La recuperación pública de la empresa de aguas de Barranquilla tras el saqueo por el Canal

En el año 1994, el Grupo Aguas de Barcelona (Agbar) inició su presencia en Colombia y en octubre de 1996, se hizo con el control de la sociedad Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa). Inassa es una sociedad local creada en 1992 que a su vez participa en el accionariado de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. (TripleA), empresa de economía mixta y con participación del 85% del Distrito de Barranquilla (acciones clase A) y 15% del sector privado (acciones clase B), que gozarían de voto calificado por un término de 20 años. Su cifra de negocio se valoró en 83 millones de dólares de hoy.

Tras el cambio de gerente de la TripleA, fueron creadas las denominadas acciones clase C y el 43,31% de las acciones de la empresa pasaron a manos de Inassa, como socio calificado operador, reconociéndole además el 4,5% de los ingresos brutos/año de la empresa. Con ello, la participación accionarial del Distrito se redujo al 41,69%, quedando en minoría. También se prorrogó de manera anticipada la concesión hasta el 19 de octubre de 2033, lo que fue aprovechado por los socios colombianos para comprar el componente accionarial de Inassa a Aguas de Barcelona.

En el año 1999, cuando Inassa ya se había hecho con el 51% de la empresa TripleA de Barranquilla, de la que ya era partícipe, se inicia un proceso de descapitalización y, en paralelo, un amplio despliegue publicitario con maquillaje de contabilidad y venta. Altos cargos del Canal de Isabel II (CYII) inician sus visitas a Colombia para la "evaluación" de Inassa, lo que da origen a la creación de la sociedad instrumental Canal Extensia, en noviembre del año 2001. Desembarca entonces el CYII en Barranquilla mediante la adquisición del 75% de la empresa Inassa (cuando esta ya poseía el 64% de la TripleA), con la anuencia de los directivos del CYII, siendo consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid Juan Bravo Rivera, persona de máxima confianza de Alberto Ruiz-Gallardón. El desembarco en Colombia se realizó de la mano de gestores políticos de Canal Extensia y de empresarios privados de turbios manejos, quienes, de entrada, ocultaron a los inversores madrileños que TripleA de Barranquilla había iniciado una emisión de bonos por valor de 46 millones de dólares, una emisión por la que, nada más llegar, el International Financer Corporate (IFC), del Banco Mundial, exigió a Canal Extensia su aval directo. De esta manera el Distrito pasó de accionista mayoritario (85%) a minoritario con el 14,5%.

En 2004, CYII contrató las labores de "asesoría jurídica y control de las inversiones de Canal en Latinoamérica" al bufete de abogados de Edmundo Rodríguez Sobrino y en 2006 nombró a este último presidente ejecutivo de Inassa, de la que para entonces ya colgaban otra veintena de firmas. Ese mismo año TripleA de Barranquilla fue denunciada por la Fundación para el Desarrollo Integral de Taganga (un corregimiento del Magdalena, Colombia) por "defraudación del patrimonio público", al considerar que habían sido violados los derechos colectivos de la población, debido a la apropiación indebida y a la destrucción de sus conducciones. Por todo esto, el 10 de agosto de 2006, se constituyó el Comité pro Defensa del Patrimonio Público del Atlántico para rescatar a la empresa municipal del agua de las garras del Grupo Canal. Lo integraron partidos políticos en coaliciones democráticas, federaciones de pensionistas, asociaciones de usuarios y en defensa de los servicios públicos, estudiantes y ciudadanía en general. Y en septiembre de 2008, un ciudadano colombiano cursó una petición ante la Corte Constitucional, con fundamento en el artículo 23 de la Constitución colombiana, para preguntar por qué Inassa, empresa del Grupo Canal, se beneficiaba fraudulentamente de aportes del Fondo de Solidaridad y Redistribución de Ingresos Distrital. En octubre de 2009 ya era evidente que el aumento de la cobertura de los servicios de agua, alcantarillado y aseo (limpieza viaria) en algunas ciudades como Barranquilla, se había hecho a costa de la despatrimonialización de lo público, con empréstitos internacionales que resultaban extraordinariamente gravosos para el municipio. El Comité de Promotores del Referendo por el Derecho Humano al Agua de Barranquilla hizo pública la siguiente denuncia: “TripleA es el peor negocio [...] no recibimos un peso de regalías, no nos pagan por el usufructo de las redes de agua y alcantarillado que son de todos los barranquilleros”.

Hoy en día TripleA es la joya de la corona de Barranquilla y del Departamento del Atlántico colombiano, al igual que el CYII lo es para los madrileños

Pero el saqueo de la empresa barranquillera continuaría produciéndose durante casi una década mediante el falseamiento de servicios y contratos de consultoría y, principalmente, a través de un contrato ficticio de asesoría técnica, según el cual TripleA entregaba el 4,5% de la recaudación mensual a Inassa. Y así se hizo, hasta octubre de 2018, por un monto calculado en más de 80 millones de dólares, provenientes de las altas tarifas pagadas por los usuarios. El desfalco lo destapó Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa y exmiembro de la junta directiva de la TripleA, detenido junto con Ignacio González e Ildefonso de Miguel en el marco de la Operación Lezo por presuntos delitos de blanqueo, prevaricación, fraude, cohecho y pertenencia a organización criminal, quien admitió ante la Fiscalía que la susodicha asesoría nunca existió y que fue una treta para extraer mayores ganancias para Inassa. Ante la descarada maniobra, la Fiscalía colombiana embargó el 82% de las acciones que posee Inassa en la TripleA, con fines de extinción de dominio.

El pasado 24 de noviembre de 2021, en la Asamblea General Extraordinaria de accionistas se eliminó el artículo 73 del Estatuto Social de TripleA, que establecía un límite en el porcentaje de acciones del Distrito de Barranquilla, abriendo la puerta para que el Estado adquiera más del 89% de las acciones de la empresa, así como la posibilidad de una cesión de acciones mayoritarias al Distrito de Barranquilla. Aunque en varias ocasiones la Sociedad de Activos Especiales (SAE)* ha manifestado que en la venta hay una preferencia especial por la propuesta de Barranquilla, hay gran preocupación de que la empresa termine en manos equivocadas. Las acciones de la empresa TripleA son de tipo A, B y C. Las acciones de tipo A representan un 14,50% sobre el total de las acciones y están a cargo de la Alcaldía de Barranquilla. Las de tipo C representan un 82,16% de las acciones y están en poder de Inassa. Por su parte, las acciones de tipo B, representan un 3,34% sobre el total de las acciones y pertenecen a 5.490 personas naturales y jurídicas. Los representantes de este último grupo se retiraron de la asamblea extraordinaria, como acto de rechazo a la eliminación del artículo previamente mencionado, argumentando que esto podría dar lugar a que, posteriormente, se terminen cediendo acciones a entidades privadas terceras.

A pesar de que el sindicato de trabajadores SintraTripleA manifestó su apoyo ante el eventual paso de acciones mayoritarias de la SAE a la Alcaldía de Barranquilla, sus miembros también manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que, en el proceso, se terminen tercerizando servicios y cediendo acciones a entidades privadas. “Como sindicato, aprobamos la posibilidad de que el paquete accionario pase a la Alcaldía de Barranquilla. No obstante, nos preocupa que algunas acciones terminen en manos de élites políticas locales. Nosotros no queremos que se repitan las historias de otras empresas municipales de servicios públicos, donde se comercializa un recurso vital para el ser humano”, expresó el presidente de SintraTripleA.

A todo esto, el Presidente de SAE aclaró a finales de noviembre de 2021 que, dentro de las negociaciones para la adquisición de las acciones de Inassa, no se contemplaba que el pago se realice con cargo a beneficios futuros de la sociedad TripleA; que no se había suscrito contrato de compraventa sobre la participación accionarial de TripleA con la Alcaldía de Barranquilla; que tampoco se había definido un cronograma de actividades encaminado a estructurar o definir términos de adquisición; que hasta el momento sólo se habían adelantado mesas de trabajo sobre los términos propuestos; que, en atención a las diligencias de alistamiento del activo, había contratado el apoyo de un “tercero especializado” con el fin de adelantar la valoración de las acciones de la TripleA, actividad que aún no cuenta con el informe final. Sin embargo, pocos días después de dicha aclaración, el presidente de la República, el alcalde de la ciudad, y el presidente de la SAE informaron públicamente la decisión de la venta del 82,16% de las acciones mayoritarias al distrito de Barranquilla que venía administrando SAE.

Hoy en día TripleA es la joya de la corona de Barranquilla y del Departamento del Atlántico colombiano, al igual que el CYII lo es para los madrileños, pues, pese a sufrir el saqueo continuado de sus recursos, ha recuperado el servicio de aseo (limpieza viaria) que estaba en manos privadas y sigue prestando sus servicios, aunque con dificultades financieras. Pero la opacidad del proceso que se adelanta para que el Distrito de Barranquilla asuma la mayoría accionarial de la empresa ha sembrado un manto de dudas e interrogantes:

¿Cuál es el estado real del proceso de recuperación de TripleA? ¿Cuál es el valor de las acciones? ¿Cuáles son los términos de la propuesta presentada por Inassa? ¿Qué dice el Informe de evaluación sobre dicho ofrecimiento? ¿Qué recomiendan los procuradores delegados para la Conciliación Administrativa, el Ministerio Público en Asuntos Penales y Primero de Contratación Estatal? ¿Cuál es la propuesta de la Alcaldía de Barranquilla para obtener el control del 82,16% de participación en TripleA? ¿De dónde va a salir el dinero para recuperar esas acciones? ¿Cómo se hará para no tocar el bolsillo de los barranquilleros? ¿Cuál es el costo de la operación? ¿Cómo funcionará la empresa? ¿Cuál será su modelo de gestión? ¿Quién será el operador? ¿Cómo se garantizará la calidad del servicio? A todos estos interrogantes se suma la preocupación por el evidente deterioro de los servicios de agua y aseo, junto a la subida de tarifas en los últimos meses.

Por eso, el distrito de Barranquilla, 14 municipios de Atlántico y casi tres millones de usuarios se han unido, primero, para exigir transparencia en el proceso; segundo, para reclamar indemnizaciones por los perjuicios y los saqueos sufridos en los últimos 25 años, en los cuales fueron saqueados alrededor de 102 millones de dólares, y, tercero, para que se analicen los estados financieros, donde aparecen los llamados activos intangibles que ascienden a más de 132 millones de dólares, el 61% de los activos totales, que supuestamente tendrán que ser devueltos a la empresa del CYII cuando cese la concesión, una posibilidad real ya que las acciones de la empresa están embargadas con fines de extinción de dominio desde hace más de tres años por los desfalcos millonarios en asesoría técnica.

Asimismo, se ha ejercido una Acción Popular que pide ordenar a Inassa la devolución a TripleA de los dineros que esta empresa pagó con ocasión de los contratos fraudulentos, dinero debidamente actualizado y con intereses, para que TripleA reliquide las utilidades a favor del distrito de Barranquilla. Y se mantiene la alerta sobre la propuesta de la empresa del CYII presentada el 13 de mayo de 2019 ante la Procuraduría colombiana, denominada “Ofrecimientos, términos y condiciones de un proyecto de Pacto de Cumplimiento”.

El objetivo de estos procesos y acciones, que apoya la Red Agua Pública, es que se repare a la ciudadanía barranquillera por los daños y perjuicios causados en su empresa, de tal manera que el Distrito de Barranquilla no sólo tenga acceso al 82 % de las acciones -que le permite ahora la modificación estatutaria- sino a la totalidad accionarial de la TripleA, optando por que sea una empresa de naturaleza pública, con gestión transparente y participativa de sus trabajadores y el personal técnico y administrativo, y cuyas utilidades sirvan a los intereses de todas las personas usuarias de sus servicios públicos, impidiendo que se vuelva a iniciar un proceso privatizador y de saqueo de los recursos y los servicios prestados por la empresa.

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*SAE es una entidad de economía mixta vinculada al Ministerio de Hacienda y Crédito Público colombiano, sometida al régimen del Derecho privado, que tiene por objeto administrar bienes especiales que se encuentran en proceso de extinción de dominio como es el caso de Inassa.

Liliana Pineda es abogada y miembro de Attac y de la Red de Agua Pública