Plaza Pública

Hasta la moción de "censura previa" hemos llegado

Javier Pérez Bazo | José Martínez Cobo

“Es torpeza propia de los obstinados no darse cuenta de la verdad ni de la utilidad, preocupados por contradecir y luchar”. Este acertado aforismo de uno de nuestros clásicos más excelsos, Baltasar Gracián, adquiere gran significancia en la actualidad. Su obra El arte de la prudencia, acopio de máximas breves sobre el pragmático comportamiento, la sabiduría y el ingenio, encierra enseñanzas muy aprovechables especialmente para los políticos de hoy. Deberían hacer de él su libro de cabecera, un manual de conducta cívico-política y prudencia, tan esencial y recomendable.

Durante estos últimos meses hemos asistido a una panoplia de sinrazones en el panorama político español que puede tener unas graves consecuencias para nuestro país. De la sucesión de desaciertos y atropellos se infiere no solo el deterioro del necesario diálogo entre los líderes y sus respectivos partidos políticos, incapaces de alcanzar acuerdos tendentes a posibilitar la gobernabilidad del Estado, sino también la inestabilidad política y, como producto de ella, la convocatoria de elecciones generales.

Cuesta comprender que estemos asistiendo a una grave endeblez de estabilidad política, aun siendo conscientes del riesgo que esto entraña para los regímenes democráticos e incluso, añadamos, para la izquierda en democracia. “Cambiantes son las cosas que dependen de la quebradiza voluntad humana; contra la fragilidad, la prevención”, dejó escrito también Gracián.

Precisamente sobre las prevenciones se sustentó el empeño legislador de gran parte del articulado de la Constitución de 1978. El relativo a la moción de censura es, sin duda alguna, significativo. Cuando poco antes de la aprobación del texto constitucional, el Comité Federal del PSOE, máximo órgano entre sus congresos, se reunió para examinarlo, un miembro del cónclave socialista objetó — no sin inquietud— que el texto constitucional contemplase la moción de censura sin que se designara un candidato a la presidencia del gobierno, al modo francés o italiano. Por fortuna los padres de la Carta Magna adoptaron la moción de censura constructiva, que exigía la propuesta de un candidato alternativo al censurado. Desde luego, el sistema proporcional por el que se rigen nuestras elecciones no ha causado problema alguno hasta que el bipartidismo dio paso a la representación parlamentaria muy fragmentada que hoy conocemos.

No deja de ser revelador que a lo largo de la democracia haya prosperado solo una vez la moción de censura constructiva, la que aupó a Pedro Sánchez a la Moncloa. El variado multipartidismo plantea ahora la necesidad de perseguir la estabilidad política mediante pactos, que a las derechas, exentas de escrúpulos y en connivencia con las posiciones más extremistas, no les cuesta lograr. El caso de su triple alianza en las últimas elecciones andaluzas es paradigmático.

Mediante el sistema proporcional es imposible alcanzar hoy día una mayoría, preferentemente absoluta, para gobernar y ante la complejísima política de pactos, los parlamentarios electos se someten a la voluntad de sus respectivos partidos dictada por sus estados mayores y la aplican, salvo en situaciones excepcionales, con fidelidad de vasallaje, y no a la voluntad expresa en las urnas de los electores a quienes representan. No extraña que, marginando el resultado electoral, estas negociaciones entrañen cierto desdén hacia los representantes políticos y que se agrande la preocupante desafección popular por desconfianza y hartura cada vez mayor. Ahora miramos más allá de nuestras fronteras y conjeturamos que otros sistemas, el británico por ejemplo, propician fácilmente una mayoría del que más votos obtiene en las elecciones; que, como ocurre en Francia, han de ser los electores quienes decidan en segunda vuelta entre los dos candidatos con mayor número de sufragios (el presidente Macron con un 30% en la primera vuelta de las elecciones a la Asamblea Nacional, obtuvo una muy holgada mayoría en la segunda); que cabría adoptar el ejemplo asturiano o vasco; que nuestra Constitución reclama su urgente reforma acomodaticia a los nuevos tiempos; que ha desaparecido el espíritu del consenso de nuestra transición...

Lo cierto es que los diputados, apoyados en la fuerza de sus votos —a veces ridícula, como ha ocurrido en La Rioja— parecen ilustrar patéticamente el dicho de que más vale ser cabeza de ratón que cola de león. Y no menos verdad es que en la izquierda española la ausencia de apoyo al partido mayoritario conlleva el hecho de debilitarlo e imposibilitar la gobernanza del país, cosa muy distinta en las derechas ante la mínima posibilidad de gobierno. Lo ocurrido en Alemania y Francia así lo prueba: Die Linke, el partido discrepante socialista, ha conseguido suprimir cualquier alternativa de izquierdas al poder democristiano alemán; las disidencias de Mélenchon y de Hamon consiguieron la marginación casi total de los socialistas franceses, ahora reducidos a un mero papel testimonial.

Sabemos que el bloqueo y la interinidad gubernamental provocaron la nueva convocatoria electoral. A la primera fuerza política de los últimos comicios y a su líder Pedro Sánchez se le había impedido gobernar o, por mejor decir, se le sometió de facto a una especie de moción de “censura previa”, no constructiva, sin presidenciable que sometiera su programa a las Cortes y se comprometiera de este modo como alternativa al censurado. O lo que es igual, por carecer el candidato del apoyo mayoritario necesario constitucionalmente e impidiéndole alcanzar la presidencia debido al voto negativo o la abstención de los electos: se veía así censurado por el Parlamento en la sesión misma de su investidura, antes de haber asumido la máxima responsabilidad y actuar en consecuencia. Los motivos de desacuerdo, los reproches u otras incidencias sobrevenidas a las que hemos asistido son ampliamente conocidos y justifican en buena medida el no poco hartazgo de los electores demandantes de un gobierno progresista en consonancia con el resultado del sufragio general. Es lo que ocurrió semanas atrás, lo mismo que en marzo de 2016.

De modo que cuando algunas de sus señorías investidas con el liderazgo de sus partidos, guiadas por intereses espurios se afanan más en mirarse al ombligo impidiendo la estabilidad del país que en contribuir a ella con hechuras de estadista, no sorprende que se acuda al pueblo para pedirle votar de nuevo. Olvidan que propiciando la investidura no tendrían merma alguna en sus derechos de oposición en una democracia parlamentaria. Con el proceder de no facilitarla y, en consecuencia, prolongando la provisionalidad del gobierno en funciones, al candidato a presidente se le censura previamente a haber tomado posesión de su cargo. La torpeza aquella de la que escribía el zaragozano Gracián, propia de los obstinados que no se dan cuenta de la verdad ni de la utilidad. Desde luego, asistimos a un déficit de políticos a la antigua usanza con mentalidad de Estado.

Hemos de reconocer que este procedimiento de “censura previa” contravino el mandato de los electores, cuyos votos dejaron constancia —conviene insistir en ello— de sus preferencias por un gobierno de progreso, y afeó a quienes la ejecutaron en el hemiciclo tras el debate de investidura, respetando el texto constitucional, por supuesto, pero no su espíritu. Confiemos en que los próximos diputados y senadores no caigan en la misma torpeza y tengan presente otro aforismo gracianesco, el que nos dice que la espera prudente sazona los aciertos y madura los secretos pensamientos. _______________

José Martínez Cobo es coautor, con su hermano Carlos, de la obra La intrahistoria del PSOE y presidió el XIII Congreso del PSOE celebrado en Suresnes en 1974.

Javier Pérez Bazo es catedrático de Literatura española en la Universidad de Toulouse – Jean Jaurès y socio de  infoLibre.

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