Este pasado jueves el fiscal general del Estado español autorizó una investigación para determinar si las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario” y posibles delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿a dónde nos lleva esta investigación? y ¿existe la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados en España a Benjamín Netanyahu u otros dirigentes israelíes? Lamentablemente, aunque esto es deseo de gran parte no solo de la población española, sino del mundo entero, no es tan fácil.
Si bien España recoge en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, art.23.4) disposiciones sobre la jurisdicción universal, que le permiten juzgar delitos graves como el genocidio, crímenes de lesa humanidad y cualquier otro delito cuya persecución se disponga con carácter obligatorio por tratados internacionales ratificados por España, en este último está el Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), que recoge el crimen de guerra. Señala también esta ley que estos delitos no serán perseguidos en España “cuando se haya iniciado un procedimiento para su investigación y enjuiciamiento en un tribunal internacional constituido conforme a los Tratados y Convenios en que España fuera parte”. Lo cierto es que la Ley hoy en día tiene grandes limitaciones. España tenía una de las mejores regulaciones de jurisdicción universal del mundo, la cual fue restringida en 2009 con su primera modificatoria y prácticamente eliminada con la modificatoria de 2014. A través de este principio de Derecho Internacional, España podía juzgar a cualquier persona sin importar su nacionalidad, ni el lugar de la comisión de los hechos siempre que estos fueran graves y afectaran a la comunidad internacional en su conjunto. Hoy España basada en la jurisdicción universal solo puede actuar si hay una conexión con España, es decir, que la víctima sea española y/o que el o los presuntos responsables se encuentren en territorio español. Entonces, ¿qué pasará con la investigación que se ha comenzado por parte de la fiscalía española?
Si hay víctimas españolas, como se dice, tiene competencia para investigar, pero en qué medida será efectiva, eso ya es otra cosa. Siendo realistas, existen diversos obstáculos para ver en el banquillo de los acusados a los responsables de los macabros actos cometidos en Gaza. Entre dichos obstáculos está la inmunidad de que disponen los jefes de Estado y de Gobierno mientras ejercen el cargo, aunque se reconoce en el derecho internacional que ésta no es absoluta cuando se trata de graves crímenes, que sería el caso, sin embargo muchos Estados no lo admiten bajo diversos argumentos. En esta línea tampoco procedería la extradición. Estas personas no se encuentran en España y será difícil que pisen territorio español, más aún si se sabe que tienen una investigación en curso.
Lo importante de la investigación española sobre Gaza es su compromiso político y jurídico con el Derecho internacional, apoyando la justicia internacional en la persecución de crímenes graves
A esto se suma que hay un proceso en curso en la CPI por los mismos hechos y la Ley de jurisdicción universal mencionada señala que no se puede iniciar otra investigación paralela. A decir verdad, quien en primer orden tiene la obligación de investigar estos hechos son los Estados, los órganos internacionales como la CPI tienen carácter complementario al derecho interno, pero si el Estado no actúa no se puede quedar de brazos cruzados, por ello inició su investigación y hoy tendríamos dos casos por los mismos hechos, pero algo a tener en cuenta es que el caso español es limitado a la competencia que le permite su ley y la CPI tiene competencia universal limitada a crímenes internacionales graves y que su competencia no depende de la nacionalidad de las víctimas o responsables, a diferencia de la jurisdicción española.
Entonces, nos preguntamos: ¿sirve o no sirve la iniciativa de España? La respuesta sin duda alguna es por supuesto que sirve. No olvidemos que el Derecho internacional es producto de la voluntad de los Estados. Si todos los Estados del mundo decidieran investigar y colaborar para poner fin a las atrocidades que suceden en Gaza, otro sería el resultado. Lo cierto es que vivimos en un mundo con muchos intereses económicos y políticos que están por encima de las personas y parece que el sufrimiento de los demás, mientras no lo vivamos directamente, es de los otros. Si todos los Estados del mundo y las organizaciones internacionales gritaran al unísono BASTA ISRAEL y adoptaran medidas para “pararles los pies”, no le quedaría otra que dejar vivir en paz al pueblo palestino.
Por otro lado, la investigación iniciada en España puede contribuir a la investigación que viene realizando la CPI sobre las acciones de Israel en Palestina a petición de Sudáfrica, donde España ya se ha apersonado. Su mayor contribución sería aportar pruebas (testimonios de víctimas, informes policiales, imágenes, documentación de ONGs, etc.) para sustentar lo que sucede en Gaza. Es este órgano judicial, que funciona desde 2001, el encargado de juzgar y poder sentar en el banquillo de los acusados a líderes en ejercicio como Netanyahu y su cúpula por los delitos que se encuentran bajo su competencia: genocidio, agresión, lesa humanidad y crímenes guerra, porque tiene competencia. Para ello es muy importante la cooperación de todos los Estados partes del Estatuto de la CPI y el respeto del cumplimiento de las decisiones de la CPI. Ni Netanyahu ni su cúpula deberían pisar territorio de un Estado parte de la Corte sin que sean entregados a la CPI para su juzgamiento y su posible condena, o en su caso iniciar las investigaciones a nivel interno por los graves crímenes cometidos y/o extraditar al Estado que lo solicite. Lo importante es evitar la impunidad.
Hoy por hoy, se debe respaldar y apoyar a la CPI en su investigación y en el próximo arresto para el enjuiciamiento correspondiente de los autores de crímenes tan macabros.
En suma, España puede investigar, documentar, aportar pruebas a la CPI, así como actuar contra responsables de menor rango que se encuentren en territorio español o contra hechos vinculados con ciudadanos españoles. Lo importante de la acción española es su compromiso político y jurídico con el Derecho internacional, apoyando la justicia internacional en la persecución de crímenes graves. No se debe olvidar que la cooperación internacional es clave para que la justicia sea efectiva.
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Florabel Quispe Remón es profesora titular de Derecho Internacional de la Universidad Carlos III de Madrid.
Este pasado jueves el fiscal general del Estado español autorizó una investigación para determinar si las acciones de Israel en la Franja de Gaza constituyen “graves violaciones del Derecho Internacional Humanitario” y posibles delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad. Ahora bien, nos preguntamos, ¿a dónde nos lleva esta investigación? y ¿existe la posibilidad de sentar en el banquillo de los acusados en España a Benjamín Netanyahu u otros dirigentes israelíes? Lamentablemente, aunque esto es deseo de gran parte no solo de la población española, sino del mundo entero, no es tan fácil.