El valor de las renovables
La promoción de las energías renovables se ha convertido en la última década en uno de los pilares de las políticas energético-climáticas de la Unión Europea: junto con las medidas de eficiencia y la creación del mercado de derechos de emisiones, las renovables se han convertido en el verdadero motor de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) alcanzadas por la Unión. Todo ello, sin lastrar el crecimiento económico, al contrario, generando actividad económica y empleo.
Nadie puede dudar hoy de la necesidad, de la urgencia de acelerar el despliegue de las energías renovables: olas de calor asfixiante cada vez más frecuentes –el verano de 2022 ha sido el más caluroso que ha padecido Europa desde que hay registros–, incendios cada vez más virulentos, sequías históricas... La descarbonización de nuestra economía es una obligación para salvaguardar un planeta habitable y su biodiversidad, un compromiso con el futuro de la humanidad.
Si su rol ya era crucial en la lucha contra el cambio climático, más lo es todavía en medio de una crisis energética de enormes dimensiones y que afecta de manera particular a Europa tras la invasión rusa de Ucrania: Europa necesita desarrollar con urgencia todo su potencial renovable para liberarse de chantajes, para construir su autonomía estratégica, y para reducir los precios de la energía de ciudadanos y empresas.
En estas circunstancias, en el Parlamento Europeo hemos trabajado para que el paquete legislativo climático que nos permita reducir las emisiones de GEI en un 55% para 2030 sirva también como un elemento que empuje a la UE para reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Concretamente, hemos adoptado nuestra propuesta de revisión de la Directiva de Renovables para impulsar el despliegue masivo de energías limpias.
Europa necesita desarrollar con urgencia todo su potencial renovable para liberarse de chantajes, para construir su autonomía estratégica, y para reducir los precios de la energía de ciudadanos y empresas.
La propuesta que ha aprobado el Parlamento reclama que las energías renovables cubran al menos un 45% del total de la energía consumida en Europa en 2030. Partiendo de poco más del 20% en 2020, para dar ese salto de gigante es necesario que la penetración de estas fuentes de energía se produzca en todos los sectores: desde la generación eléctrica, al transporte, las edificaciones o la industria, que cuentan también con unos subobjetivos ambiciosos. Por otro lado, también es necesario avanzar en un marco regulatorio para nuevos vectores energéticos como el hidrógeno verde, aquel fabricado con electricidad renovable, que está llamado a jugar un papel determinante en la descarbonización de sectores donde la electrificación sea más compleja, como algunas industrias (acero, cerámicas, fertilizantes...) o ciertos modos de transporte (pesado terrestre, marítimo o aviación). Para ello, precisamos de un marco legislativo claro que debe dar seguridad a los inversores que quieran avanzar en este campo. Igualmente, la propuesta del Parlamento sigue el camino iniciado por la Directiva de Renovables anterior haciendo hincapié en la necesidad de facilitar el camino a los ciudadanos como productores de su propia energía.
Las discusiones sobre algunas renovables como la biomasa han sido de calado y no exentas de un enriquecedor debate entre instituciones, industrias y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, en la energía procedente de biomasa forestal primaria ha prevalecido el principio de conservación y gestión sostenible de los bosques, primordial para España ante el evidente riesgo de incendios y, por primera vez, se da una señal de que el uso de este tipo de energía tiene un límite y no debe seguir aumentando. Existe un objetivo claro para que en el desarrollo de estas energías prevalezcan las iniciativas de carácter local más respetuosas con el medio ambiente y las poblaciones rurales. Por otro lado, en el campo de la sostenibilidad relacionada con la bioenergía procedente de cultivos agrícolas, el Parlamento ha avanzado la prohibición del uso del aceite de palma para el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones del transporte y apuesta por 2023 para que la soja siga el mismo camino. De este modo, se trata de evitar la deforestación y la disminución de la capacidad de los bosques para absorber carbono no sólo en Europa, también en terceros países.
Quedan para una nueva tanda de negociaciones cuestiones de gran importancia y que percibimos cada día en nuestra sociedad. Hay necesidad de acelerar los proyectos renovables que hoy se demoran en el proceso burocrático de obtención de permisos, pero esto no debe hacerse con perjuicios para nuestras zonas de valor ambiental ni contra las poblaciones que viven en esas áreas. Hace unos días pude ver la magnífica película Alcarràs, ejemplo de cómo la especulación, también en el ámbito de las energías renovables, distorsiona las sociedades rurales. Producir energía limpia es necesario, crea empleo, pero también debe generar mejores condiciones de vida y mejores perspectivas de futuro para las comunidades locales y las personas que viven en ellas.
Más allá de dialécticas improductivas que no buscan sino perpetuar una economía fósil, debemos alentar una movilización colectiva en la sociedad europea y española en defensa de un modelo de desarrollo respetuoso con el planeta, un modelo que además de defender valores propiamente ecológicos se erija en escudo frente a agresiones externas a los principios y valores en que se fundamenta la Unión Europea. La transición energética mediante el desarrollo de energías limpias es también una defensa de nuestra democracia ante amenazas autoritarias externas e internas.
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Nicolás González Casares, Eurodiputado del Grupo Europeo de Socialistas y Demócratas y ponente socialista de la nueva Directiva de Energías Renovables
