada campaña electoral, se han reportado numerosos casos de censura en la cultura española, abarcando diversos campos artísticos como la música, el cine, el teatro y las artes visuales.
El desconocimiento en el uso de las herramientas legales de protección, sumado a las malas prácticas de las administraciones, en su afán de no reconocer los compromisos acordados con productoras y artistas han llevado a una interpretación restrictiva de ciertas leyes y reglamentaciones que justifican la creciente preocupación en la comunidad artística.
En el ámbito musical, han surgido casos de conciertos cancelados por supuestas "letras ofensivas", por enseñar pechos femeninos o por abordar temas controvertidos. En el cine, algunas películas han enfrentado dificultades para su proyección debido a su contenido socialmente “sensible”, como lo es un beso lésbico entre dos personajes en una película de animación para ciertas formaciones políticas.
En el teatro, se han presenciado retiradas de obras que critican aspectos de la sociedad actual que requieren de revisión y reflexión. En el ámbito escénico son innumerables los casos acaecidos durante 2022 y el presente año, ejemplificado por el famoso caso de Paco Bezerra y su obra “Muero porque no muero”. Todo esto ha generado un clima de incertidumbre y autocensura entre las artistas, que temen las posibles represalias por abordar temas sensibles o polémicos.
Pero lo peor de este tema es que no es nada nuevo. Muchos juristas llevamos años sosteniendo que existe un problema con la libertad de creación en España. Organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y FREEMUSE alertan desde 2017 de las carencias en la protección de las libertades civiles en nuestro país, y en concreto, de la injerencia política en la libertad de creación de las artistas en España.
El entorno de precariedad absoluta en el que vive el sector cultural es el caldo de cultivo para la aparición de la censura en la creación contemporánea. La ausencia de una ley de mecenazgo y de un Estatuto del Artista adaptados a nuestros tiempos provoca que las artistas dependan casi exclusivamente de fondos públicos para sostenerse profesionalmente. Sin casi garantías legales para la contratación (en demasiadas ocasiones, sin ningún formalismo legal), las artistas se ven totalmente desamparados e incapaces de defender su propio discurso y proceso creativo. Así, la injerencia política de los que dicen defender la cultura desde las instituciones es absoluta, marcando directamente la programación cultural desde sus motivaciones personales y no desde el rigor de la calidad artística.
Rocío Saiz, Diana Larrea, Eugenio Merino, Laura Corcuera, Raúl y Alfonso (Títeres desde Abajo), Mónica Cofiño, Clemente Bernard, Carolina Martínez, Santiago Sierra, Xavier Bobés, Alberto Conejero y el mencionado Paco Bezerra son algunos de las artistas censuradas, sumando además el caso de la adaptación de la novela Orlando, de Virginia Woolf; la suspensión en Jaén de la obra ‘Romeo y Julieta despiertan’, protagonizada por Ana Belén; o el de la adaptación teatral de La Villana de Getafe, de Lope de Vega, censurado por contener” insinuaciones sexuales indebidas” y que supone una "perversión" de la obra de teatro de Lope de Vega para Vox.
Las carencias en contratación tanto laboral como mercantil, en la elaboración de cartas de compromiso, en transparencia en las formas y plazos de pago, y en la falta de reconocimiento de daño emergente y lucro cesante que implica la censura en lo económico; hacen que las malas prácticas campen a sus anchas en el sector cultural. De ahí la importancia del Estatuto del Artista, que buscaba proteger los derechos de las trabajadoras del ámbito cultural y artístico en España.
No obstante, ha habido numerosas críticas sobre su aplicación y alcance, especialmente en lo que concierne al reconocimiento de la dignidad y de la realidad profesional y de los procesos creativos de las agentes del sector. La ambigüedad y falta de claridad en la interpretación de ciertos aspectos del Estatuto del Artista, en especial lo relativo al concepto de “autónomo cultural”; fomenta la censura como herramienta de control narrativo, limitando la capacidad de las artistas para expresar sus ideas y abordar problemáticas de relevancia social.
Juristas y gestores culturales de todo el país coinciden en denunciar las restricciones que someten a la creación artística y que limitan la expresión y la visión crítica que caracteriza a la cultura. Y como ejemplo claro y central de esta problemática sitúan a la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza, promulgada en 2015. Esta ley ha sido señalada por Amnistía Internacional como una restricción directa a la libertad de expresión, ya que se considera que otorga un poder discrecional a las autoridades para sancionar y controlar manifestaciones y expresiones públicas que puedan ser consideradas como una amenaza al orden público.
Así, su vigencia ha creado un ambiente de temor y autocensura entre las artistas, quienes, en un intento por evitar represalias, pueden optar por no abordar temas controvertidos o arriesgados en sus obras. La conexión entre la Ley Mordaza y la censura en la cultura subraya la importancia de mantener un ambiente propicio para el libre desarrollo del pensamiento y la creatividad artística. Sigue siendo una deuda del actual gobierno derogar esta ley y plantear un Estatuto del Artista viable y con efectos reales para las agentes del sector.
De ahí que el surgimiento de la Organización por la Libertad Artística (OLA) sea un efecto directo de las carencias en cuanto a las libertades civiles en España. El sector cultural ha dicho basta y se ha movilizado para salvaguardar y garantizar sus derechos más básicos, que no sólo afectan a las agentes de la cultura, sino a todas las ciudadanas de nuestro país.
------------------------------------
Alberto González Pulido es Asesor jurídico en OLA y Coordinador general del Estatuto del Artista
