Plaza Pública

Por un mundo del trabajo libre de violencia y acoso

Marcha del Primero de Mayo.

Elena Blasco Martín | Cristina Faciaben Lacort

Vivimos tiempos complicados para lograr una de las prioridades que debemos asumir y trabajar de una manera internacionalista: el objetivo de alcanzar la justicia social y el trabajo decente, que es cada vez más complicado. Si en la era anterior a la Covid era una necesidad, ahora, tras ella y con miras a la fase post Covid, la necesidad se ha convertido en una urgencia. Las consecuencias económicas, políticas y sociales de la pandemia han aumentado la precariedad, la desigualdad, la pobreza y, con ella, las dificultades de conseguir ese ansiado trabajo decente.

Hace aproximadamente 22 años, Juan Somavía, entonces director general de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), acuñó el concepto de trabajo decente en la memoria presentada en la 87ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Un concepto ya implícito en la propia Declaración de Filadelfia que marcó los fines y los objetivos de la propia OIT en 1944, bajo principios fundamentales como considerar que el trabajo no es una mercancía; que la paz y la justicia social solo se consiguen si todos los seres humanos, sin distinción de raza, credo o sexo tienen derecho a perseguir su bienestar material y su desarrollo espiritual en condiciones de libertad y dignidad, de seguridad económica y en igualdad de oportunidades. Comprometiéndose a trabajar en programas que permitan lograr el pleno empleo y la elevación del nivel de vida, y por supuesto proteger adecuadamente la vida y la salud de las personas trabajadoras en todas las ocupaciones.

Ha llovido mucho desde entonces y ya superados los más de 100 años de la fundación de la OIT y tras la 108ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, celebrada el pasado 2019 en Ginebra, este 25 de junio entra en vigor de manera oficial el Convenio 190 de la OIT y su Recomendación 206, sobre la Eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. Un convenio y una recomendación imprescindibles para conseguir ese ansiado trabajo decente, esa justicia social a la que aspiraba la creación de la OIT, pues no existirá el trabajo decente si se dan situaciones de violencia y acoso en el ámbito laboral.

La violencia en el lugar de trabajo es un fenómeno muy extendido presente en todos los países, sectores, ocupaciones o modalidades contractuales, según los informes de la propia OIT. Un fenómeno que repercute negativamente en las personas trabajadoras, sus familias, su ambiente de trabajo, las economías y la sociedad. Solo en la industria del entretenimiento, en un reciente estudio realizado a través de una encuesta en 42 países, el 38,7% declaró haber sido víctima u objeto de acoso sexual en su entorno de trabajo.

La violencia y el acoso son una grave vulneración de los derechos humanos y laborales, y requieren adoptar unas medidas más firmes, contundentes y comunes más allá de la legislación vigente en algunos países. Suponen una amenaza para la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de todas las personas, y son un reflejo de las relaciones de poder desiguales.

Es precisamente esa desigualdad creciente entre países, y entre sexo y género dentro de un mismo país, lo que incide directamente en el aumento de posibilidades de sufrir violencia y acoso entre las personas más desfavorecidas (mujeres trabajadoras, personas LGTBI+, población migrante, comunidades indígenas, etc.)

CCOO ha participado activamente en la elaboración de esta herramienta internacional, formando parte del equipo de redacción del convenio y la recomendación durante las dos Conferencias Internacionales del Trabajo en las que se discutió y redactó y en las posteriores comisiones de seguimiento. Nos hemos implicado no solo en nuestra condición de mandantes de la OIT, sino también por convicción, principios y objetivos de nuestra propia organización sindical. La aprobación de estas dos herramientas internacionales nos facilita la acción y las medidas a desarrollar para poner fin a esas situaciones de acoso y violencia que se producen en el ámbito laboral.

Este convenio y su recomendación nos interpelan directamente como garantes de la seguridad y la salud de cualquier persona trabajadora, en cualquier circunstancia laboral, en cualquier entorno relacionado con el trabajo, incluidos los desplazamientos, los viajes y en todas las actividades sociales y comunicaciones relativas al trabajo. Y obliga, para conseguirlo, a pronunciamientos y al desarrollo de medidas y pautas consultadas con las personas trabajadoras y sus representantes en las empresas. Reforzando la negociación colectiva. Capacitando a la Inspección de trabajo a la hora de actuar, inspeccionar y sancionar.

En definitiva, tanto el Convenio 190 como su recomendación 206, nos permite y nos legitima, como mayor organización sindical del país, a actuar de manera directa en el mundo laboral para visibilizar, prevenir y erradicar la violencia y el acoso, incluida la violencia de género.

El Gobierno de España se comprometió a su ratificación en el famoso documento de Coalición Progresista: un nuevo acuerdo para España. Aún estamos esperando. Pero la ratificación por sí misma no pondrá fin a la violencia y el acoso en el trabajo, se requiere además avanzar en la legislación nacional, especialmente en la negociación colectiva, la acción sindical, el convenio sectorial, el diálogo social y el resto de la legislación específica, involucrando a todos los agentes implicados; y además evolucionar en otros instrumentos de acción ya aprobados como el Convenio de Estambul y el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que conllevan un proceso de aplicación y desarrollo legislativo que genere cambios en la concepción actual y futura de los escenarios laborales, de las obligaciones empresariales y de los sistemas de protección y prevención en materia de seguridad y salud.

Solo así podremos construir una protección integral de las personas trabajadoras; solo así conseguiremos erradicar cualquier comportamiento inaceptable de naturaleza violenta. Solo así alcanzaremos el objetivo de ampliar y extender derechos colectivos y mejorar las condiciones laborales y personales de todas las personas trabajadoras.

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Elena Blasco Martín es secretaria de Mujeres e Igualdad de CCOO y Cristina Faciaben Lacorte es secretaria de Internacional y Cooperación de CCOO.

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