Razones para reformar la Unión Europea
La ampliación no es la única razón para reformar la Unión Europea. Ha llegado el momento de adaptar el Tratado de Lisboa a una nueva realidad democrática, geopolítica, climática y tecnológica. Esto es lo que se plantea en el informe de catorce expertos de la Unión Europea titulado "Tratados europeos: por qué son necesarios cambios específicos". Este informe complementa el de los expertos franco-alemanes "Reforma y ampliación de la UE para el siglo XXI", publicado a mediados de septiembre. Ha tenido el mérito de lanzar un debate continental sobre la reforma de las instituciones europeas, pero es crucial que este debate no se centre en la ampliación, que dista mucho de ser la única razón para reformar la Unión.
Durante mucho tiempo, fuimos de los que pensaban que no era necesario reformar los Tratados y abogábamos por una mayor utilización de las numerosas posibilidades del Tratado de Lisboa, demasiado a menudo infrautilizadas. Pero la situación ha cambiado radicalmente en los últimos años. El mundo que dio origen al Tratado de Lisboa ya no se parece en nada al mundo en el que vivimos hoy. Es esencial adaptar rápidamente la Unión Europea a esta nueva realidad si queremos que Europa siga siendo relevante y eficaz.
La Unión Europea debe hacer frente a nuevos imperativos.
En primer lugar, está el imperativo democrático: la experiencia de la Conferencia sobre el Futuro de Europa y la consulta WeEuropeans realizada en vísperas de las elecciones europeas de 2019 han demostrado que los ciudadanos europeos tienen un poderoso deseo de contribuir directamente al futuro del proyecto europeo. Los europeos, que durante siglos han estado a la vanguardia de la innovación democrática, deben integrar esta dimensión participativa en sus instituciones locales, nacionales y europeas. De lo contrario, existe el riesgo de que aumente la disonancia democrática.
El segundo imperativo es la necesidad de producir bienes comunes que ningún Estado miembro es capaz de producir individualmente.
Numerosos estudios han demostrado que los ciudadanos de la Unión quieren una Europa que haga algo más que producir normas; quieren una Europa que sea capaz de actuar no solo en materia de seguridad y defensa, sino también en materia de desarrollo sostenible, transformación digital, lucha contra las pandemias, salud, solidaridad...entre otros muchos temas que hoy trascienden las fronteras de la Unión Europea. Todas estas son cuestiones que hoy superan ampliamente el marco nacional y exigen una acción europea masiva que no se limite a la reglamentación, sino que requiere una capacidad de ejecución por parte de la Unión Europea que actualmente no forma parte del ADN del proyecto europeo. Esta capacidad de ejecución no está prevista en los Tratados. Si bien durante la crisis de Covid, la Comisión pudo ayudar a producir bienes comunes como vacunas para 500 millones de europeos, se trató de una excepción que sólo fue posible gracias a la excepcional gravedad de la situación y que requirió una ingeniería institucional extremadamente compleja y laboriosa.
Los europeos, que durante siglos han estado a la vanguardia de la innovación democrática, deben integrar esta dimensión participativa en sus instituciones. De lo contrario, existe el riesgo de que aumente la disonancia democrática
El tercer imperativo es la aceleración tecnológica. La actual revolución tecnológica que configurará el próximo siglo se basa tanto en la ‘plataformización’ de nuestras economías como en el auge de la inteligencia artificial. En ambos casos, la ventaja es para las potencias que disponen de un vasto mercado interior estandarizado, un ejército y una industria de defensa potentes y una capacidad de inversión continental poderosa. Hoy, la soberanía democrática y la autonomía estratégica dependen esencialmente de la capacidad de disponer de infraestructuras soberanas propias, que determinan en particular la capacidad de proteger los datos de nuestros conciudadanos y de nuestras empresas. Hoy en día, sólo Estados Unidos, China e India se encuentran en esta situación, no así la Unión Europea, debido a la falta de un verdadero mercado tecnológico y a la insuficiente inversión en infraestructuras tecnológicas, en particular en la nube.
El último imperativo es geopolítico, y justifica la necesidad de ampliar la Unión Europea para incluir a Estados europeos que compartan nuestros valores y nuestro compromiso con el Estado de Derecho. En la Cumbre de Granada de octubre, los jefes de Estado y de Gobierno lo hicieron explícito por primera vez: "La ampliación es una inversión geopolítica en paz, seguridad y prosperidad (...) Al mismo tiempo, la Unión debe sentar las bases de las reformas internas necesarias".
Ya no se trata de saber si queremos más o menos Europa, o qué tipo de Europa queremos. Se trata de crear las condiciones que permitan a los europeos preservar su identidad y su capacidad de acción, hacer realidad su soberanía y dar nueva vitalidad a su democracia en un mundo que ya no está gobernado ni por Europa ni por Occidente, y que favorece cada vez más la lucha por el poder frente a la cooperación.
A pocos meses de las elecciones europeas y en un momento en el que los jefes de Estado y de Gobierno preparan la agenda estratégica que definirá las prioridades colectivas de los europeos para las próximas décadas, nos parece esencial que tenga lugar un debate público en torno a la necesidad de implementar cambios específicos en los tratados europeos alimentado por informes de expertos independientes, pero que no se limite a un debate entre expertos.
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Maria Joao Rodrigues es presidenta de Foundation for European Progressive Studies (FEPS) y negociadora del Tratado de Lisboa; y Diego López Garrido es vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas
